Los retos urgentes: ¿quién cuida la cultura cuando nadie habla de ella?

El Perú es uno de los países con mayor diversidad en cuanto a cultura del mundo. También es uno de los que menos invierte en ella. Mientras México destina a subvenciones culturales un presupuesto 47.6 veces mayor que el nuestro y Chile, 29.2 veces más, el Perú gasta entre US$ 7 y US$ 8 millones anuales en ese rubro, según datos analizados por Santiago Alfaro, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y exviceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. La brecha es tan amplia que resulta difícil hablar de política cultural sin referirse, antes, a prioridad política.

El Ministerio de Cultura, creado en 2010, ha acumulado avances reales: estímulos económicos para las industrias creativas, políticas de interculturalidad, diagnósticos laborales del sector artístico y una infraestructura patrimonial que recibió más de tres millones de visitas en 2024. Pero los problemas estructurales persisten.

Creado en 2010, el Ministerio de Cultura ha acumulado avances importantes: estímulos económicos para las industrias creativas, políticas de interculturalidad, diagnósticos sobre las condiciones laborales de los artistas y una infraestructura patrimonial que recibió más de tres millones de visitas en 2024. Sin embargo, estos logros conviven con deudas estructurales que siguen pendientes. Por ejemplo, la última Cuenta Satélite de Cultura data de 2015, lo que dificulta medir con precisión el aporte económico del sector. Además, el 80% de las comunidades tituladas aún carece de georreferenciación, mientras que solo el 7.7% de la población visita museos anualmente, según la Enapres 2024, una cifra que permanece estancada. A este panorama se suma la aprobación, en junio de 2026, de la Ley N° 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú y que ha abierto un debate aún no resuelto sobre representación, reconocimiento y acceso al ejercicio artístico en el país.

La cultura necesita un piso, no solo un techo

Una de las coincidencias más claras entre Alfaro y Marilú Ponte, especialista en gestión cultural y derechos ciudadanos y directora de Asuntos Culturales PUCP, es que cualquier agenda seria debe partir de la institucionalidad. Ambos advierten que el Ministerio de Cultura no puede seguir operando con el menor presupuesto del gabinete ni estar expuesto a la amenaza de ser absorbido por otro sector.

En un gobierno de extrema derecha, es absolutamente posible que se elimine el Ministerio de Cultura, como ha pasado con Milei o con Noboa en Ecuador. Creo que ese es un tema que hay que discutir».

«El fortalecimiento de la gobernanza cultural con un enfoque comunitario y de descentralización es indispensable», señala Ponte. En su visión, el ministerio debe asumir un rol articulador frente a educación, economía, salud, desarrollo social y ambiente, y no puede operar como un silo. Alfaro va más lejos y pone un nombre al riesgo. «En un gobierno de extrema derecha, es absolutamente posible que se elimine el Ministerio de Cultura, como ha pasado con Milei en Argentina o con Noboa en Ecuador. Creo que ese es un tema que hay que discutir», sostiene. Ya hay señales: hace poco se eliminaron las Comisiones de Cultura y Patrimonio para el próximo congreso bicameral.

Ambos coinciden también en la necesidad de dar continuidad a la Política Nacional de Cultura al 2030 y de construir, sobre esa base, una nueva política de largo plazo elaborada con la sociedad civil. El problema de fondo es estructural: cada cambio de gobierno ha implicado nuevos ministros y prioridades, lo que ha impedido consolidar programas. «Desconocer o relegar estos instrumentos representaría un retroceso», sostiene Alfaro. «El desafío no es reemplazarlos, sino generar las condiciones políticas, presupuestales e institucionales que permitan implementar sus objetivos».

Patrimonio en riesgo, públicos ausentes

Según el INC, se calcula que el Perú tiene más de cien mil sitios arqueológicos. No obstante, solo el 10% cuenta con registro oficial de acuerdo con el Colegio de Arqueólogos del Perú. Esa precariedad, advierte Alfaro, facilita las invasiones y crea una inseguridad jurídica que no puede resolverse sin inversión y liderazgo político. El caso más reciente es ilustrativo: la destrucción del geoglifo de las Tres Espirales en Laredo, La Libertad, ocurrida en un contexto de expansión urbana e informalidad que ambos especialistas señalan como amenaza creciente.

