Una economía frágil con alto índice de desempleo, inestabilidad política y paralización de la inversión son algunos de los problemas que enfrenta el nuevo gobierno de Martín Vizcarra tras la renuncia de PPK. En los próximos tres años, el actual presidente deberá mantener la gobernabilidad del Perú, sacudida por escándalos de corrupción que embarran a expresidentes y funcionarios, y por decisiones políticas que fracasaron y/o estancaron los avances en diversos sectores del país.

Pese a todo, todavía es posible mirar el panorama futuro con cierto optimismo. “Una labor fundamental del presidente Vizcarra será liderar un gobierno con visión nacional, con capacidad para resolver los diversos problemas de las regiones. Él, de manera natural, tiene un estilo más cercano a la gente. Es pragmático, no tiene una postura ideológica fuerte. Su estilo como gobernante puede ser exitoso”, señaló el Dr. José Gallardo, docente del Departamento de Economía, quien considera que la buena gestión solo podrá sostenerse si se toma distancia de los errores cometidos durante el gobierno anterior.

Activar la economía

Para Gallardo -que fue ministro de Transporte y Comunicaciones entre junio 2014 y julio 2016-, la crisis en la economía nacional tiene que ver con varios factores y no solo con la paralización de 252 proyectos valorizados en S/ 30,000 millones, que fueron asignados a las empresas constructoras hoy procesadas por los casos Lava Jato y Club de la Construcción.

“Para mí, la economía peruana no se paralizó por los escándalos de corrupción. Creo que paró por una mala gestión. ¡En el Perú no puedes depender de algunos proyectos! La inversión privada es cinco veces más grande que la pública. Entonces, ¿qué ha desacelerado la economía? Todo empieza con el mensaje de entrada del gobierno de Kuczynski en el 2016. En ese momento, el Perú estaba creciendo en 4.3%, luego de resistir uno de los mayores shocks externos negativos de la historia, aun así no tuvimos recesión, y se dijo que la economía estaba parada. Cuando el mismo gobierno dice que todo está parado, pues todo para. Los empresarios no invirtieron, cayeron las ventas. Eso se llama ‘profecía autocumplida’ y forma parte de la literatura macroeconómica”, dice el economista, para quien una de las medidas prioritarias a considerar es la implementación de una reforma tributaria.

“Es un aspecto clave para la recuperación macroeconómica del Perú. Para hacerla efectiva, hay que observar integralmente los ingresos, considerar los impuestos a la renta, reducir el peso de las exoneraciones y ampliar el conjunto de agentes que tributan. En el gobierno anterior se pusieron en práctica medidas económicas que no funcionaron, como la reducción de los impuestos para incentivar la formalización, que trajo como consecuencia la caída de esta recaudación.”, expresó Gallardo.

Para adquirir mayor capacidad de gasto, David Tuesta, titular del MEF, ha anunciado medidas como el recorte de S/2,000 millones del gasto público, los cuales reducirán el presupuesto destinado a consultorías, viajes de funcionarios, entre otros indicadores de “austeridad”, que, en opinión del economista Waldo Mendoza, serían “gestos”.

En ese sentido, el Dr. Eduardo Ísmodes, docente del Departamento de Ingeniería, y quien durante más de dos años y medio se desempeñó como presidente del Directorio de Sedapal, considera que a veces se satanizan algunos gastos, como las consultorías. “De repente es muy bueno que se realicen. Lo que es malo es que estas no se publiquen. Así como se publican papers en el ámbito académico, toda consultoría pagada por el Estado debe ser pública, debería archivarse en repositorios con acceso para todos los peruanos”, expresó el Dr. Ísmodes, docente e investigador.

La gran reconstrucción

Un asunto que demandará esfuerzos económicos y políticos es la reconstrucción del norte del Perú, que sufrió grandes daños en infraestructura ocasionados por el fenómeno de El Niño costero a inicios del 2017. Para acelerar este proceso, el gobierno de Vizcarra propone dar mayor impulso a los gobiernos regionales, lo cual se vio reflejado en el Gore Ejecutivo Extraordinario 2018, que reunió a los gobernadores con los miembros del gabinete liderado por César Villlanueva. En esa reunión, se acordó que las regiones recibirían un monto inicial de S/1,300 millones para proyectos en reconstrucción, educación, salud, vivienda y saneamiento, transportes y agricultura.

