Y no se puede olvidar que el actual presidente pidió el voto de los peruanos comprometiéndose a no dar un indulto al responsable de tan graves crímenes.

Es estridente la ausencia de toda reflexión sobre los crímenes que serían perdonados y sobre la conducta del convicto respecto de sus actos.

Se habla en estos días sobre la inminencia de un indulto a Alberto Fujimori. No está claro, en realidad, si las seguridades que se dan al respecto tienen como base una información veraz o si son elementos de una estrategia: generar la atmósfera de un hecho cumplido. En cualquiera de los dos casos, es estridente la ausencia de toda reflexión sobre los crímenes que serían perdonados y sobre la conducta del convicto respecto de sus actos. Esa ausencia ejemplifica y echa una luz muy sombría sobre la calidad del debate público en el Perú de hoy.

Hay que notar que en esta discusión sobre si es admisible un indulto a Alberto Fujimori, las víctimas se encuentran completamente excluidas. Se ha informado que las víctimas han solicitado ya, en anteriores ocasiones, una audiencia al presidente de la República. No han sido recibidas ni han obtenido respuesta. Ese solo hecho deslegitima todo argumento que intente vincular la impunidad para Fujimori con una presunta reconciliación del país.

Si es que la reconciliación fuera un problema pendiente en el Perú –cosa que en sí misma es discutible—, ella no tendría por qué depender de la condonación de crímenes graves ni de masivos desfalcos al país. Esas transacciones con la justicia han sido presentadas como necesidades de la reconciliación en ciertos países en guerra donde la paz es inalcanzable sin una medida de impunidad. No es el caso del Perú. Lo que aquí se pretende hacer pasar por demanda de reconciliación es simplemente la voluntad de sabotaje de un grupo político si es que no se tuercen las leyes en su favor.

Los partidarios de la impunidad para Alberto Fujimori gustan de recordar el origen monárquico del derecho de gracia: el presidente de la República, heredero de esa atribución, tendría la potestad de otorgar perdones sin expresión de causa. Esa es una falacia ahistórica. Lo cierto es que vivimos en una República y que el derecho de indulto, si bien tiene ese origen, se encuentra limitado y regulado, y que los crímenes de la gravedad de los de Fujimori solo son pasibles de perdón presidencial en circunstancias muy particulares. Esas circunstancias son las de enfermedad grave y terminal. Por ello, se habla de un indulto humanitario. Pero, en ese caso, se requiere de una demostración fehaciente de que la situación de gravedad existe. Otorgar este indulto de manera arbitraria es una burla a las víctimas.

El problema, desde luego, no es solamente legal. Nos hemos acostumbrado a reducir el ejercicio de la política a las fronteras de lo legal. Pero la política es mucho más que eso: está organizada sobre la base de compromisos, de credibilidad, de un sistema de honor y de convicciones, y principios democráticos. Todo ello fija el estándar de legitimidad de los actos de un gobernante.

Y no se puede olvidar que el actual presidente pidió el voto de los peruanos comprometiéndose a no dar un indulto al responsable de tan graves crímenes. Durante toda su campaña presidencial, el presidente Kuczynski dijo que estaría dispuesto a firmar una ley que franqueara el camino a la detención domiciliaria, pero no a firmar un indulto. Si ahora lo hiciera cuando no se cumplen los requisitos básicos, estaría, en primer lugar, dejando vacía su legitimidad; en segundo lugar, estaría dando una penosa lección de desprecio de la ley desde la más alta posición de autoridad del Estado; y, en tercer lugar, estaría reeditando el viejo libreto del poder en el Perú que creíamos haber dejado atrás: ese poder que siempre es flexible con los perpetradores cuando son poderosos, pero que no se digna, o no se atreve, a mirar a los ojos a sus víctimas.