Amazonía en alerta: informe advierte expansión del poder criminal en territorios indígenas

La Amazonía peruana atraviesa una transformación silenciosa, pero profunda. Lo que antes podía leerse como la presencia dispersa de actividades ilegales en zonas alejadas, hoy aparece como un fenómeno más complejo: redes criminales que se articulan territorial, económica y logísticamente, y que se disputan el control de amplias zonas amazónicas.

Esa fue una de las principales alertas del informe “La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú”, elaborado por Amazon Watch, Aidesep, el Instituto del Bien Común, ORAU y ProPurús. El documento fue presentado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el miércoles 10 de junio, en un evento organizado por el Grupo de Investigación en Estado y Sociedad (GIES) de la Facultad de Ciencias Sociales.

La presentación contó con la participación de Iván Brehaut, periodista y consultor especializado en pueblos indígenas; Ricardo Soberón, abogado y expresidente ejecutivo de Devida; Herlin Odicio, líder kakataibo y vicepresidente de ORAU; y Vladimir Pinto, abogado y coordinador de Amazon Watch en Perú. La mesa fue moderada por la Dra. Maritza Paredes, coordinadora del Grupo de Investigación en Estado y Sociedad (GIES).

La Amazonía se ha convertido en un espacio donde convergen algunos de los principales desafíos del país: economías ilícitas, seguridad, gobernanza territorial y derechos indígenas (…) Tiene implicancias para la estabilidad institucional, el desarrollo y la democracia en el conjunto del país”.

El documento advierte que el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras han dejado de funcionar como dinámicas separadas. Por el contrario, se superponen en los mismos territorios, comparten rutas, aprovechan vacíos institucionales y generan nuevas formas de control sobre comunidades, ríos, bosques y economías locales.

Para la Dra. Maritza Paredes, abrir esta conversación pública es de suma importancia en la coyuntura actual. “La Amazonía se ha convertido en un espacio donde convergen algunos de los principales desafíos del país: economías ilícitas, seguridad, gobernanza territorial y derechos indígenas”, señaló. En esa línea, advirtió que lo que ocurre en esta región ya no puede entenderse como un problema local. “Tiene implicancias para la estabilidad institucional, el desarrollo y la democracia en el conjunto del país”, afirmó.

Un nuevo mapa criminal en la Amazonía

Durante su intervención, Iván Brehaut señaló que el fenómeno criminal en la Amazonía no puede entenderse únicamente como la presencia de grupos armados o bandas locales.

“Lo que tenemos son organizaciones criminales que operan como empresas. Son empresas dedicadas al crimen con estructuras complejas, capacidad logística, redes administrativas y vínculos que les permiten operar con una eficacia que muchas veces supera a la del propio Estado”, explicó. En ese escenario, grupos transnacionales se han instalado en zonas estratégicas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y otras regiones amazónicas. “Estamos hablando de millones de hectáreas en la Amazonía que ya están bajo cierto nivel de gobernanza criminal”, sostuvo

Lo que tenemos son organizaciones criminales que operan como empresas. Son empresas dedicadas al crimen con estructuras complejas, capacidad logística, redes administrativas y vínculos que les permiten operar con una eficacia que muchas veces supera a la del propio Estado”.

El informe también identifica la expansión de pistas clandestinas, zonas de producción de coca, áreas de minería ilegal y territorios donde se superponen múltiples delitos: trata de personas, trabajo forzoso, contaminación, invasión de tierras y usurpación.

Aunque el narcotráfico y la minería ilegal suelen ser las actividades más visibles, los especialistas autores del informe subrayaron que forman parte de una cadena más amplia.

Territorios indígenas bajo presión

La intervención de Herlin Odicio, líder kakataibo y vicepresidente de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU), puso rostro y territorio a las alertas del informe. Desde la experiencia de las comunidades afectadas por el narcotráfico y otras economías ilegales, recordó que las organizaciones indígenas llevan años denunciando el avance de estas actividades sin recibir una respuesta efectiva del Estado.

Odicio recordó que el pueblo kakataibo ha sufrido el asesinato de líderes indígenas en los últimos años, en medio de amenazas, invasiones y presión constante sobre sus territorios. Según dijo, durante la pandemia, las economías ilegales no se detuvieron. “Ni en la pandemia han dormido, han seguido avanzando”, afirmó.

Nosotros no estamos en contra del desarrollo de nuestro país. Los pueblos indígenas también siempre hemos contribuido con el desarrollo, pero lamentablemente se nos ve como un obstáculo».

El dirigente también cuestionó que muchas decisiones estatales se tomen sin consulta ni participación de los pueblos indígenas. “Nosotros no estamos en contra del desarrollo de nuestro país”, dijo. “Los pueblos indígenas también siempre hemos contribuido con el desarrollo, pero lamentablemente se nos ve como un obstáculo”.

Según Odicio, asegurar los territorios es clave para enfrentar estas amenazas. “Los pueblos indígenas vamos a estar muy bien cuando nuestros territorios estén asegurados con saneamiento físico legal”, sostuvo.

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Cocaína, oro y madera: mercados que convergen en la Amazonía

Ricardo Soberón planteó que el informe debe leerse desde una escala mayor: los mercados internacionales y la geopolítica regional. Para el exjefe de Devida, el Perú enfrenta un escenario distinto al de décadas anteriores, marcado por economías ilegales de mayor magnitud y capacidad de articulación.

