Desde Condorcanqui, Amazonas, Rosemery Pioc Tenazoa hizo pública una de las realidades más tristes y silenciadas de nuestro país: la violencia sexual que padecen niñas y adolescentes indígenas en los colegios de esta región. Pioc y el Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY), hicieron públicos los 524 casos de abusos sexuales cometidos por profesores. Esta realidad no solo evidenció de manera cruda el abandono estatal, sino también cómo el racismo sistémico persiste en nuestro país. En este contexto, además, dos ex ministros calificaron estos delitos como “prácticas culturales”, exponiendo, una vez más, cómo se relativiza el dolor indígena.
A un año de esta denuncia que conmovió al país, PuntoEdu conversó con la lideresa awajún, quien continúa firme en su lucha de exigir justicia pero sobre todo protección para las niñas y adolescentes. Su testimonio se da en el marco del seminario La justicia en debate: la interculturalidad ante la violencia de género, evento organizado por la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP), el Poder Judicial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y ha sido financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica).
La voz de Pioc es una voz de resistencia y un llamado a pensar que la interculturalidad solo será posible cuando el Estado escuche a las mujeres amazónicas.
Avances y retrocesos
A un año de las denuncias que usted y el Consejo de Mujeres Awajún-Wampis hicieron públicas —que involucraban a 524 menores de edad abusadas por docentes y trabajadores educativos—, ¿cuál es la realidad hoy?
El panorama no ha mejorado. Desde la denuncia del 6 de junio de 2024 hasta hoy, hemos registrado 90 casos nuevos de violencia sexual. Este año, ya son más de 60 los reportados y eso solo contando los que se denuncian; los que no llegan a conocerse triplican esa cifra. Mientras el Estado venía con ministros y funcionarios viajando a nuestras comunidades; en el territorio, la violencia nunca paró. El Estado dice haber destinado más de S/ 20 millones para atender la emergencia en Condorcanqui, pero en la práctica no vemos resultados. Se firman papeles, se toman fotos, pero el apoyo no llega. Por eso, decidimos no quedarnos de brazos cruzados.
Resistir no es solo aguantar, es actuar. Es defender la vida, el territorio y la dignidad de nuestras niñas».
Hoy, ¿cómo se organiza la asociación?
Somos una red de 17 defensoras comunitarias que se encuentran en puntos estratégicos del territorio awajún y wampis. Estas mujeres nos alertan sobre casos, acompañan a víctimas y, muchas veces, arriesgan su vida para hacerlo. Trasladar a una niña abusada puede tomar ocho horas de viaje. Muchas veces no tenemos ni cómo pagar la gasolina, pero igual llegamos.
Ustedes, además, han creado la Red de Mujeres Tejiendo Resistencia. Cuéntenos cómo nace esta iniciativa.
La red nació de la indignación. Yo era docente y veía los casos repetirse, sin justicia. En 2024, decidimos organizarnos formalmente. Hoy somos más de 75 mujeres socias y 17 lideresas defensoras. Muchas son artesanas, agricultoras o ceramistas; trabajamos para que se empoderen económicamente. Si una mujer tiene recursos, puede defenderse y proteger a otras.
Como organización, formamos una red de 17 defensoras comunitarias distribuidas en puntos estratégicos del territorio awajún y wampis. Son mujeres que alertan sobre casos, acompañan a víctimas y, muchas veces, arriesgan su vida para hacerlo».
Recuerdo cómo una de nuestras compañeras logró vender sus productos en una feria y con ese dinero pudo trasladar a su nieta —una niña de cinco años que había sido violentada— a la provincia para denunciar. Ese hecho nos confirmó que la autonomía económica también salva vidas.
Sin justicia ni protección: la lucha de Rosemery Pioc
Usted ha denunciado que muchos agresores siguen libres. ¿Qué ha pasado con esos casos?
Muy pocos están presos. Dos o tres, como máximo. Los conocemos. Los vemos. Algunos profesores que fueron retirados siguen trabajando en la frontera o en las oficinas de la UGEL. Incluso cobrando sus sueldos. Es indignante. Los trasladan, los “premian” con otros cargos y los niños se quedan sin maestro. Yo los he enfrentado cara a cara. Cuando me ven, se esconden. Pero los tenemos identificados. El Ministerio de Educación no lo ve o no quiere verlo. Así es la impunidad: se protege al agresor y se castiga a quienes denunciamos.
Nosotras hemos pedido un reconocimiento oficial para las defensoras que nos dé legitimidad y protección. No queremos medallas, queremos garantías para seguir trabajando. Varias compañeras han sido amenazadas por denunciar y aun así no paramos.
Nosotras hemos pedido un reconocimiento oficial para las defensoras que nos dé legitimidad y protección. No queremos medallas, queremos garantías para seguir trabajando».
Una de sus metas es construir un albergue temporal para niñas sobrevivientes. ¿En qué estado está ese proyecto?
Ya empezamos. Tenemos la base construida y un pequeño apoyo de Amazon Watch para continuar. Antes hospedábamos a las niñas en hoteles, con ayuda de la Policía para resguardarlas, pero eso no es sostenible. Necesitamos un espacio propio donde puedan sentirse seguras, estudiar y recibir atención psicológica.
