Instituto de Democracia y Derechos Humanos – IDEHPUCP 
El pasado martes 17 de marzo, el IDEHPUCP en alianza con distintas organizaciones de la sociedad civil, y con el apoyo de la OIT y la oficina del ACNUDH, a través del Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y El Caribe, presentó el informe «Del compromiso al resultado. Evaluación de la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025».
El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 (PNA)[1] constituyó la primera política pública peruana en esta materia. A través de este instrumento, el Estado aprobó un conjunto de medidas orientadas a responder a diversos retos del país. Entre sus 97 acciones, el PNA incluyó iniciativas de distinta naturaleza. Entre ellas, propuso medidas para prevenir y atender conflictos sociales vinculados a actividades empresariales, así como para abordar desafíos, como la minería en pequeña escala y el trabajo infantil en el sector informal. Además, incorporó acciones para apoyar a las empresas en la gestión de sus impactos y también para explorar la posibilidad de crear normas sobre debida diligencia.
Entre sus acciones, el PNA propuso medidas para prevenir y atender conflictos sociales vinculados a actividades empresariales, así como para abordar desafíos, como la minería en pequeña escala y el trabajo infantil en el sector informal. Además, incorporó acciones para apoyar a las empresas en la gestión de sus impactos y también para explorar la posibilidad de crear normas sobre debida diligencia».
A propósito del término de su vigencia, y ante la ausencia de una evaluación oficial por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -órgano rector del PNA-, el equipo integrado por Liliana Andrea Luque Armestar (docente PUCP), Luis Enrique Vilca Ravelo (docente PUCP) y Federico Chunga Fiestas (director ejecutivo de Amotape) realizó la evaluación del cumplimiento de cerca de 150 indicadores, a cargo de un conjunto de entidades estatales.[2] A continuación, destacamos los principales hallazgos.
Cifras generales de cumplimiento
De las 97 acciones evaluadas, solo el 14 % se cumplió. Del resto, aunque algunas mostraron avances iniciales, el 58 % no registró ningún tipo de cumplimiento. Este resultado, aunque desalentador, no resulta del todo sorpresivo. Refleja, en buena medida, el debilitamiento de la gobernanza en el país.
Un ejemplo claro es la actuación de la entidad rectora, responsable de más de un tercio de las acciones (37 de 97). Esta entidad se limitó a proporcionar información general, sin detallar qué acciones se cumplieron y cuáles no, lo que dificultó el análisis. A ello se suma que seis entidades responsables no brindaron información sobre el avance de sus acciones. Entre ellas, el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia Nacional de Migraciones, y el Ministerio del Ambiente.
Los avances identificados, aunque limitados, se concentraron principalmente en la creación de equipos de trabajo y puntos focales, el desarrollo de programas de capacitación y algunas actividades de difusión.
Aspectos a destacar y oportunidades de mejora
Los avances identificados, aunque limitados, se concentraron principalmente en la creación de equipos de trabajo y puntos focales, el desarrollo de programas de capacitación y algunas actividades de difusión. Entre estos esfuerzos, destaca el desempeño del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, que logró avanzar en la incorporación de instrumentos de gestión relacionados con la debida diligencia en las empresas públicas bajo su rectoría.
En cambio, las principales debilidades radican en la consolidación de la institucionalidad estatal. Se mantienen brechas en la adecuación del marco normativo, en el fortalecimiento de las funciones de regulación, supervisión y fiscalización, así como en la articulación intersectorial, elemento clave para la implementación de acciones que demandan la participación de múltiples entidades.
Agenda futura de política pública
Si bien la aprobación del PNA marcó un hito para el país, sus resultados no han estado a la altura de las expectativas. A casi cinco años de su adopción, no ha logrado consolidarse como una política pública plenamente operativa. Persisten vacíos importantes; entre ellos, la política multisectorial de prevención de conflictos sociales continúa en etapa de elaboración, según la Presidencia del Consejo de Ministros; no se dispone de información del Ministerio de Energía y Minas sobre la guía referida a la minería a pequeña escala; y tampoco se recibió respuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto de la atención de los impactos empresariales.
Si bien la aprobación del PNA marcó un hito para el país, sus resultados no han estado a la altura de las expectativas. A casi cinco años de su adopción, no ha logrado consolidarse como una política pública plenamente operativa».
En este contexto, para avanzar hacia una nueva etapa en la política de empresas y derechos humanos, el Estado debe transparentar el cumplimiento del PNA. A la vez, resulta fundamental priorizar acciones de mayor impacto aprovechando los espacios de coordinación existentes, y, dado el tiempo limitado, definir una hoja de ruta con metas claras y líneas de acción para el próximo gobierno.
Este proceso debe construirse a partir de los resultados alcanzados, los desafíos identificados y las lecciones aprendidas durante la implementación del PNA. Asimismo, es importante incluir temas que quedaron pendientes, como los retos que enfrentan las empresas formales frente a economías ilegales, en particular la minería ilegal.
[1] Aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2021-JUS y prorrogado por el Decreto Supremo N° 028-2025-JUS.
[2] Las entidades son las siguientes: AMAG, Conadis, Fonafe, Indecopi, Midagri, MIMP, Minam, Mincul, Mininter, MRE, MTPE, OECE, PCM, Proinversión, Servir, Sucamec, Sunafil, MEF, Minem, Migraciones, Perú Compras y MINJUSDH.
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