¿Son pertinentes las demandas de los nativos de los pueblos amazónicos?

Normalmente los nativos reclaman contra aquellas normas que pudieran limitar sus derechos y posibilidades de vivir en sus tierras y vivir de ellas, tiene una relación muy estrecha con la tierra, es motivo de su vida misma. El derecho de propiedad que los nativos manejan tiene unos contenidos muy distintos a los que nosotros como ciudadanos de la urbe podemos imaginar. En consecuencia, cualquier norma o decreto legislativo que pudiera facilitar la disposición de esas tierras, ya sea para explotación forestal, explotación de hidrocarburos o explotación minera, puede hacer pensar al nativo -que se considera dueño de esas tierras- que están poniendo en peligro aquello que forma parte de su vida.

Pero desde el punto de vista legal o del Estado, estas tierras no son intocables…

Hay quienes piensan que esos terrenos o tierras deberían ser inalienables, inembargables y que, eventualmente, no podrían ser objeto de disposición. Antes de la Constitución del 93 nadie podía tocar las tierras de los nativos pero la norma constitucional de ese año ya no le da ese derecho. Dentro de un puro Estado de Derecho los nativos deberían respetar que sí es posible que haya normas que, de alguna manera, permitan la disposición de estas tierras; sin embargo, en este puro Estado de Derecho se debe tener en cuenta que, a su vez, existe el Convenio 169, de la Organización Nacional de Trabajo -que para el Perú es ley y por lo tanto hay que respetar-, que le da ciertos derechos a los nativos y que establece claramente que para disponer de aquellos recursos de los cuales viven los indígenas se les debe hacer una consulta. El no tener una reglamentación de cómo hacer la consulta no impide, según mi opinión, el derecho que tienen las comunidades de ser consultadas. Lo pertinente hubiera sido utilizar alguna fórmula de consulta, que podría haber sido a través de los gremios o agrupaciones que los representan, que en el Perú son AIDESEP y CONAP.

Entonces, al no haberse realizado esta consulta, las demandas de los nativos sí son razonables…
En mi opinión, sí es razonable que se diga Oiga señor, consúlteme’ y ‘Oiga señor, aquí hay unas cuestiones que podrían ser modificadas’ y el Estado debió sentarse a conversar con ellos para ver el grado de modificación de esas normas. Creo que en este momento existen dos posiciones extremas, el Estado mantiene su posición no cambiar las normas y los nativos exigen que las deroguen o continúan la huelga.
¿A qué acuerdo se podría llegar para que ambas partes estén satisfechas?
Nosotros conocemos las posiciones pero el acuerdo podrá ir en medida que sepamos los verdaderos intereses. El interés del Estado debiera ser el bien común y el interés de los nativos, el bien de sus comunidades. Lo que se tiene en común es el ‘bien’, el desarrollo de ambos, se tendría que ver las normas uno a uno para ver cuáles atentan o no contra este desarrollo. Detrás del desarrollo, los nativos tienen el temor de que van a atentar contra sus derechos territoriales, según el concepto de propiedad que su cultura maneja, así que también habría que revisar esos puntos, pero de ninguna manera adoptar posiciones que no permiten el diálogo. Este análisis lo debería hacer un tercero, aceptado por ambos, y al final el Estado debería aceptar realizar las modificaciones en los casos que sean necesarios y los nativos, ceder de esa posición tan intransigente.
¿Cree que declarar el Estado de Emergencia fue una medida apropiada?
Los Estados de Emergencia son estados excepcionales que se dan cuando se atenta contra los principios o garantías fundamentales de la constitución. Bajo determinadas condiciones que están en la Constitución se puede declarar el Estado de Emergencia, pero hay declaraciones que se consideran inconstitucionales y ahí se entra en el terreno de la relatividad porque depende de cómo se interpretan las condiciones que la Constitución establece y eso es absolutamente subjetivo. En mi opinión, el Estado de Emergencia bajo esta situación no ha sido una medida muy acertada porque promueve el enfrentamiento y no el diálogo, le echa más leña al fuego, exacerba a las comunidades y no va hacia el camino de buscar instrumentos de paz. Los indígenas, al ver que se les enfrentan, lo que van a hacer es incrementar el conflicto.
¿Cuáles serán las consecuencias económicas, políticas y sociales de este enfrentamiento?
Las consecuencias económicas están dadas por el impedimento de las actividades económicas que se han tenido que detener, tanto para los nativos como para las empresas que trabajan en la zona. Las consecuencias políticas se sustentan en una falta de reglamentación y yo creo que son pretextos. Hay una consecuencia política negativa para el gobierno porque no se muestra como dialogante y no está dispuesto a abrir el espacio para conversar y lograr la concertación, no obstante el esfuerzo que se hace y que hay que reconocer. Yo creo que eso puede repercutir también en una consecuencia negativa para la inversión extranjera porque el inversionista busca seguridad y un estado donde el gobierno tiene que declarar un estado de emergencia y aplicar las fuerzas policiales puede alejar la inversión. Las consecuencias sociales son evidentes: los muertos, el propio enfrentamiento, la dificultad de un diálogo integrador en el país. Acá hay una lección aprendida, debemos saber ponernos en el espacio del otro y saber entendernos unos a otros. La misión académica de la universidad tiene una función importante de mirar estas realidades, no con un afán paternalista sino con un afán de comprensión. Yo creo que la universidad, a través de sus intelectuales, debería estar hoy día influenciando a través de comunicados y manifestaciones para llamar la atención sobre esta sociedad y sobre la necesidad de integrarnos.

Escribe: María Paz
Foto: Yani
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