Algunas niñas no quieren volver a casa porque sus agresores viven allí, incluso con consentimiento de los padres. Otras tienen VIH o embarazos forzados. No hay atención médica suficiente. Por eso, ese albergue es urgente: es cuestión de vida o muerte.
La educación intercultural solo será real cuando se escuche a las comunidades y se forme a docentes desde nuestros territorios».
Educación sin interculturalidad
Usted critica que el Estado hable de educación intercultural, pero sin aplicarla realmente. ¿A qué se refiere?
Porque la interculturalidad que se promueve es solo en papeles. En los colegios bilingües de nuestro territorio, los docentes, muchas veces, no hablan awajún o wampis. Llegan de Piura, Cusco o Trujillo sin conocer la cultura, la cosmovisión o el idioma. ¿Cómo van a enseñar si no entienden a sus estudiantes?
Antes, la educación nacía en las comunidades. Los sabios, los padres y las madres eran parte de esa educación. El Estado ha cortado ese vínculo. La educación intercultural solo será real cuando se escuche a las comunidades y se forme a los profesores en nuestros territorios.
¿Qué debería tener ese “diálogo intercultural real” que usted reclama?
Empieza por escuchar. El Estado llega con propuestas desde arriba, sin conocer la realidad. No se puede construir política pública sin la voz de quienes viven la violencia. Si el diálogo no nace del territorio, no servirá.
Nosotras queremos una mesa técnica intercultural con presupuesto real, donde participen mujeres, organizaciones y sabios locales. Y que no sea solo una declaración. Queremos que se tomen decisiones vinculantes, que haya seguimiento. Mientras ellos discuten en Lima, en nuestras comunidades, se siguen violando a las niñas.
Cuando la justicia formal falla, ¿la justicia comunal funciona?
Ambas fallan. Ni la justicia comunal ni la ordinaria están resolviendo los casos. Los apus y líderes tienen estatutos comunales, pero casi nunca incluyen los temas de violencia sexual. El Convenio 169 de la OIT habla de derechos humanos, no de impunidad.
Yo siempre digo: “¿Dónde dice en ese convenio que podemos violar a los niños?”. En ninguna parte. Entonces, si queremos un cambio real, el diálogo debe incluir a apus, federaciones, mujeres, sabios y el Estado. Solo con un lenguaje común y acuerdos podremos frenar esta violencia.
Salud, contaminación y nuevas violencias
Usted ha mencionado también otros problemas graves, como el VIH y la contaminación ambiental.
Sí. Condorcanqui está en estado de emergencia por tres razones: violencia sexual, desnutrición y contagios de VIH en aumento, sobre todo en jóvenes. Pero el Estado se limita a declarar emergencias sin trabajar en el origen del problema.
Nuestros niños toman agua contaminada por derrames de petróleo y minería ilegal. Muchos agresores retirados de los colegios se han ido a trabajar a la minería, donde también hay niñas explotadas. Hemos visto dragas custodiadas por menores; los usan como escudos humanos. A veces, los retienen, los hacen trabajar o abusan de ellos. Antes hablábamos de violencia contra mujeres; ahora vemos niños varones violentados también. Es una crueldad sin límites y mientras tanto el Estado sigue mirando a otro lado.
No queremos discursos, sino acciones articuladas. Cuando la Policía, la Fiscalía y nosotras trabajamos juntas, los resultados cambian».
¿Qué soluciones propone usted para revertir esta realidad?
Primero, trabajo conjunto. No queremos discursos, sino acciones articuladas. Cuando la Policía, la Fiscalía y nosotras trabajamos juntas, los resultados cambian. En una ocasión formamos una caravana para rescatar a una niña; viajamos todos en una chalupa. Funcionó.
También necesitamos acompañamiento permanente en los colegios. Con apoyo de la Unesco, logramos estar cinco meses en cuatro escuelas donde había mayor índice de violencia. Las niñas nos decían: “Cuando ustedes están aquí, nadie nos acosa”. Eso demuestra que la presencia sostenida, con enfoque de género y cultura, funciona.
En noviembre, tendremos un encuentro con más de 50 jóvenes sobrevivientes de violencia. Queremos escucharlos y empoderarlos, porque el cambio empieza con ellos. “No dejen de estudiar”, les decimos, “su educación también es resistencia”.
La resistencia de Rosemery Pioc
Usted ha recibido amenazas. ¿Qué la sostiene para seguir?
La fuerza me la dan los niños. A veces, me mandan videos diciendo: “Profesora, no te rindas”. Eso me da energía. No somos heroínas, somos humanas, pero sabemos que si callamos, nadie nos escuchará.
¿Cómo llegó a esta lucha, profesora?
Mi historia viene de mi madre, una gran lideresa. Ella me enseñó que servir es resistir. Empecé como maestra a los 18 años, denunciando casos de abuso en los colegios. Fui directora, subprefecta y siempre denuncié. Me sancionaron, me sacaron del magisterio, pero eso me liberó. Ahora puedo hablar sin miedo.
Usted usa mucho la frase “Si existimos, es porque resistimos”…
Así es. Resistir no es solo aguantar, es actuar. Es defender la vida, el territorio y la dignidad de nuestras niñas. Porque cuando se daña el territorio, también se daña a las mujeres.



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