La población venezolana ha traído consigo una serie de aportes, pero sobre todo ha colocado en la agenda pública el tema de la movilidad y la migración en la región, aportando a comprender una mirada integral de la crisis humanitaria que su desplazamiento significa, así como las respuestas de los Estados y de nuestras sociedades. Aunque los Estados han ofrecido respuestas rápidas, principalmente Colombia, Ecuador y Perú, también se ha generado una atención en los otros países que ya recibían a población migrante -desde Perú y Bolivia- como Argentina, Chile o Uruguay. 

Ciertamente, las medidas desde los Estados mostraron apertura y respuestas rápidas, diseñando procesos de regularización y protección para la población migrante y, más específicamente, otorgando permisos temporales de permanencia o acogiendo solicitudes de asilo. Sin embargo, en un segundo momento se han vuelto más restrictivas, aunque el discurso empleado hable de derechos. Recientemente, se han vuelto a implementar procesos de regularización, pero el acceso y la información todavía generan una brecha en la población migrante.

En ese sentido, hace falta una mayor articulación entre las agencias del Estado: las políticas públicas no pueden formularse solo en términos normativos, incluso con enfoques de derechos humanos, sino vincularlas a las personas, a sus relaciones sociales y a la comunidad, enlazando iniciativas sociales e institucionales. 

Un espacio para el debate académico

Para analizar esta situación, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) ha organizado el XVII Encuentro de Derechos Humanos titulado “Caminemos. Juntos por la integración”, que congrega a diversos actores que vienen trabajando para responder al fenómeno de la movilidad humana, y su impacto en nuestro país y en el mundo.

De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la población migrante venezolana en Perú asciende a 1 millón 300 mil personas, quienes se vienen incorporando a distintos procesos sociales, económicos y culturales, no exentos de dificultades. Por ejemplo, en nuestro país, se registra una percepción creciente de estigmatización que puede tomar algunos ribetes de xenofobia, como se señala en un estudio reciente, o genera exclusión en el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes que ya habían perdido la escuela debido al trayecto que ha ocupado salir de su país. 

Las trayectorias migrantes son difíciles, implican decisiones personales y familiares que se dan en contextos de crisis y de inseguridad. Abandonar el lugar de origen trae consigo una serie de riesgos, pero también la esperanza de encontrar un futuro mejor. Sin embargo, las ciudades de acogida a veces se tornan duras, indiferentes o represivas. Aunque la movilidad es un concepto reciente, nos permite comprender, de forma más amplia, el fenómeno a nivel social y político y cómo se insertan allí las migraciones forzadas por razones económicas, políticas o ambientales; qué desafíos plantea para nuestras sociedades, es decir, de qué forma se introduce la población migrante en términos institucionales y sociales para responder a problemas, como la seguridad alimentaria, la integración en la comunidad de acogida, el acceso a la salud y el empleo, así como un espacio para la vivienda.

La pandemia ha traído consigo un impacto mayor para la circulación de personas que ha venido a agudizar las condiciones de salud, económicas, sociales y, particularmente, la protección de derechos de la población en situación de movilidad, registrándose delitos conexos como la trata y tráfico de personas, desplazamientos forzados, entre otras formas de movilidad voluntaria o forzada. El Encuentro de Derechos Humanos nos invita a caminar juntos en esta nueva ruta de integración, con derechos y reconocimiento del capital humano, y los valiosos aportes que trae la población migrante a nuestra sociedad.