Con el voto unánime de representantes estudiantiles, docentes y autoridades del Consejo Universitario, este miércoles 16 se aprobó el Protocolo de prevención, atención y protección para víctimas de violencia de género. Como su nombre lo indica, este documento formaliza una ruta de trabajo integral con la que nuestra Universidad enfrentará esta problemática.

“Este protocolo evidencia el compromiso de la PUCP por luchar contra la violencia de género, con especial énfasis en la atención y protección a las víctimas -hasta donde sus capacidades legales e institucionales se lo permiten- y presenta avances muy grandes en medidas de prevención”, indica Rocío Espinel, directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES). “Es un documento participativo que surge de la iniciativa de la Mesa de Diálogo contra la violencia de género en la PUCP, que toma en cuenta la experiencia en atenciones y que ha sido validado por las colectivas de estudiantes”, añade.

En septiembre del 2019, a partir de un caso muy grave de violencia de género y a solicitud de las colectivas y organizaciones estudiantiles, se conformó una Mesa de Diálogo que fue un espacio de encuentro para mujeres de la REA, Fepuc, colectivas estudiantiles y autoridades. Esta encargó la elaboración del Protocolo a Giuliana Cassano, representante de la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual; Lucía Santos, representante de las estudiantes ante la Mesa de Diálogo; Carla Sagástegui, jefa de la Oficina de Iniciativas Estudiantiles de la DAES; Tesania Velázquez, docente del Departamento de Psicología y asesora en temas de género del Rectorado; y Paola Vignolo, representante de Secretaría General.

La Universidad no solo ha adecuado sus procedimientos a esta normativa en el Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios, sino que, de manera coordinada a través de este protocolo, brinda protección contra toda forma de violencia por razones de género o de naturaleza sexual, hasta donde sus capacidades legales e institucionales se lo permitan.

“Mientras se elaboraba, en la DAES ya teníamos que atender esta problemática, por eso se crearon las medidas transitorias que ahora se han plasmado en el Protocolo. La Universidad abarcó más de lo que la ley le exige porque la realidad nos ha presentado estos tipos de casos”, cuenta Carla Sagástegui.

Prevención de nuevos casos

La DAES articulará el primer eje del Protocolo: la prevención. Carla Sagástegui recalca que buscará mantener el diálogo característico entre estudiantes, docentes y autoridades.

“La prevención tiene que ver con un cambio cultural y sensibilización con los temas de género. Es un trabajo que implica a toda la comunidad universitaria y vamos impulsar las cuatro dimensiones que establece el Protocolo”, dice Carla. Estas son:

• Capacitaciones: para grupos de estudiantes, docentes, autoridades, administrativos y Consejos de Facultad. Empezarán el próximo año y se darán a lo largo del verano 2021. También se contempla promover espacios de contención y diálogo en torno a temas específicos, como nuevas masculinidades o relaciones tóxicas.
• Comunicación: campañas que pongan el tema en la agenda de nuestra comunidad.
• Gestión del conocimiento: impulsar la transversalización del enfoque de género en las mallas curriculares, en la investigación y en diagnósticos.
• Visibilización: difusión de las normativas y rutas para enfrentar la violencia de género.

Atención a todo tipo de violencia de género

La normativa nacional dispone una ruta de atención obligatoria para casos de hostigamiento sexual, tipificación en que la PUCP fue pionera en incorporar normas específicas. La Universidad no solo ha adecuado sus procedimientos a esta normativa en el Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios, sino que, de manera coordinada a través de este protocolo, brinda protección contra toda forma de violencia por razones de género o de naturaleza sexual, hasta donde sus capacidades legales e institucionales se lo permitan.

“La PUCP ha incorporado como falta grave todas las formas de violencia de género distintas al hostigamiento -que pueden ir desde violencia psicológica y física hasta intentos de feminicidio–, lo que permite que haya una sanción efectiva dentro de la Universidad”, explica Sagástegui. Esto no excluye que las víctimas puedan seguir las acciones legales pertinentes.

Sagástegui detalla también que el protocolo formaliza la atención y apoyo que recibe una víctima de violencia de género para acompañarla en el difícil proceso de formalizar su denuncia. “Imaginemos un caso anónimo que sale en redes. Primero deben contactarse el Comité de intervención frente al hostigamiento sexual y la posible víctima. Por la naturaleza de la experiencia vivida, la preparación de la denuncia puede tardar porque es doloroso revivir lo que ha pasado y se tiene que hacer con acompañamiento psicojurídico para que la denuncia esté bien justificada. Ese proceso puede ser invisible para el resto de gente y se suma al tiempo de investigación que sigue el debido proceso tras aceptar la denuncia. Si es necesario realizar adaptaciones académicas durante ese periodo o se necesita alguna atención particular, los servicios de la DAES se coordinan con el Comité y con su facultad. Además, el conjunto de la investigación es confidencial y cerrada; ningún externo debe preguntar ni presionar en ningún sentido”, detalla.

Medidas de protección

El tercer eje que formaliza el Protocolo son las medidas de protección, también a cargo de la DAES, que contemplan cuatro ámbitos:

• Acompañamiento psicosocial: “Es el proceso por el cual la persona que ha sido víctima de la violencia de género va a poder continuar con su proyecto de vida. Es un acompañamiento muy específico, incluso dentro del apoyo psicológico”, explica Carla.
• Adaptación académica o laboral: se proveen medidas especiales, por ejemplo, en caso un posible agresor tenga una posición de poder o comparta espacios académicos o laborales.
• Orientación legal: se brinda una descripción detallada de los pasos legales que se tienen que seguir. No es una asesoría legal; en caso de que la víctima no tuviera un abogado, se le deriva a estudios o asociaciones que puedan llevar casos pro bono.
• Medidas de seguridad: aquellas que se implementan en coordinación con Secretaría General y la Oficina de Seguridad Integral.

Mira aquí, el Protocolo de prevención, atención y protección para víctimas de violencia de género

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