En las últimos días se ha oído mucho sobre la Universidad Católica y su relación con la Iglesia, a raíz de que el Cardenal Cipriani diera a conocer que la Santa Sede tendría observaciones al estatuto de la PUCP.  La verdad es que reina la confusión sobre el tema. En primer lugar, hay que decir es que las presuntas acotaciones al estatuto son un asunto separado del conflicto que enfrenta desde hace años a la Universidad con el Cardenal, respecto a los bienes heredados por Riva Agüero. El primero tiene que ver con un procedimiento de consulta que se hace a la Congregación para la Educación Católica del Vaticano, sobre la adecuación del estatuto a las normas pontificias aplicables a la universidades católicas, mientras que lo segundo se refiere a la administración de los bienes de la herencia de Riva Agüero y al rol del Arzobispo de Lima en esa materia. Pese a la evidente diferencia tienen algo en común, a través de los dos temas Monseñor Cipriani pretende el control material de la Universidad, de eso no queda ninguna duda. Como buen estratega el Cardenal abre otro frente para hostigar a la PUCP, pues sabe que el conflicto legal sobre la herencia lo perderá tarde o temprano. La vergonzosa sentencia del Tribunal Constitucional que negó amparo de urgencia a la Universidad está impugnada ante la OEA y los diversos procesos que se siguen localmente sobre los testamentos y las funciones del Arzobispo están en plena marcha, ya sin la presión que los amigos del régimen pasado ejercían sobre funcionarios y magistrados. En este escenario es lógico que el Cardenal se inquiete y presente nuevo frente de batalla, el de la relación con Roma. Nada detiene al estratega púrpura, por eso él y su abogado no escatiman esfuerzos recurriendo a la confusión mediática.

Es evidente que existe una estrecha relación entre la PUCP y la Iglesia desde su nacimiento, nadie lo niega, más aun cuando en 1942 se la nombró como persona de derecho canónico. Sin embargo, la relación no es de pertenencia, sino de adhesión y fidelidad a los principios y doctrina católicos, no es de autoridad para el gobierno sino de reconocimiento al rol de la Iglesia en materia de fe y moral. Así lo dice expresamente el numeral 27 de la Constitución Apostólica que dio Juan Pablo II para las universidades católicas del mundo. La idea de pertenencia o jerarquía como pretende el Cardenal no existe en norma alguna aplicable a la PUCP y menos aún en los documentos fundacionales. El solo hecho de ser católica no genera propiedad eclesiástica. Ocurre lo mismo en la relación entre la Iglesia y sus fieles. ¿Acaso el Cardenal tiene poder y decisión sobre los bienes y la vida de los millones de católicos que habitamos en este país? ¿Acaso si alguien deja de ser católico pierde los bienes que adquirió mientras lo era? Obviamente no.

La PUCP nació como entidad privada en 1917 y se conserva como tal hasta ahora, inscrita en el Registro de Asociaciones de Lima. Esa es su personería jurídica y la que deriva de la diversas leyes universitarias que la han regido. En la fundación participó el recordado y querido padre Jorge Dintilhac, no la Iglesia. Naturalmente el Arzobispado de Lima tuvo que autorizar esta fundación pues se trataba de una entidad que acogía los principios católicos y que además llevaría el nombre ?Católica?, pero eso no le dio propiedad a la Iglesia. No existe disposición legal o convencional, nacional o pontificia alguna que asigne propiedad por esta vía. El padre Dintilhac acompañado de 5 personalidades laicas de la época, crearon la Universidad y señalaron las condiciones iniciales de su relación con la organización católica en términos de estrecha cercanía, incluso otorgándole a la Arquidiócesis de Lima participación en el Consejo Superior de Gobierno, sin mayoría pero con asiento en el colegiado. La misma arquidiócesis ratificaba a los miembros del Consejo. Se previó incluso que en caso de disolverse la Universidad sus bienes pasarían en ese momento al Arzobispado de Lima, en clara demostración del gran cariño por la Iglesia y de que la propiedad no es de ésta sino de la Universidad. Esta relación fue cambiando en detalles a lo largo del tiempo, pero conservando el vínculo. Es así que en 1942 la Universidad adquirió el honor de ser pontificia por decreto de Pio XII al confirmarse su condición de universidad católica. Salvo por el uso de los emblemas pontificios al que la PUCP quedó facultada, nada cambió con relación a la propiedad de la Universidad ni a su naturaleza. El Decreto de Pio XII no modificó la propiedad ni podía hacerlo, pues se trata de una universidad privada, no de una escuela eclesiástica ni de una entidad pública de la Iglesia. Como dice el artículo 100º del Código Canónico de 1917, vigente en ese momento, las personas morales que son parte de la Iglesia sólo tienen un fin religioso o caritativo, lo cual ciertamente no es aplicable a la PUC.