“Nos estamos enfrentando a una situación de distinta magnitud a la que estábamos acostumbrados”, sostuvo.

Si el siguiente gobierno no es consciente de que quiere tomar decisiones drásticas para enfrentar esta situación, simplemente nuestra Amazonía está condenada para siempre”.

Según Soberón, la expansión del narcotráfico no puede medirse solo por hectáreas de coca. También debe analizarse el control territorial, las rutas, los mercados de destino, las estructuras logísticas y su conexión con otras economías ilegales.

En esa línea, advirtió sobre la convergencia entre cocaína, oro y madera. “No solo es oro y cocaína, es madera y cocaína”, señaló al explicar cómo estos mercados se diversifican y aprovechan rutas globales.

“Si el siguiente gobierno no es consciente de que quiere tomar decisiones drásticas para enfrentar esta situación, simplemente nuestra Amazonía está condenada para siempre”, advirtió.

La PUCP como espacio de investigación y diálogo amazónico

Para la Dra. Maritza Paredes, coordinadora del GIES, la presentación del informe se vincula directamente con una línea de investigación clave del grupo: analizar cómo las actividades extractivas transforman los territorios, las instituciones, y las relaciones entre Estado y sociedad. “Hace varios años venimos investigando el crecimiento de las economías ilícitas, y sus efectos sobre la gobernanza territorial, los pueblos indígenas y la capacidad del Estado”, señaló.

Desde la PUCP, este trabajo dialoga con investigaciones sobre deforestación, protección de bosques, economías ilícitas y territorios indígenas en la Amazonía peruana. “Nos interesa entender no solo dónde ocurren estos procesos, sino cómo reconfiguran el poder, las instituciones y las oportunidades de desarrollo”, agregó.

Paredes destacó, además, la colaboración con organizaciones amazónicas como ProPurús y ORAU. “Comprender estos problemas requiere combinar la investigación académica con la experiencia y el conocimiento que organizaciones amazónicas vienen construyendo desde hace muchos años”, afirmó.

Incorporar a los pueblos indígenas como sujetos políticos

Vladimir Pinto, coordinador de Amazon Watch en Perú, planteó que el avance de las economías criminales no debe entenderse solo como un problema peruano, sino como un fenómeno que afecta a toda la Amazonía. “Estamos hablando del bioma amazónico en su conjunto”, señaló. “La presencia de estos actores transnacionales a nivel criminal está generando un proceso de destrucción”.

Según Pinto, uno de los principales límites de las políticas contra el crimen organizado es que suelen diseñarse desde una mirada policial, judicial o criminalística, sin incorporar de manera adecuada a los pueblos indígenas. Esto ocurre pese a que los Estados amazónicos han suscrito instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, que reconoce su derecho a ser consultados cuando una medida los afecta.

Estamos hablando del bioma amazónico en su conjunto (…) La presencia de estos actores transnacionales a nivel criminal está generando un proceso de destrucción”.

“Si quieres aprobar una política pública que afecte a los pueblos, tienes que discutirla con ellos. Eso no se está haciendo”, afirmó.

Para Pinto, enfrentar este escenario exige ir más allá de la titulación de comunidades. Se requiere reconocer a los pueblos indígenas como sujetos políticos, con territorios integrales y sistemas propios de representación. También propuso incluir a campesinos y poblaciones rurales empobrecidas, muchas veces convertidas en el último eslabón de estas economías ilegales.

Un cambio estructural

Al cierre, la Dra. Maritza Paredes, coordinadora del GIES, destacó que el informe plantea un cambio importante en la forma de entender las economías ilícitas en el Perú. Durante mucho tiempo, explicó, el narcotráfico fue asociado principalmente al Vraem. Sin embargo, el documento muestra la emergencia de nuevos nodos amazónicos y una expansión que modifica el mapa del problema.

“Estamos frente a un nuevo mapa de las economías ilícitas en el Perú”, afirmó.

Para Paredes, la principal alerta es que el país enfrenta “transformaciones territoriales complejas que no pueden entenderse analizando cada economía ilícita por separado”. En esa línea, señaló que hoy existe “una creciente convergencia entre narcotráfico, minería ilegal, tráfico de insumos y otras actividades ilícitas que comparten territorios, rutas y redes de intermediación”.

Este escenario obliga a mirar con mayor atención las zonas críticas de frontera, donde se cruzan abandono estatal, actividades ilegales, presión sobre pueblos indígenas y disputas por el control territorial. “Ya no basta con mirar las hectáreas cultivadas o concentrar la atención únicamente en el Vraem”, advirtió.

La investigadora subrayó, además, que los pueblos indígenas están “en la primera línea de estas transformaciones”, y enfrentan presiones que afectan sus territorios, generan conflictos internos y amenazan a sus líderes.

Finalmente, Paredes alertó que no se trata solo de fortalecer la presencia estatal. “En varios territorios, observamos formas de influencia criminal sobre autoridades e instituciones locales”, sostuvo. Por ello, el reto también es recuperar la autonomía, legitimidad y capacidad de acción del Estado.