Los recientes hechos de protesta de los mineros informales o ilegales, con tomas de ciudades (como las de Juliaca en la región de Puno, o Puerto Maldonado, en la región de Madre de Dios) o la paralización de grandes ciudades (como Lima, Arequipa o Cusco) muestran la complejidad de un problema social que continúa acrecentándose. Más allá de las críticas y rechazo generales que muestran los medios de prensa, donde se identifica a todos como ilegales o delincuentes, conviene reflexionar sobre el sujeto o la persona que toma parte de estas protestas. Aprovechando un reciente viaje a la región de Puno (marzo, 2014), nos permitimos reflexionar la situación del minero informal o ilegal en la región relacionándolo con la situación de sus derechos y obligaciones.

Los jóvenes de 18 a 22 años, con estudios secundarios recién terminados, se unen con otros jóvenes mayores de 25 a 30 años que conocen ya de la actividad minera, para juntos viajar a la zona de extracción informal o ilegal de La Rinconada, Ananea, San Juan del Oro, Cojata, u otro centro poblado de extracción minera. Pero también puede ocurrir que los jóvenes sean contratados en la ciudad de Juliaca por empresas contratistas también informales o ilegales.

Estos jóvenes trabajadores mineros laboran bajo diferentes modalidades. La más común es el trabajo sin remuneración durante un determinado número de días (6 o 14 días de la semana o de la quincena, por ejemplo) a cambio de un día de extracción libre del mineral en el mismo yacimiento. Esta modalidad no les reconoce derechos laborales constitucionales, como el derecho a una jornada de ocho horas, a la seguridad y a la salud. A cambio pueden percibir ingresos que oscilan entre 5 mil y 40 mil soles mensuales, por persona, dependiendo de la veta que consigan encontrar el día que tienen libre a su favor como pago y el rol que desempeñan por su experiencia en todo el proceso de extracción.

El empresario minero informal o ilegal es, de otro lado, el titular o el testaferro titular de otro empresario de una o más cuadrículas de denuncio minero quien contrata o acoge, con todas las limitaciones de derechos y obligaciones, al trabajador minero. Puede estar presente en el yacimiento minero para fiscalizar el trabajo de extracción o limpieza del mineral, proveyendo de herramientas, instrumentos e insumos al trabajador minero o puede monitorear su titularidad a través de personas de su confianza. Por esa titularidad y el trabajo personal o indirecto que realiza, puede percibir ingresos que oscilan entre 50 mil y 500 mil soles mensuales, dependiendo también de la veta del mineral encontrada por los trabajadores.

Ambos, trabajador y empresario minero informal o ilegal no reparan que los lagos, ríos o riachuelos reciben los desechos de su trabajo (normalmente lavan los minerales extraídos para seleccionar el oro, pero también pueden usar mercurio, cianuro y arsénico). Tampoco reparan en la salud del trabajador que se introduce cientos de metros en el socavón y 40 o 50 metros bajo tierra respirando los gases letales para la extracción del mineral. Igualmente no se tiene en cuenta la salud del trabajador que manipula el mercurio u otra substancia para purificar el oro. El efecto final es la contaminación de ríos y lagos, como el río Ramis y el lago Titicaca, daños en la agricultura y ganadería de las comunidades quechuas y aymaras que se encuentran al lado de estos ríos y lagos, y la destrucción lenta de la salud de los trabajadores que en pocos años adquieren enfermedades respiratorias, dolores de cabeza o cáncer, sin contar los efectos inmediatos como la sordera o enfermedades de la piel. Más de 50 mil personas de la región, entre los que destacan los jóvenes, se desenvuelven al lado de esta actividad extractiva informal o ilegal y sus enfermedades, pero son más de 500 mil comuneros que reciben los daños indirectos de la misma actividad.

¿Qué hacer bajo esta situación de derechos y obligaciones informales o ilegales entre trabajadores y empresarios mineros y sus efectos negativos en las comunidades?

Lee la segunda parte en Derechos y obligaciones de mineros informales en Puno (2).