El pasado 4 de mayo fueron encontrados en Pataz (La Libertad) los cuerpos de trece trabajadores de la minera artesanal R&R, contratista de la empresa minera Poderosa, asesinados por bandas criminales vinculadas a la minería. Esta impactante noticia no solo estremeció a la opinión pública por la crudeza de los hechos. Evidenció, además, un problema complejo que se viene gestando desde hace más de dos décadas en zonas de alta concentración minera: el crecimiento de economías extractivas informales sin regulación en una región donde el Estado llega tarde, mal y nunca.

De acuerdo con un reciente informe del diario El Comercio, se estima que existen más de 450 bocaminas ilegales, que son la puerta de ingreso a los túneles clandestinos para extraer ilegalmente el oro.

“Este conflicto no se libra a la vista, sino bajo tierra”, advierte un reciente informe de CooperAcción, que retrata cómo bandas fuertemente armadas se disputan el control de los socavones, donde se extrae el oro sin ningún tipo de control. Ya la minera Poderosa, una de las más importantes del país, ha denunciado la toma de cerca de 30 sectores de su unidad Santa María por parte de mineros ilegales respaldados por organizaciones criminales.

En el mismo informe se alerta que en La Libertad operan al menos 52 plantas de procesamiento sin fiscalización efectiva. Se estima que, en solo cuatro años, más de 33,000 volquetes cargados con 674,160 toneladas de mineral aurífero salieron de la región sin trazabilidad, con un valor estimado superior a US$ 3,500 millones.

Esa cifra refleja no solo la escala del negocio ilegal, sino también la pérdida de control del Estado sobre los flujos económicos y logísticos vinculados al oro. Para el Mag. Edgardo Cruzado, docente del Departamento de Ciencias de la Gestión PUCP y exviceministro de Gobernanza Territorial, esto evidencia que “el Estado no solo ha sido rebasado territorialmente, también ha sido desbordado por el mercado. No sabe quién produce, quién vende ni quién compra ese oro”.

Si bien la provincia de Pataz está bajo estado de emergencia desde febrero de 2024, el mismo alcalde de la provincia, Carlos Mariño, ha denunciado la falta de una presencia sostenida del Estado y la ineficacia de la medida para frenar el avance del crimen organizado que hoy controla socavones, impone reglas y opera al margen de toda fiscalización.

En este informe de PuntoEdu, tres especialistas PUCP analizan esta crisis y advierten la urgencia de mirar el problema desde el territorio, comprender las dinámicas locales y, principalmente, replantear la estrategia estatal, fortaleciendo la institucionalidad local.

La ruta del oro en el Perú

Para la Dra. Zaraí Toledo, politóloga y profesora de la Sección Ciencia Política PUCP, lo ocurrido en Pataz es resultado de una serie de decisiones políticas fallidas: políticas coercitivas que no distinguen entre actores, una débil presencia estatal y la ausencia de alternativas reales para una población que, ante la exclusión, ha encontrado en la minería informal su única vía de subsistencia.

En ese sentido, la especialista destaca que la economía de los commodities –materias primas– ha sido el eje histórico de nuestra economía, mucho antes de la llegada de los españoles. La extracción de recursos naturales con precios definidos en el mercado internacional ha estado presente por siglos, desde prácticas artesanales hasta las operaciones industriales. «Estamos acostumbrados a pensar en la economía de los commodities como algo formal, con permisos del Estado”, explica Toledo, “pero siempre ha habido en la periferia actividades artesanales, de pequeña escala, hechas manualmente y con mucha mano de obra”.

Por ello, la politóloga advierte que el Perú no puede analizar la minería ilegal como un fenómeno desvinculado de las prácticas de subsistencia históricas de las poblaciones rurales. “Siempre ha existido minería artesanal como pesca artesanal. Son formas de economía intensivas en mano de obra, realizadas en contextos donde el Estado no ofrece oportunidades”, sostiene. En ese sentido, prosigue, muchos campesinos han migrado temporalmente hacia zonas mineras durante los tiempos de escasez agrícola, especialmente cuando las lluvias impiden cultivar.

El problema se intensificó con el “boom” de los minerales en los años 2000. La subida sostenida del precio del oro –US$ 110 el gramo, casi el doble que hace una década— coincidió con una expansión masiva de la minería informal, especialmente en zonas como Madre de Dios, donde el modelo aluvial que se puede realizar sin mucha tecnología se impuso como alternativa frente a la pobreza.