“Me parece que las reuniones con los gobiernos regionales son muy valiosas. Es especial que el jefe del gabinete haya sido presidente regional, al igual que Vizcarra. Eso genera sintonía con las regiones, que siempre han recibido transferencias para obras y que realizaron proyectos exitosos sin empresas vinculadas con Lava Jato. Por ejemplo, el gran esfuerzo en el pavimentado de la red vial nacional”, comentó el profesor Gallardo.

Para lograr una buena administración, el exministro considera necesario “reconstruir” la capacidad burocrática del Perú, que implica fortalecer las capacidades de los funcionarios medios y altos. Del mismo modo, una medida urgente para la reactivación económica es la implementación del reglamento del Decreto de Urgencia 003, creado para garantizar que las empresas cuestionadas continúen operando, ejecuten las obras comprometidas y sigan generando ingresos destinados a pagar la reparación civil; mientras los directivos procesados –y responsables de los actos de corrupción– cumplen con sus procesos judiciales.

“Tenemos que reconocer que nuestra institucionalidad política es débil. Para que el Perú avance, es necesario tener una burocracia sólida, profesional, que en muchas ocasiones debe haber realizado gestiones muy buenas en medio de todos los problemas institucionales del Estado. Vas a encontrar una serie de episodios donde funcionarios muy preparados se opusieron a decisiones que, con el tiempo, probaron ser malas porque condujeron a esquemas de corrupción”, expresó Gallardo, quien puso como ejemplo el trabajo del equipo de Jaime Saavedra en el Ministerio de Educación.

“Se ha pecado de soberbia al pensar que el gobierno central puede resolver todos los problemas y desconfía de los gobiernos regionales. En provincias, hace falta capacitación y un mejor manejo de recursos. Pero eso debe hacerse con el fin de que se generen las competencias necesarias para hacer buen uso del dinero que reciben. Por otro lado, los gobiernos regionales solos tampoco resuelven los problemas. Deben acostumbrarse a trabajar con la población organizada y establecer una comunicación fluida”, dijo el Dr. Ísmodes.

Asimismo, el expresidente del Directorio de Sedapal expresó su preocupación por “la gran cantidad de cambios de personal que se realiza en las instituciones del Estado en todos los gobiernos. Entra un funcionario, un director, un viceministro y muchas veces deshace todo lo anterior, cree que con su gestión empieza el mundo sin darse cuenta de que puede terminar en cualquier momento. Debería haber más continuidad en las gestiones, así como un acuerdo nacional respetado, según lineamientos y políticas establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan)”.

Anticorrupción

La institucionalidad del nuevo gobierno dependerá de la firmeza por no ceder ante el hostigamiento que un Congreso opositor pudiera ejercer. “El gran reto está en cómo actuará con relación al Congreso, en especial hacia la primera mayoría fujimorista. Se espera que tenga capacidad de negociación política y autonomía suficiente para ejercer un rol de liderazgo que no se someta a esta primera fuerza. Los primeros gestos no son demasiado alentadores. Hay muchos rumores sobre que Vizcarra habría ‘consultado’ este gabinete con los fujimoristas, quienes habrían vetado algunos nombres. Tiene que negociar, ser firme con algunos temas y garantizar que se respete la independencia de poderes”, dijo la Dra. Paula Muñoz, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales PUCP, y actual investigadora y docente en la Universidad del Pacífico.

En esa dirección se han dado algunos pasos. “El presidente ha declarado que la lucha contra la corrupción va a ser prioridad. Ha recibido el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Esto, por un lado, es bueno porque la CAN está integrada por instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, y establece políticas de mediano y largo plazo para prevenir la corrupción”, señaló Muñoz, quien, de este modo, observa cómo el gobierno incorpora un documento que ha sido denominado por el mismo Vizcarra como la “hoja de ruta para trabajar a favor de la gobernabilidad”.