Otro momento importante en la vida de la Universidad y de las escuelas superiores peruanas en general, fue cuando en 1969 se dio el Decreto Ley 17437 y afirmó la autonomía absoluta de las universidades en su gobierno, en lo administrativo y económico. La PUCP fue comprendida expresamente en esta norma y tuvo que adecuar su estatuto, alejándose un tanto la participación que hasta entonces tenía la Iglesia en la vida universitaria. Por decisión de la ley peruana las universidades quedaron impedidas de dar protagonismo en su gobierno a quienes no sean sus profesores, alumnos o graduados, así pues pese al enorme cariño y adhesión doctrinarios de la PUC hacia la Iglesia, tuvo que afirmar su autonomía, lo cual por cierto no tiene nada que ver con la propiedad de la Universidad la que siempre fue privada. El rol institucional de la Iglesia en la PUC no se explica por la propiedad, sino por la adhesión a los principios católicos los cuales se mantienen incólumes.

Hoy por hoy la autonomía universitaria es un mandato contenido en el artículo 18 de la Constitución. Ninguna universidad puede entregar o hacer partícipe directo de su administración a personas ajenas al claustro, sin importar su nombre o la vinculación histórica que tuviesen con entidades tan importantes como la Iglesia u otras. En tal sentido, la PUCP no puede ni debe entregar su gobierno y menos la elección de sus autoridades a una entidad que no es parte de la Universidad, pese a lo cual se conserva la relación en aquellos aspectos que son propios de su condición católica y de los que el estatuto da cuenta. Por eso existen 5 miembros de la Asamblea Universitaria que son designados por la Conferencia Episcopal y el Gran Canciller (Arzobispo de Lima), quienes ostentan cargos de honor con el propósito único de asegurar el lazo con la Iglesia en el aspecto que la vincula con la Universidad, fe y moral, no dominio ni gobierno. A través de los representantes del Episcopado y el Gran Canciller se asegura que la marcha de la Universidad, siendo autónoma y plural, conserve los valores de su fundación y la adhesión a los principios y doctrina católicos.

La batalla legal en todos los frentes constituye una carga para la Universidad que si bien no afecta su vida institucional, sí desgasta la relación con el Cardenal Cipriani. El señor Arzobispo de Lima desatiende el deber que Juan Pablo II impuso a los obispos en su relación con las universidades católica. Dice el numeral 28 de la Constitución Apostólica sobre esta materia: ?Los obispos tienen la particular responsabilidad de promover las Universidades católicas y, especialmente, de seguirlas y asistirlas en el mantenimiento y fortalecimiento de su identidad católica incluso frente a las Autoridades civiles. Esto se conseguirá más fácilmente estableciendo y manteniendo relaciones estrechas, personales y pastorales, entre la Universidad y las autoridades eclesiásticas, caracterizadas por la confianza recíproca, colaboración coherente y continuo diálogo. Aunque no entren directamente en el gobierno de las Universidades, los Obispos «no han de ser considerados agentes externos, sino partícipes de la vida de la Universidad Católica»?. Ojalá la reflexión acompañe las oraciones del Primado de la Iglesia en el Perú y recobre la confianza a través del diálogo directo, continuo y coherente, tal como encargó Juan Pablo II.