Frente a esto, el Estado peruano respondió, según Toledo, con una lógica equivocada: militarización, represión y ausencia de inteligencia territorial. “Las políticas coercitivas no distinguían entre un pequeño minero artesanal y una organización criminal. El resultado fue que los más vulnerables fueron los más perjudicados”, explica.

Pataz: informalidad vs. ilegalidad

Además, sostiene la Dra. Zaraí Toledo, durante años se ignoró una diferencia clave: la diferencia entre informalidad e ilegalidad. La minería informal podía haberse formalizado con asistencia técnica e inversión social, pero al no existir esa distinción, se criminalizó a todos por igual. Y el costo de esta omisión se hace evidente hoy: el crimen organizado ha copado estos espacios dejados por el Estado.

La formalización no puede ser el punto de partida, sino de llegada. No puedes formalizar a alguien que no puede garantizar prácticas seguras, de continuidad o de financiamiento limpio".

En este contexto, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en el 2016 para ordenar la actividad minera, ha sido utilizado como una fachada para actividades ilegales. “La formalización no puede ser el punto de partida, sino de llegada. No puedes formalizar a alguien que no puede garantizar prácticas seguras, de continuidad o de financiamiento limpio”, insiste la investigadora.

Pero el gran vacío, según Toledo, está en la falta de fiscalización a quienes se benefician más del oro ilegal. “Los mineros son el eslabón más débil. Las plantas de procesamiento triplican el valor del mineral y muchas joyerías en Lima usan ese oro sin control. Nadie las persigue”, sostiene.

Por ello, es crucial diferenciar actores. «Hay que hacer inteligencia, acompañamiento y formalización real. Ayudarles a funcionar como negocio. Protegerlos de las articulaciones criminales. Esto no es terrorismo. Es un negocio. Es lucro por lucro. Y si es lucro, hay que ir tras de los que más ganan», sostiene.

La otra «legitimidad»

Por su parte, el Mag. Rómulo Villegas, sociólogo, coordinador de la Maestría en Gerencia Social PUCP y especialista sociopolítico en el Centro Wiñaq, sostiene en que lo ocurrido en Pataz manifiesta un proceso más profundo y preocupante: la erosión de la legitimidad estatal.

“Lo que sucede en Pataz es una primera capa de erosión de la legitimidad del Estado. Es un secuestro colectivo, no de una o dos personas. Eso muestra que las organizaciones criminales tienen capacidad logística y humana para ejercer control armado sobre un territorio”, advierte Villegas.

Pero no se trata solo de poder armado. Lo que estas organizaciones han venido tejiendo, sistemáticamente, es su propia forma de legitimidad ante las comunidades locales. “Son economías de subsistencia que generan empleo y, por eso, tienen alta valoración. La población no solo las tolera, en muchos casos las valora por la función que cumplen ante la ausencia del Estado”, explica Villegas.

(Las organizaciones criminales) son economías de subsistencia que generan empleo y, por eso, tienen alta valoración. La población no solo las tolera, en muchos casos las valora por la función que cumplen ante la ausencia del Estado”.

Esta legitimidad, explica Villegas, se sostiene sobre tres pilares. El primero es el social: las redes ilegales de minería proporcionan trabajo a miles de personas que no encuentran alternativas formales. “Estamos hablando de entre 500,000 y 600,000 personas que participan en estas economías. Muchas de ellas están registradas en el Reinfo como personas naturales, no jurídicas, lo que muestra una amplia base social”, señala el sociólogo.

El segundo es el económico: el precio del oro ha tenido un crecimiento sostenido en la última década, lo que ha abierto posibilidades de comercialización nacional e internacional. Y el tercero, quizás el más preocupante, es el político: “El año pasado se ‘tumbaron’ a un ministro. No es poca cosa. Tienen conexiones con congresistas y partidos. Y, con eso, han ido construyendo también una legitimidad política”.

Villegas añade que esta legitimidad no es improvisada. “Ellos replican prácticas que la sociedad valora. Por ejemplo, se autodenominan minería ancestral, lo cual le da un matiz simbólico a su actividad ilegal. Se presentan como defensores del trabajo y de las tradiciones, cuando en realidad operan con estructuras criminales”.

