¿De qué manera estos conversatorios mejoran los procesos de búsqueda?

Principalmente, por la posibilidad que tienen los familiares de desaparecidos de expresar sus opiniones y dificultades, de conocer casos similares en otros países y que pueden imitarse en el Perú. Para ellos es importante estar en un evento que también tenga presencia de autoridades del Estado. Estos últimos tienen la oportunidad de explicar a los deudos qué se está haciendo y qué no. En este debate he apreciado una falta de comunicación total entre ambos grupos.

¿Cómo ves el proceso de búsqueda en relación a otros países?

El caso del Perú es interesante: primero, por que se realizó la Comisión de la Verdad, que en otros países no se ha hecho. También por que se está haciendo algo, que aunque se mueva muy despacio, parece encaminado. En otros países, la situación no marcha igual. A veces, el ser familiar de un desaparecido te pone en riesgo de ser el próximo desaparecido. Sin embargo, preocupa que las nuevas generaciones de peruanos desconozcan su historia. Por mi propio trabajo, me ha tocado comprobar que niños y adolescentes que nacieron cuando el conflicto casi concluía desconocen rotundamente que en su país hubo un conflicto y desapariciones.

¿Cuál es el principal obstáculo jurídico para los deudos?

Aquí hay una gigante traba que es el Código Penal y cómo tipifica la desaparición forzada. Creo que es una de las peores tipificaciones a nivel internacional, y no lo digo yo, lo dice la propia Corte Interamericana que en dos sentencias ordenó al Perú enmendar su Código. Me gustaría que quien redactó eso me explicara qué entendía por desaparición debidamente comprobada. Sé que puede significar algo si se llega a analizar mejor, pero representa una traba jurídica a la hora de procesar.

Una municipalidad limeña censuró una muestra que presentaba el conflicto interno sin dejar claro por qué. ¿Sucede esto en Chile o Argentina?

No, allá es distinto. Además, en Argentina ya han pasado más de treinta años desde las desapariciones. La diferencia con el Perú es que los argentinos han tenido desde el inicio una conciencia social muy fuerte. Creo que acá no hay un tejido social lo suficientemente fuerte para decir «no, esto no debe censurarse». Y estamos hablando del mismo país cuyo presidente rechazó hace dos años el ofrecimiento de Angela Merkel de dos millones de dólares para construir el Museo de la Memoria.

Finalmente se llegó a colocar la primera piedra…

Es interesante, pero ¿qué se va a recordar allí?, ¿quien va a escribir la memoria de este pueblo? El Museo estará en Lima, pero ¿cuáles fueron los departamentos más afectados del país? La gente que vive dentro del Perú, ¿está al tanto de esto? Hay algo todavía más fuerte que la censura: la indiferencia.

Más sobre la entrevistada
Gabriella Citroni es también asesora jurídica de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. De 2003 a 2005, fue miembro de la delegación italiana en las negociaciones relativas a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Textos: Cristhian Salas
Foto: Yanina Patricio