El próximo gobierno tendría que ofrecer salvaguardas claras frente al tráfico de tierras, garantizando el uso adecuado del patrimonio y de las prácticas culturales frente a su instrumentalización como mercancía turística y comunicacional».

Ponte añade que el Archivo General de la Nación también está en riesgo: su traslado a una nueva infraestructura, según advirtió previamente la Dra. Magally Alegre, podría comprometer las condiciones de conservación de colecciones fundamentales para la memoria histórica del país. La clave, para Ponte, es entender el patrimonio como un derecho colectivo: «El próximo gobierno tendría que ofrecer salvaguardas claras frente al tráfico de tierras, garantizando el uso adecuado del patrimonio y de las prácticas culturales frente a su instrumentalización como mercancía turística y comunicacional».

Pero la protección del patrimonio tiene una segunda deuda: la formación de públicos. Alfaro señala que 11% de la población que visita museos es el tope histórico y que ese número no ha crecido desde 2016 a pesar de programas como Museos Abiertos. «No hay ningún área especializada en desarrollo de públicos, en marketing cultural del patrimonio. Todo está concentrado en la conservación o la exhibición. Pero ¿cuántas personas van al museo?». La estadística nacional dice que la principal razón para no asistir a espectáculos culturales no es el costo sino la falta de interés: un 56.1 % lo declara así para conciertos musicales. El problema, en ese sentido, no es la oferta. Es la formación de audiencias desde la escuela.

Artistas sin red: precariedad laboral y un colegio que divide

Uno de los diagnósticos más completos del Ministerio de Cultura, elaborado con información del Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes (Rentoca) con más de cuatro mil trescientos registros, confirma lo que el sector lleva años denunciando: alta informalidad, ingresos variables, ausencia de seguridad social y dependencia de proyectos temporales. Artistas, gestores, técnicos y portadores de saberes tradicionales trabajan, en su mayoría, sin protección laboral alguna.

Ponte pide que el próximo gobierno impulse una agenda específica que garantice «acceso a beneficios sociales, protección social, formación continua y conocimiento de los derechos de propiedad intelectual, complementando las políticas de incentivos económicos destinadas a las industrias creativas». Alfaro, por su parte, señala que la gran deuda pendiente es la Ley del Artista con régimen laboral especial: «Un bailarín de ballet termina su carrera a los treinta y cinco años. No tiene sentido que la jubilación esté marcada a los sesenta y cinco. Son condiciones distintas que el sistema previsional actual no reconoce».

No existe a nivel internacional un formato de creación de colegios profesionales para las artes. No es un mecanismo promovido por la Unesco ni por la cooperación internacional. Y fue creado sin participación ciudadana, incluyendo cláusulas de regulación de la actividad que van más allá de lo que establecen incluso los colegios de abogados o médicos. Es posible que sea un caballo de Troya del autoritarismo».

En ese contexto, la aprobación en junio de 2026 de la Ley N.° 32645 —que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú— ha generado una controversia que aún no se resuelve. Para Alfaro, es una señal de alerta: «No existe a nivel internacional un formato de creación de colegios profesionales para las artes. No es un mecanismo promovido por la Unesco ni por la cooperación internacional. Y fue creado sin participación ciudadana, incluyendo cláusulas de regulación de la actividad que van más allá de lo que establecen incluso los colegios de abogados o médicos. Es posible que sea un caballo de Troya del autoritarismo».

Ponte comparte la preocupación desde un ángulo distinto: para ella, el principal derecho en juego es la libertad artística frente a mecanismos que puedan derivar en censura o exclusión. Lo que el sector artístico necesita, sostiene, son mejores condiciones contractuales y reconocimiento de sus derechos de propiedad intelectual. A pocos días de promulgada la ley, la congresista Susel Paredes presentó un proyecto para derogarla, argumentando que vulnera la libertad de creación y discrimina a artistas sin formación académica formal: músicos tradicionales, artesanos y cultores de saberes ancestrales que nunca cursaron estudios superiores, pero sostienen una parte fundamental del patrimonio cultural vivo del país.

Industrias creativas: potencial sin política económica

El cine, la música, la animación, el diseño y los videojuegos han crecido en la última década, pero sin una política económica que los sostenga. Alfaro lo ilustra con un dato concreto: «Colombia destina alrededor de un 79% más recursos que el Perú a los estímulos para la actividad cinematográfica y audiovisual». El Perú carece de eventos propios de animación digital o videojuegos comparables con Pixelatl en México. Empresas peruanas producen animación para Marvel y Nickelodeon, pero migran a Panamá o Tenerife porque la doble tributación encarece el empleo de peruanos.

