Este 28 de agosto se inaugura el XVIII Encuentro de Derechos Humanos, organizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). En esta edición, que lleva como título «Ciudadanos con Memoria», se conmemora el vigésimo aniversario (28 de agosto de 2003) de la presentación pública del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Esta conmemoración se realizará a través de un conjunto de reflexiones sobre lo que significó el proceso oficial de búsqueda de la verdad sobre el conflicto armado interno, así como las implicancias de las lecciones del pasado sobre la compleja actualidad del país.

La investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno de los años 1980 y 2000, así como las circunstancias que hicieron posible la violencia y la impunidad son esenciales para la comprensión del Perú actual y de la crisis que atraviesa el orden democrático. Sin embargo, existe un gran desconocimiento de todo ello, así como una profunda incomprensión sobre el trabajo que realizó la CVR en la recuperación de la verdad. Ese desconocimiento, lamentablemente, no alcanza solamente al público general, sino también a quienes desempeñan papeles de relevancia en la vida política del país e incluso en el mundo universitario.

Una agenda pendiente

Por ello, este encuentro, que se inaugura en pocas semanas, tiene como objetivo mantener vigente el conocimiento y la reflexión sobre ese periodo trágico de nuestra historia reciente, principalmente entre nuestra comunidad académica.

Es fundamental tener claridad, en primer lugar, sobre cuáles fueron los hechos: las acciones de los actores armados, los crímenes que perpetraron, las decenas de miles de víctimas que produjeron, la destrucción y la zozobra que afectaron a centenares de poblaciones rurales y urbanas. Además de los hechos, conocer la verdad implica, también, tener una interpretación razonable y sustentada sobre los factores que lo hicieron posible. Por ello, al hablar de factores históricos, políticos, institucionales o culturales, entre otros, no equivale en ningún caso a negar o mitigar las responsabilidades de los perpetradores concretos como Sendero Luminoso o el MRTA, o las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Pero, más allá de esas responsabilidades, hay un contexto social y estatal que hizo posible la expansión de la violencia, y que esta alcanzara niveles tan elevados de atrocidad. Es ese mismo contexto el que hizo que la población estuviera tan desprotegida y vulnerable, y que hubiera tanta impunidad.

Entender estos factores era necesario para emprender las transformaciones que permitieran superar las secuelas de la violencia, que garantizaran que no se repitan los hechos, y que condujeran a perfeccionar y hacer la democracia más inclusiva y durable. Hoy sabemos que esas transformaciones no fueron emprendidas y siguen pendientes. Asimismo, la crisis en la que actualmente se debate el país es, en cierta medida, un reflejo de esas serias omisiones.

Las reflexiones que proponemos en los diversos paneles que componen el XVIII Encuentro de Derechos Humanos están dirigidas, precisamente, no solo a rememorar el pasado sino a entender los puentes entre ese pasado y nuestro presente. Pero, además de eso, este encuentro es un homenaje a las miles de víctimas que todavía no encuentran justicia ni reconocimiento.