Ante la prórroga del estado de emergencia que se ha declarado en Lima y Callao, expertos PUCP analizan los riesgos y pertinencia de esta medida, y cómo su recurrencia acaba convertida en la única salida frente a la criminalidad. Asimismo, señalan la necesidad, de cara a las elecciones, de políticas estratégicas para combatir este problema.
En tiempos de crisis y con miras a las elecciones de 2026, Aula Magna XXIX puso sobre la mesa un debate urgente: cómo enfrentar el poder ilegal que corroe las instituciones. La PUCP convocó a la academia, representantes de partidos politicos y a la sociedad para pensar soluciones sostenibles, reafirmando así el papel de la universidad, comprometida con el fortalecimiento de la democracia y la confianza ciudadana.
La reciente paralización de transportistas se da tras la muerte de 46 conductores en el último año. Los criminólogos Erika Solis y Nicolás Zevallos advierten la urgencia de políticas con metas claras, pues la solución no pasa por poner en las calles más patrulleros o cámaras, sino por reforzar toda la cadena involucrada en esta lucha.
Especialistas PUCP junto con representantes de la academia y los sectores privado y público se reunieron en el seminario «Economías ilegales: estado de urgencia». Entre las propuestas se mencionó la importancia de dar normas idóneas, estrategias específicas, una verdadera política de estado contra la delincuencia y un papel activo de la academia y la sociedad civil.
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) expresa su profundo pesar por el asesinato de cientos de personas producto de la ola de violencia criminal que padece nuestro país. Esta ola de criminalidad violenta se ha traducido, en el primer trimestre de este año, en más de 500 homicidios, una cifra superior a la registrada
Los transportistas y algunos gremios de comerciantes convocaron a un segundo paro por el aumento de la criminalidad. Erika Solis, especialista en criminalidad y violencia e investigadora del IDEHPUCP, analiza las propuestas del Congreso y del Ejecutivo para endurecer las penas y advierte que tipificar el delito de extorsión como “terrorismo urbano” o “criminalidad sistemática” no es la solución. En cambio, señala la urgencia de una reforma integral.
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