Los retos urgentes: los desafíos ambientales que el próximo gobierno debe atender

El próximo 28 de julio, el presidente elegido asumirá funciones en un contexto especialmente complejo para la agenda ambiental, pues el país no solo enfrenta problemas estructurales como la deforestación, la gestión deficiente de residuos y la contaminación de suelos, sino también responder a compromisos internacionales vinculados al cambio climático y a fenómenos cada vez más intensos asociados al calentamiento global.

Según el Ministerio del Ambiente (Minam), en el Perú la pérdida de bosque acumulada entre el 2001 y el 2022 roza las 3 millones de hectáreas, principalmente por actividades relacionadas con la minería ilegal, expansión agrícola y tala indiscriminada. A ello se suma el incremento sostenido de temperaturas globales, el debilitamiento de ecosistemas vulnerables y la creciente exposición del país a eventos extremos como inundaciones, sequías y huaicos.

Además, el Perú deberá presentar en 2030 sus resultados frente a los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, donde se comprometió a reducir emisiones de gases de efecto invernadero en distintos sectores estratégicos. Sin embargo, especialistas advierten que el país todavía se encuentra lejos de alcanzar varias de sus metas ambientales y que los avances siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de los impactos climáticos y ambientales acumulados en las últimas décadas.

En este escenario, la Dra. Ana Sabogal, directora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (INTE-PUCP), y el Dr. Ian Vázquez, profesor del Departamento de Ingeniería PUCP y especialista en ingeniería ambiental, plantean una serie de prioridades que consideran impostergables para la próxima gestión gubernamental.

Descentralizar la gestión ambiental y priorizar territorios vulnerables

Una de las principales coincidencias entre Sabogal y Vázquez es la necesidad de regionalizar las políticas climáticas. Según la Directora del INTE-PUCP, el Perú no puede seguir pensando su política ambiental desde Lima. Las zonas vulnerables, como las zonas altoandinas, los valles interandinos, las cordilleras y los bosques secos del norte, deben ser prioridad dentro de cualquier estrategia de adaptación climática.

Las políticas de cambio climático tienen que ser específicas y regionales también, ya que el cambio climático va a afectar de manera diferente a cada región del país”.

“Las políticas de cambio climático tienen que ser específicas y regionales también, ya que el cambio climático va a afectar de manera diferente a cada región del país”, sostiene Sabogal.

La especialista también plantea que el próximo gobierno debe desarrollar mapas de vulnerabilidad climática que permitan identificar qué regiones presentan mayores riesgos frente a fenómenos como inundaciones, sequías, huaicos, degradación de suelos o pérdida de ecosistemas. Esto, señala, permitiría orientar mejor la inversión pública y diseñar políticas diferenciadas según las necesidades de cada territorio.

Además, advierte que muchos de estos espacios atraviesan transformaciones sociales importantes. “La sierra se está despoblando, los jóvenes están yendo a las ciudades y allí también hay un trabajo que hacer”, sostiene Sabogal, quien considera que las políticas ambientales también deben incorporar estrategias de desarrollo local y fortalecimiento territorial.

Lo primero con lo que va a tener que lidiar el próximo gobierno es con un nuevo fenómeno de El Niño, y eso tendrá grandes impactos en pesca, agricultura y ecosistemas marinos”.

Por su parte, Vázquez coincide en que el próximo gobierno debe estar preparado para fenómenos extremos como el Fenómeno El Niño o las heladas en la zona andina, que afectarán principalmente a las zonas más vulnerables. “Lo primero con lo que va a tener que lidiar el próximo gobierno es con un nuevo fenómeno de El Niño, y eso tendrá grandes impactos en pesca, agricultura y ecosistemas marinos”, explica Vázquez.

Frenar las economías ilegales que destruyen ecosistemas

La crisis ambiental del país está estrechamente ligada a economías ilegales, como la minería informal y el narcotráfico. “Hay un tejido muy fino entre la ilegalidad y la conservación del medio ambiente”, afirma Sabogal, quien advierte que la minería ilegal, el tráfico de cocaína y la tala indiscriminada son responsables de gran parte de la deforestación amazónica y la contaminación de ríos.

La especialista considera que uno de los errores más frecuentes dentro del debate político es separar los problemas de seguridad de los problemas ambientales, cuando ambos fenómenos están profundamente conectados. “Eso no puede estar separado del medio ambiente”, agrega.

Vázquez también señala que la minería ilegal, junto con la expansión de monocultivos y actividades extractivas poco reguladas, sigue siendo uno de los mayores factores de deforestación en la Amazonía. “En los últimos cinco o diez años hemos retrocedido en la protección de muchas zonas forestadas. La deforestación y el daño ecológico de estos sectores es muy grave”, comenta.

Además de la pérdida de cobertura forestal, este advierte que dichas actividades generan contaminación de aguas fluviales, subterráneas y lacustres, afectando directamente a ecosistemas y poblaciones cercanas.

Pasar de una lógica reactiva a una planificación climática de largo plazo

El Perú aún responde de manera reactiva frente al cambio climático; el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París para 2030 representa uno de los principales retos ambientales para el próximo gobierno. Según Vázquez, “nos va a costar mucho cumplir con lo prometido para 2030”, debido a la falta de políticas sostenibles en sectores como el forestal, transporte, energía y manejo territorial.

