CARC PUCP 
Lima aparece con los peores indicadores de espacios públicos en la región según el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuál considera que es uno de los problemas de fondo?
El problema de la ciudad es que está terriblemente fragmentada. Tenemos 50 alcaldes entre Lima y Callao que hablan a los vecinos, pero casi nunca a los ciudadanos de Lima. Eso refuerza la lógica de distritos autónomos en los que cada uno hace lo suyo, muchas veces sin coordinación e incluso peleándose entre ellos. Ciudades como Bogotá tienen un solo gobierno municipal con un discurso ciudadano mucho más claro.
¿Y cómo se traduce esa fragmentación en el uso de los espacios públicos?
Se expresa en la manera en que se gestionan. Yo prefiero hablar de dos escalas: la local y la metropolitana. En la escala local —los parques de barrio, por ejemplo—, el conflicto clásico es cuando los vecinos sienten que el espacio les pertenece exclusivamente y hasta sueñan con cercarlo. Ahí está muy presente la mirada de un “otro” diferente a mí, al que no le pertenece mi espacio. En la escala metropolitana, en cambio, hablamos de espacios como el malecón de Miraflores o la Plaza Mayor. Ahí la tensión es distinta: las autoridades restringen accesos en nombre del turismo o la seguridad, cuando en realidad son espacios de todos los limeños. Los espacios públicos siempre son espacios de lucha y de disputa.
¿Qué sucede en los barrios populares, donde muchas veces no hay presencia del Estado?
Allí la noción de espacio público es todavía más frágil. En los barrios autoconstruidos, los vecinos han tenido que organizarse para crear sus propios espacios: una losa deportiva, una plaza, un parque comunal. Son espacios autoproducidos por la gente, no por el Estado. Y eso marca la diferencia, porque si no hay un respaldo institucional, la noción de ciudadanía también se debilita.
Tenemos 50 alcaldes entre Lima y Callao que hablan a los vecinos, pero casi nunca a los ciudadanos de Lima. Eso refuerza la lógica de distritos autónomos en los que cada uno hace lo suyo».
¿Qué rol debería asumir el Estado frente a esa realidad?
El Estado necesita conquistar su legitimidad. ¿Cómo? Con inversiones de calidad en los espacios públicos, sobre todo en las zonas más vulnerables. Medellín es un ejemplo inspirador: allí se construyeron grandes bibliotecas públicas en los barrios periféricos, conectadas con teleféricos. Esa presencia del Estado genera confianza y reconocimiento. Como decía Jordi Borja, los gobiernos deberían apostar por espacios públicos de lujo en las zonas más deprimidas. No solo por equidad, sino porque donde el Estado está ausente, necesita hacerse presente y ganarse esa legitimidad. Cuando el Estado comience a recuperar espacios públicos, también recuperará nuestra confianza.
¿Qué mensaje nos deja todo esto sobre Lima?
Que necesitamos dejar de ver el espacio público como una suma de parques mal mantenidos y empezar a entenderlo como un tejido de vida ciudadana. Si seguimos con una gestión fragmentada y excluyente, lo que tendremos son plazas vacías y disputas constantes. El reto es devolverles a la calle y a los espacios comunes su función esencial: ser lugares de encuentro, de disputa democrática y de construcción de comunidad.
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