Diálogos Universitarios 2026: la apuesta de la academia para construir consensos en tiempos de polarización

En medio de una coyuntura electoral marcada por la polarización y el desgaste institucional, abrir espacios de diálogo se ha vuelto una necesidad urgente. En ese contexto, surge Diálogos Universitarios 2026, iniciativa impulsada por Recambio en articulación con la Red Peruana de Universidades (RPU) y con el soporte de la PUCP. El proyecto —que contó con la coordinación general de Caleb Rojas Castillo (Recambio) y el soporte de Martín Carrillo, jefe de la secretaría técnica de la RPU— busca contribuir a la discusión pública a través de consensos construidos desde la academia, promoviendo una conversación más plural, rigurosa y descentralizada en el marco del actual proceso electoral. Los resultados se presentaron el martes 28 de abril en el auditorio Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Durante seis semanas de trabajo, especialistas de 13 universidades deliberaron sobre cuatro temas prioritarios para el país: seguridad ciudadana, educación superior, descentralización y democracia e institucionalidad.

Durante seis semanas de trabajo, especialistas de 13 universidades deliberaron sobre cuatro temas prioritarios para el país: seguridad ciudadana, educación superior, descentralización, y democracia e institucionalidad.

“La universidad no solamente tiene la misión de enseñar, sino de fomentar el espíritu crítico, la argumentación con rigor y respeto”, sostuvo Cristina Guerra, profesora de la UPCH. Asimismo, remarcó que las propuestas alcanzadas “no son naturalmente consensos cerrados, sino el inicio de un proceso mayor de reflexión e incidencia pública”.

En un momento en donde llegar a acuerdos que nos incluyan a todos y a todas a través del diálogo parece una tarea apenas posible, el camino recorrido nos muestra que no es solo viable, sino indispensable”.

En la misma línea, Augusto Townsend, director del proyecto Diálogos Universitarios 2026, destacó que la experiencia demostró que “el Perú sí puede ponerse a trabajar desde el diálogo para llegar a consensos”. Añadió que, pese a las diferencias ideológicas o territoriales, los docentes participantes lograron sentarse a conversar y construir propuestas comunes sobre los principales desafíos nacionales.

El rector de la PUCP, Dr. Julio del Valle, también resaltó el valor del proceso en un contexto político marcado por la confrontación. “En un momento en donde llegar a acuerdos que nos incluyan a todos y a todas a través del diálogo parece una tarea apenas posible, el camino recorrido nos muestra que no es solo viable, sino indispensable”, señaló.

Seguridad ciudadana: políticas basadas en evidencia y enfoque territorial

El bloque de Seguridad ciudadana, facilitado por Nuria Esparch, exministra de Defensa, abordó la necesidad de repasar las estrategias de seguridad desde una mirada territorial, preventiva y basada en evidencia. Junto a Esparch, presentaron los consensos los especialistas Elky Villegas, profesor de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), y Frank Díaz, profesor de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), quienes coincidieron en que la respuesta al problema no puede limitarse a endurecer leyes o aumentar operativos.

Uno de los principales consensos fue incorporar un enfoque de política criminal sustentado en evidencia y con diferenciación territorial, porque las problemáticas de seguridad no pueden abordarse con una única estrategia para todo el país”.

Los consensos principales abordados fueron la reforma institucional del sistema de seguridad y justicia, fortalecimiento de la profesionalización policial, la coordinación entre instituciones y la gestión estratégica de resultados. También se propuso incorporar un enfoque de política criminal y marco normativo, sustentado en evidencia y diferenciación territorial, reconociendo que las problemáticas de seguridad cambian según cada región y contexto local.

La mesa también planteó fortalecer la prevención integral de la violencia, impulsar estándares mínimos para espacios públicos seguros, y desarrollar sistemas de información y observatorios ciudadanos desde la academia.

“¿Cómo es posible que la política de seguridad ciudadana no se base en evidencia? Uno de los principales consensos fue incorporar un enfoque de política criminal sustentado en evidencia y con diferenciación territorial, porque las problemáticas de seguridad no pueden abordarse con una única estrategia para todo el país”, señaló Nuria Esparch durante la presentación de resultados. La exministra, además, destacó que la universidad puede aportar en análisis criminal, producción de datos, generación de evidencia y validación de políticas públicas.

Para Frank Díaz, uno de los aprendizajes centrales fue entender que la seguridad ciudadana no puede construirse sin ciudadanía. “La importancia de estos diálogos es fundamental para que quienes toman decisiones puedan escuchar a la academia”, señaló.

Educación superior: calidad, ciudadanía y responsabilidad social

El bloque de Educación superior, facilitado por Augusto Townsend, discutió cómo fortalecer el sistema universitario desde una perspectiva de calidad, inclusión y responsabilidad social. Participaron docentes de distintas universidades, entre ellos Sheila Vilela (USAT) y Álvaro Calado (UPCH).

Entre los principales consensos se planteó compatibilizar la autonomía universitaria con estándares de calidad, fortalecer la formación docente, transparentar indicadores de empleabilidad y reforzar la responsabilidad social universitaria como parte central de la formación.

La existencia de un sector universitario sólido permite que una nación genere capital humano, conocimiento e investigación».

Asimismo, se discutió la necesidad de que las universidades no solo formen profesionales, sino ciudadanos con pensamiento crítico y compromiso con el entorno social. Otro de los temas centrales fue la importancia de garantizar mejores condiciones de soporte integral para estudiantes provenientes de distintas regiones del país.

Townsend explicó que la discusión partió de una idea fundamental: la educación superior es un bien público. “La existencia de un sector universitario sólido permite que una nación genere capital humano, conocimiento e investigación”, afirmó.