La producción cultural peruana tiene que guardar un adecuado equilibrio entre los desplazamientos por el interior y el exterior del país. Se necesita establecer rutas de circulación regional de los productos creativos, así como la implementación de una infraestructura cultural que se adapte a las necesidades del entorno».

Y, aun así, 85% del presupuesto de subvenciones del Ministerio de Cultura se concentra en el cine y el audiovisual, dejando con recursos muy limitados a la música, las artes escénicas y el libro. Por ejemplo, la historia de Los Mirlos es, para Alfaro, una lección de lo que se puede hacer con política de circulación: «Su internacionalización se debió a que supieron insertarse en el circuito de festivales europeos. Al circular en Europa fueron posicionándose hasta llegar a Coachella. Pero eso debería ser una política sistemática, no un logro aislado».

Ponte propone fortalecer las redes de colaboración entre artistas y gestores, y replicar modelos como los Puntos de Cultura y los Nodos Culturales como mecanismos para articular proyectos y evitar la dependencia de esfuerzos individuales. También pide ampliar las rutas de circulación regional, «porque la producción cultural peruana tiene que guardar un adecuado equilibrio entre los desplazamientos por el interior y el exterior del país. Se necesitan establecer rutas de circulación regional de los productos creativos, así como la implementación de una infraestructura cultural que se adapte a las necesidades del entorno». El Festival de Cine Selvático Flotante Muyuna, resultado del trabajo articulado entre gestores y comunidades amazónicas, es uno de los modelos que ella cita como replicable.

Cultura como cohesión: lo que nadie está prometiendo

Ningún partido político ha colocado la cultura en el centro de su propuesta electoral. Esto, para ambos especialistas, es el síntoma más revelador del problema. Como observó el profesor Víctor Vich en una reciente entrevista, nadie en la política peruana ha advertido el rol decisivo de la cultura para restaurar la vida social del país. Ponte lo suscribe: «La ciudadanía requiere pensarse como comunidad y no como la suma de individuos aislados, acostumbrados a formar parte de una sociedad marcada por la desigualdad, el racismo y la violencia de género».

Alfaro aporta evidencia empírica. En un estudio sobre el impacto social de la cinematografía financiada con recursos públicos, elaborado para el Ministerio de Cultura, se encontró que el público limeño que vio películas en aimara o quechua «no solamente apreció una película, sino terminó valorando el idioma. Hay el testimonio de una estudiante de la PUCP que decidió estudiar lingüística porque vio esas películas. Eso es impacto social». El consumo cultural, agrega, también reconecta a familias migrantes con su origen y amplía el capital social de las personas.

La cultura puede actuar en conjunto con la política educativa, a todo nivel, para formar ciudadanos empáticos, solidarios y con sentido de responsabilidad sobre el bien común».

Pero el Estado, advierte Alfaro, no tiene que liderar la programación cultural: tiene que crear las condiciones para que los ciudadanos ejerzan sus derechos. El modelo que propone es el de los proyectos de cultura y vida comunitaria, como el festival Fiteca en Comas, que involucra a los vecinos en la recepción de artistas, y genera vínculos duraderos entre el barrio y la producción artística. «Se requiere una política para proyectos como Fiteca, pues es, a través del fortalecimiento de comunidades, se siembran valores ciudadanos», dice. El riesgo opuesto —el dirigismo cultural, la política corporativista, el control de los jurados por actores vinculados al gobierno— es, para él, exactamente lo que el Colegio de Artistas podría terminar representando.

La agenda cultural pendiente en el Perú no se resuelve solo con más presupuesto, aunque más es imprescindible. Se resuelve, como señalan Alfaro y Ponte desde ángulos distintos, pero con diagnósticos que convergen, cuando el Estado asuma la cultura simultáneamente como derecho ciudadano, como herramienta de cohesión social, como activo para la protección del patrimonio y como industria capaz de generar empleo e innovación. Ponte señala que “la cultura puede actuar en conjunto con la política educativa, a todo nivel, para formar ciudadanos empáticos, solidarios y con sentido de responsabilidad sobre el bien común”. Eso requiere continuidad, institucionalidad y voluntad política. Las tres cosas que, en los últimos años, han estado ausentes más que el dinero.