Sin reconocimiento de las autoridades locales, no puede haber gobernanza territorial real. La construcción de políticas públicas efectivas en contextos rurales depende de la capacidad del Estado para incorporar a los actores legítimos, y adaptarse a las dinámicas sociales, geográficas y económicas de cada zona.

Territorio sin ley: el abandono estatal en Pataz

Si bien Pataz y toda la región de La Libertad se encuentra en estado de emergencia desde hace 14 meses, a raíz de la crisis, el gobierno ha desplegado una fuerte presencia militar en la zona.

Otro aspecto importante en el análisis es el que corresponde al territorio. A diferencia de regiones como Madre de Dios, donde la minería aluvial se realiza en grandes extensiones abiertas, la situación en Pataz exige una lectura mucho más compleja. Así lo advierte el Mag. Edgardo Cruzado, quien ha estudiado la articulación del poder estatal en zonas rurales del país.

“Pataz no está tan lejos como parece. Está a diez horas de Trujillo, pero es un territorio completamente disperso y agreste”, explica. Conformada por 13 distritos y una infinidad de centros poblados pequeños, esta provincia combina una fuerte presencia minera con una institucionalidad local frágil o ausente.

La dispersión territorial, sumada al complejo modelo de extracción por socavón, hace que las políticas centralizadas pierdan efecto. “¿Cómo vas a declarar toque de queda en un centro poblado con ocho casas y sin comisaría? No tiene lógica. Es una medida para la prensa, no para resolver el problema”, enfatiza Cruzado.

Como respuesta ante la crisis, el gobierno anunció la instalación de una base militar permanente en Pataz, así como la ampliación del estado de emergencia, la aplicación del toque de queda de 6 p.m. a 6 am., la paralización de actividades mineras por 30 días y la exclusión de mineros con condición de "suspendidos" en el Reinfo.

En este escenario, las estrategias impuestas desde Lima —como los estados de emergencia o los operativos militares— no logran sostenerse en la realidad. Y lo más grave aun es que las autoridades locales son ignoradas. “En Pataz, hay 13 alcaldes elegidos por voto, para bien o para mal, pero es como si no existieran. No se les convoca, no se les escucha. Y son ellos quienes realmente conocen el terreno”, señala.

El especialista subraya que sin reconocimiento de las autoridades locales no puede haber gobernanza territorial real. La construcción de políticas públicas efectivas en contextos rurales depende de la capacidad del Estado para incorporar a los actores legítimos y adaptarse a las dinámicas sociales, geográficas y económicas de cada zona.

La encrucijada del doble derecho

Pero el abandono estatal no es el único problema. Cruzado también cuestiona el papel de la minería formal conviviendo con la informal y el llamado uso del «doble derecho». Este consiste en que una misma concesión minera formal que permite —o tolera— la extracción de mineral por parte de terceros inscritos en el Reinfo. “La empresa tiene la concesión, pero deja que otros extraigan y le vendan el mineral. Así se triangula la producción, se reduce el costo, pero se violan todos los estándares ambientales y laborales”, explica el especialista.

La empresa tiene la concesión, pero deja que otros extraigan y le vendan el mineral. Así se triangula la producción, se reduce el costo, pero se violan todos los estándares ambientales y laborales”.

El resultado es un modelo legal en apariencia, pero profundamente irregular. Esta práctica no solo prolonga condiciones de precariedad laboral y contaminación, sino que alimenta una red donde lo legal e ilegal se entrelazan, lo que debilita aún más la legitimidad del Estado.

“Si no entiendes el territorio, ninguna política va a funcionar. Solo será una reacción temporal ante una emergencia más profunda”, sentencia. Y añade Cruzado que la clave está en una estrategia territorial diferenciada (tropicalizada) que reconozca la particularidad de cada zona, sus formas de organización, su geografía y su economía. Solo así se podrá recuperar la gobernabilidad y romper el círculo que permite que el crimen organizado prolifere.

La legitimidad del Estado no se construye con decretos ni con operativos disuasivos. Se construye con políticas que reconozcan a los actores locales, ataquen la cadena del oro ilegal y devuelvan el territorio a la ciudadanía. Si el Estado no actúa con inteligencia y decisión, otros seguirán ocupando su lugar —con armas, con dinero y con impunidad.