La minería no ha generado desarrollo o bienestar. Por el contrario, ha afectado negativamente derechos preexistentes.

Entre el 2008 y el 2010 Ramón Rivero se desempeñó como Coordinador Regional de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en Madre de Dios. Fruto de esa experiencia acaba de publicar, en coautoría con Alan Díaz, el libro La problemática minera y la experiencia del Consultorio Jurídico Gratuito de la SPDA en Madre de Dios (Lima: SPDA, 2012).

Madre de Dios no puede ser definida como una región minera. Su gran biodiversidad amazónica, tanto como las personas y actividades ligadas a ella con anterioridad al último boom de esta actividad así lo explican.

La actividad minera, sin embargo, se ha incrementado. Muestra de ello es el crecimiento de más del 50% de esta actividad en el PBI departamental. También ha aumentado su proporción sobre el territorio en un 9.69% a agosto de 2011. Un gran incentivo ha sido el asfaltado de la carretera Interoceánica Sur y la histórica subida en el precio internacional del oro. Mineral que alcanzó un precio récord en setiembre del 2011 a $1,923.20/oz.

Sin embargo, la minería no ha generado desarrollo o bienestar. Por el contrario, ha afectado negativamente derechos preexistentes y ha generado impactos ambientales, económicos y sociales alarmantes. Así, se configuran casos recurrentes de ciudadanías de baja intensidad, es decir, una situación donde los derechos no se pueden ejercer o se ejercen de forma incompleta; no obstante su reconocimiento constitucional.

Frente a esta situación, el Estado se ha esmerado por defender su principio de autoridad, dejando a la población local en medio del fuego cruzado que libra junto con los mineros ilegales. A ello se suma el pequeñísimo tamaño y poco perceptible alcance del Estado en Madre de Dios. Por ello los ciudadanos, lejos de toda capacidad de ejercer derechos o protegerlos, se cuestionan sobre su capacidad para ser titulares de ellos. Más aún si hablamos de poblaciones rurales e indígenas.

En una problemática en la que los factores socioambientales son preocupantes y con carácter difuso, frente a este cariz de “ejercicio de derechos” de la ciudadanía, cabe recordar aquel que implica la obligación, no solo del Estado, sino también de la sociedad de procurar al ciudadano dicho ejercicio.

El acompañamiento a la gestión estatal con información, vigilancia y propuesta favorece a mejorar las condiciones para ejercer derechos. En su caso, negar esta oportunidad contando con la posibilidad para hacerlo, contribuye a consolidar ciudadanías recortadas, en especial las de quienes se asumen como no afectados por problemáticas como esta; ¿las nuestras?

Descarga el libro La problemática minera y la experiencia del Consultorio Jurídico Gratuito de la SPDA en Madre de Dios.