El especialista explica que uno de los sectores más críticos sigue siendo el forestal, debido al incremento sostenido de la deforestación y la dificultad para controlar emisiones asociadas a distintas actividades económicas. No obstante, enfatiza que, aunque el Perú no sea uno de los mayores emisores globales, eso no elimina su responsabilidad dentro de los compromisos climáticos internacionales.

Sabogal también subraya la importancia de prepararse de manera preventiva frente a fenómenos extremos y desastres naturales. En lugar de reaccionar tarde ante emergencias climáticas, propone que el país avance hacia políticas de adaptación sostenidas en mapas de vulnerabilidad y planificación territorial diferenciada.

La Directora del INTE-PUCP destaca que el país necesita una planificación de largo plazo que permita integrar medidas de mitigación y adaptación, desarrollar infraestructura resiliente y fortalecer capacidades técnicas para enfrentar escenarios climáticos cada vez más complejos.

Replantear la relación entre desarrollo económico y conservación

La relación entre desarrollo económico y conservación sigue siendo uno de los grandes dilemas del país. Sabogal alerta que la lógica extractiva ha predominado históricamente en las políticas ambientales, donde se prioriza la rentabilidad inmediata sobre la conservación de los recursos naturales. “El Estado ha priorizado el interés económico por encima de la conservación, pero tenemos que valorar la biodiversidad por sí misma, no solo como un recurso económico”, enfatiza.

Ella cuestiona que gran parte de las estrategias estatales continúen enfocadas únicamente en producir y explotar recursos naturales, incluso en ecosistemas frágiles o áreas protegidas. “Es un error del Estado abocarse solamente a producir”, afirma. “Lo que tenemos que hacer es valorar la diversidad y conservarla”.

Vázquez también considera que la expansión extractiva está desbordando las capacidades de protección del territorio. Propone que el país cambie de enfoque y empiece a ver la conservación como un valor intrínseco, más allá de los beneficios inmediatos que pueda traer.

Modernizar la infraestructura ambiental urbana

Vásquez y Sabogal coinciden en que las ciudades peruanas enfrentan problemas relacionados con la mala gestión de residuos, contaminación atmosférica, microplásticos y tratamiento insuficiente de aguas residuales. Ambos advierten que el crecimiento urbano ha sobrepasado la capacidad de infraestructura ambiental en distintas ciudades del país.

Sabogal señala que los microplásticos ya están presentes en el agua, el aire y distintos residuos urbanos. “Los microplásticos son cancerígenos, están en el aire, el agua y la ropa, y debemos implementar políticas para gestionarlos”, subraya. Además, advierte que ciudades como Lima, Cusco y Arequipa presentan altos niveles de contaminación atmosférica.

En la misma línea, Vásquez sostiene que la infraestructura ambiental sigue siendo insuficiente frente al crecimiento urbano. “Sí ha habido un robustecimiento de la infraestructura de residuos sólidos, pero sigue siendo muy insuficiente”, explica. El especialista agrega que ciudades como Chiclayo, Piura, Trujillo y Arequipa todavía presentan graves limitaciones en disposición final de residuos y tratamiento de aguas servidas. “Lo que no es visible al ojo humano puede ser igual de perjudicial o más que lo que sí estamos viendo”, sostiene Vázquez.

Fortalecer la capacidad del Estado para gestionar la transición ambiental

Una de las propuestas clave de ambos especialistas es fortalecer la capacidad institucional del Estado para enfrentar estos retos. Sin una gobernanza sólida, ninguna política ambiental será eficaz. Sabogal y Vázquez coinciden en que las instituciones deben ser capaces de articular políticas públicas, regular el territorio y monitorear su cumplimiento.

“Lo que necesitamos es más monitoreo, regulación y articulación entre las regiones para que las políticas ambientales tengan efectividad”, explica Sabogal.

Vázquez también hace un llamado a la inversión pública en capacitación técnica y fortalecimiento operativo del Estado. Según él, no basta con crear nuevas leyes; también es necesario desarrollar capacidades técnicas que permitan ejecutar políticas ambientales de manera efectiva y sostenida en el tiempo.

El especialista añade que el país también debe fortalecer el monitoreo oceánico, combatir la pesca ilegal y continuar ampliando las áreas marítimas protegidas, especialmente frente al impacto creciente de fenómenos climáticos extremos sobre ecosistemas marinos y actividades productivas vinculadas al litoral peruano.

Aunque ambos especialistas abordan el problema desde enfoques distintos, Sabogal siguiendo la línea territorial y ecológica, y Vasquez siendo más técnico e infraestructural, coinciden en un punto central: el Perú todavía mantiene profundas brechas ambientales que requieren políticas públicas sostenidas, inversión y capacidad de articulación territorial.

Además, ambos advierten que el debate ambiental no puede limitarse únicamente a conservación o cambio climático de manera aislada. Los desafíos ambientales del país están vinculados también a desigualdad territorial, informalidad, infraestructura insuficiente y gobernanza estatal.

Con el 2030 cada vez más cerca y con fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes, el próximo gobierno tendrá que decidir si el medio ambiente continúa siendo un tema secundario dentro de la agenda nacional o si finalmente se convierte en una prioridad estratégica para el desarrollo del país.