Por su parte, Sheila Vilela destacó que el proceso permitió escuchar realidades distintas y comprender la diversidad del país. “Fortalecimos la capacidad de escucha. A veces, creemos que lo que vivimos es la única realidad que existe y no es así”, señaló. Además, remarcó que la universidad debe generar impacto real en la sociedad y preguntarse “qué estamos haciendo con tantas tesis guardadas”.

Descentralización: diálogos universitarios para construir Estado desde los territorios

El bloque de Descentralización, facilitado por Iván Lanegra, jefe de la Oficina de Actualidad y Coyuntura de la PUCP, abordó uno de los desafíos estructurales más complejos del país: cómo construir un modelo de gestión pública que responda realmente a las necesidades de los territorios y reduzca las brechas entre regiones. Lo acompañaron Erika Velásquez, profesora de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), y Leyli Aguilar, profesora de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

Uno de los principales consensos fue la necesidad de replantear el sistema de financiamiento territorial y revisar mecanismos, como el canon y el Foncomún, debido a que actualmente generan incentivos que terminan fragmentando la gestión pública. “Hay que iniciar un proceso de conversación política, porque estos sistemas tocan un conjunto de intereses que son difíciles de cambiar”, señaló Lanegra.

Hay que iniciar un proceso de conversación política, porque estos sistemas tocan un conjunto de intereses que son difíciles de cambiar”.

La mesa también discutió la necesidad de fortalecer capacidades estatales en gobiernos regionales y municipales, así como recuperar una rectoría nacional más sólida para conducir el proceso de descentralización. Otro de los temas centrales fue el desarrollo territorial y la integración entre zonas económicas y sociales que hoy permanecen administrativamente fragmentadas, dificultando la provisión de infraestructura y servicios.

Asimismo, se enfatizó la urgencia de repensar la planificación pública y mejorar la coordinación entre niveles de gobierno para cerrar brechas en acceso y calidad de servicios públicos. Para Lanegra, todos estos cambios requieren fortalecer también la representación política y la rendición de cuentas a nivel subnacional. “Todo ese proceso requiere liderazgo político”, sostuvo durante la presentación de consensos.

Democracia e institucionalidad: salir del diagnóstico y construir propuestas

El bloque de Democracia e institucionalidad, facilitado por nuestra egresada y directora ejecutiva de Recambio, Gabriela Vega Franco, trabajó sobre uno de los temas más sensibles del contexto actual: la crisis de representación, el debilitamiento institucional y la erosión de la confianza democrática. Acompañaron a Vega, los docentes Jorge Jáuregui, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Homero Quiroz, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. “Creo que la primera victoria ha sido salir del diagnóstico y avanzar hacia la idea de generar propuestas concretas”, afirmó Vega al presentar los resultados del grupo.

Las discusiones se organizaron en torno a cuatro ejes: equilibrio y separación de poderes, lucha contra la corrupción, liderazgo y representación política, y ciudadanía y cultura democrática. Entre las propuestas destacaron el rediseño de mecanismos de control político, la precisión de la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral y el fortalecimiento de la capacidad presidencial para observar leyes aprobadas por el Congreso.

La formación cívica y democrática debe estar dentro del sistema universitario con énfasis en el pensamiento crítico, la defensa de la democracia, el pluralismo y la no discriminación”.

La mesa también reflexionó sobre la debilidad de los partidos políticos, la fragmentación política y la desconexión entre ciudadanía e instituciones. En ese marco, se propusieron medidas para fortalecer la democracia interna de las organizaciones políticas, promover elecciones primarias más exigentes y reforzar la formación ciudadana.

Otro de los consensos centrales fue que la reconstrucción democrática no depende únicamente de reformas legales, sino también de cambios culturales y educativos. “La formación cívica y democrática debe estar dentro del sistema universitario con énfasis en el pensamiento crítico, la defensa de la democracia, el pluralismo y la no discriminación”, señaló Vega.

Finalmente, la facilitadora destacó el valor del trabajo interdisciplinario y descentralizado desarrollado durante las seis semanas de diálogo. Para ella, uno de los principales logros fue demostrar que personas con trayectorias, disciplinas y posiciones distintas sí pueden construir acuerdos mínimos para pensar el futuro democrático del país.

La segunda etapa de Diálogos Universitarios: incidencia y construcción de un proyecto país

Tras la culminación de esta primera fase, los organizadores anunciaron el inicio de una etapa de incidencia pública orientada a acercar los consensos y propuestas construidas durante los diálogos a actores políticos, autoridades y ciudadanía.

En el cierre del encuentro, el rector de la UPCH, Dr. Enrique Castañeda, destacó el valor del proceso y el potencial transformador de las universidades en la construcción de acuerdos nacionales. “Sí hay esperanza de cambiar el país. Espero que con estos Diálogos Universitarios podamos avanzar a construir lo que llama un proyecto país”, afirmó.

A esa reflexión se sumó el rector de la PUCP, Julio del Valle, quien remarcó que el reto recién comienza. “Viene ahora una tarea crucial: incidir en las próximas autoridades electas”, señaló. Añadió que ello implica “replicar este camino con confianza, tender puentes, animar nuevos espacios de diálogo e involucrar a actores de todo el país”. Para Del Valle, las universidades deben consolidarse como “un aliado confiable y comprometido en la ruta hacia la afirmación de un país democrático que brinde oportunidades a cada peruana y a cada peruano”.

Con ello, Diálogos Universitarios 2026 cierra una primera etapa de deliberación académica y abre una nueva fase orientada a que las propuestas construidas colectivamente no queden solo en el debate universitario, sino que puedan incidir en la discusión pública y en las decisiones que marcarán el futuro del país.