Primero, el que todo sistema de pensiones deba ser sostenible significa que el sistema, en su conjunto, debe ser capaz de mantenerse por sí mismo, sin merma de recursos (¿ahorros?) preexistentes y sin ayuda (¿subsidio?) de terceros ajenos al sistema.

Por ejemplo, si una persona gastara continuamente más que lo que gana, su estilo de vida se basaría en la insostenibilidad: primero, devoraría todos los ahorros que pudiera haber tenido y, luego, se endeudaría hasta quebrar por sobreendeudamiento, si es que un tercero, gastando menos que lo que gana, lo «ayuda» persistentemente. A nivel macro, ocurre lo mismo.

¿Cómo entonces se debería financiar un sistema de pensiones para un grupo de personas sin recurrir al subsidio (ayuda) persistente de terceras personas? Se tiene que financiar necesariamente con los ingresos que se obtengan por aportes de los propios futuros pensionistas de ese sistema de pensiones. Si los aportes fueran muy bajos o se realizaran por muy poco tiempo, el sistema devendría en insostenible.

Segundo, el que todo sistema de pensiones deba ser equitativo significa que debe estar diseñado con una clara vocación por el respeto de la más básica noción de justicia natural. Diferenciar entre justicia y legalidad es muy importante porque en no pocos casos la legalidad no solo es arbitraria sino que, a veces, incluso deviene en injusta, razón por la cual debe ser rectificada (para que no sea injusta con los demás). Que cada quien reciba en proporción a lo que haya aportado es un simple acto de justicia natural.

Así, si una persona guarda más que otra persona, es natural que al final una tenga acumulado más que la otra. O si una persona guarda cada mes lo mismo que otra, pero lo hace persistentemente durante más meses, también es natural que al final una acumule más que la otra. En eso se basa el esquema de ahorro más simple. Y a nivel macro, con los sistemas de pensiones, pasa lo mismo.

Entonces, ¿por qué un grupo de personas que haya aportado en total menos podría tener «derecho» a recibir una cantidad mayor que la que le corresponde? Puede que algún legislador haya declarado ese «derecho» legal, pero en el fondo es inequitativo, no es justo con los demás. Si el Estado pone la diferencia, eso significa que lo cobrará a todos los demás mediante impuestos o con inflación (un impuesto particularmente más injusto).

Y tercero, la creciente insostenibilidad e inequidad de varios de los actuales sistemas de pensiones solo ha sido posible generarlas y ocultarlas gracias a la total falta de transparencia con la que han sido aprobadas y manejadas hasta ahora. La transparencia, en cambio, promueve la rendición de cuentas de los legisladores y evita que las autoridades aprueben cambios a espaldas del escrutinio público.

Nunca debe perderse de vista que, en el fondo, todo sistema de pensiones finalmente es un sistema de ahorro contractual, ya sea individual o colectivo.

Así las cosas, es fácil deducir que mantener el mecanismo denominado «cédula viva» es perjudicial para todos los que no tienen ese «derecho». Sin embargo, derogar el esquema de «cédula viva» no es condición necesaria ni suficiente para acabar con la inequidad y la insostenibilidad. De hecho, ese sistema podría ser rediseñado de un modo mucho más sostenible y equitativo: si se quiere recibir una jubilación equivalente al 100% de los ingresos promedio efectivamente recibidos cuando se trabajaba, en términos constantes, probablemente habría que trabajar y aportar no menos de 50 años, si la esperanza de vida promedio se mantiene en 75 años y la tasa de aporte fuera 10% de los ingresos.