Una de las mayores dificultades al momento de aplicar medidas para disminuir los contagios de la COVID-19 en América Latina -como la inmovilización social obligatoria- es la alta tasa de la población que se encuentra en la economía informal. ¿Cuáles son las estrategias claves para abordar esta situación?

La pandemia actual no solo está teniendo consecuencias sanitarias críticas sino también impactos socioeconómicos muy severos, sobre todo en familias que trabajan en el sector informal a nivel urbano y rural. Muchos países de la región han respondido de manera eficaz y rápida dentro de los parámetros de su espacio fiscal. Una de las maneras más efectivas es el uso de programas de protección social ya existentes, a través de instrumentos de protección de empleo, legislación para teletrabajo o programas de transferencias monetarias.

Pero creo que, al margen de esta respuesta, la crisis ha evidenciado dos puntos ligados al sector informal en la región: es heterogéneo, pues existen grupos con características y vulnerabilidades muy particulares que necesitan respuestas diferenciadas -por ejemplo, el sector de la economía del cuidado-; y, por otro lado, revela las brechas y retos de los sistemas de protección social. Uno de ellos es la fragmentación que tienen, pues no están articulados con otros sectores para responder de manera efectiva a los diferentes grupos de la población. Por ejemplo, seguimos viendo brechas en cómo atender al sector que llamamos medio invisible o nivel intermedio ausente -como los trabajadores independientes-, el cual, al no encontrarse en extrema pobreza, no siempre es elegible para participar en un programa de asistencia social. Este es un momento clave en el que deberíamos tomar la oportunidad y apuntar a innovar e identificar respuestas y diseños específicos para dichos sectores.

La crisis ha evidenciado dos puntos ligados al sector informal en la región: es heterogéneo, y revela las brechas y retos de los sistemas de protección social».

En ese sentido, ¿cuáles son las estrategias que viene realizando Unicef respecto a los niños y adolescentes cuyas familias se encuentran en el sector informal?

La pandemia resaltó la importancia de la economía del cuidado, así como de las respuestas diferenciadas para hombres y mujeres. En este contexto, tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo 4 áreas clave que nos parecen importantes para el desarrollo infantil y adolescente.

En primer lugar, las transferencias monetarias para la niñez, enfocándonos en fortalecer vínculos con servicios sociales de salud, nutrición y estimulación temprana, así como también programas económicos y productivos; promoción para que se brinde una licencia remunerada de maternidad y paternidad; apoyo a la lactancia materna dentro de las horas laborales; y el impulso de servicios accesibles y de calidad para el cuidado de los niños, desde que termina la licencia de los padres hasta que ingresan al colegio.

Uno de nuestros objetivos principales es asegurar que todo niño, al margen de dónde nace, pueda tener la misma oportunidad para desarrollarse».

En una reciente executive board, usted comentaba que la protección social tiene el poder de transformar la vida de los niños. ¿Cuál es el papel que está llevando a cabo Unicef en este aspecto en América Latina y, en general, qué acciones viene realizando para apoyar a la región frente a la pandemia?

Hemos venido trabajando durante muchos años en apoyar el diseño, implementación y evaluación de programas nacionales de protección social a nivel global. Uno de nuestros objetivos principales es asegurar que todo niño, al margen de dónde nace, pueda tener la misma oportunidad para desarrollarse.

Un pilar muy importante al momento de reducir la pobreza infantil es la protección social. Esta tiene resultados en términos de acceso a educación, salud, nutrición, así como en la potenciación de la capacidad económica de las familias, entre otros. El enfoque multisectorial de Unicef en protección social está basado en un marco de derechos, así como en la evidencia que existe sobre su impacto. Trabajamos fuertemente en abogar para que se brinden, continúen o amplíen los apoyos a los hogares con niños, niñas y adolescentes, que en esta coyuntura son particularmente críticos: había una incidencia de pobreza superior al de la población adulta desde antes del inicio de la pandemia y, en el actual contexto, se está agravando.

Trabajamos fuertemente en abogar para que se brinden, continúen o amplíen los apoyos a los hogares con niños, niñas y adolescentes, que en esta coyuntura son particularmente críticos».

De no actuarse ahora, mediante respuestas de protección social, el impacto será no solo en la actual generación sino incluso en la siguiente, ya que la pobreza infantil tiene más probabilidad de volverse permanente y transmitirse intergeneracionalmente.

En el contexto de la COVID-19, hemos seguido apoyando a los diferentes países a poder generar nuevos programas para poblaciones que no estaban incluidas dentro de registros de protección social y flexibilizar un poco el sistema de cada país para poder hacer una expansión horizontal o vertical. Es decir, alcanzar a más participantes pero también realizar un trabajo sistemático a fin de que se pueda responder de manera más inmediata a posibles futuras emergencias.

De no actuarse ahora, mediante respuestas de protección social, el impacto será no solo en la actual generación sino incluso en la siguiente».

Uno de los sectores más vulnerables, en distintos países de América Latina, es el de los migrantes y refugiados. ¿Qué políticas sociales se podrían aplicar en la región respecto a este sector en el contexto de la pandemia?

En este contexto, hay muchos niños refugiados o migrantes que están siendo fuertemente impactados por los impactos de la pandemia. Alrededor del mundo, muchos de ellos ya tenían un estado preocupante -sin acceso a servicios sanitarios y educación- y ahora se les agrega un problema adicional.

Lamentablemente, en varios países, los niños y las familias migrantes no son parte de los programas nacionales de protección social puestos en marcha como respuesta a la COVID-19 -con algunas excepciones, por supuesto-, aun cuando la pandemia ha puesto en evidencia la contribución que esta población tiene en sus comunidades y países.

Desde Unicef enfatizamos que la protección social es un derecho, tal como lo reconocen diferentes convenciones. Al margen de su nacionalidad, todo niño tiene derecho a acceder a servicios sociales, sanitarios y de protección social.

Desde Unicef enfatizamos que la protección social es un derecho, tal como lo reconocen diferentes convenciones».

¿Considera que la crisis actual va a causar que los Estados de la región tomen un rol más protagónico en la prestación de servicios esenciales, como educación y salud?

Creo que ya lo están tomando. No sé si en educación y salud, pero definitivamente sí en protección social. Esto es importante porque necesitamos un Estado que pueda garantizar una base mínima de ingresos y acceso a servicios básicos, así como protección ante múltiples riesgos, que escapan al control de las familias y comunidades pero aumentan su vulnerabilidad socioeconómica. Lo más importante es que esos derechos sean accesibles para todo el mundo sin distinción. El rol clave del Estado es poder garantizar que incluso las poblaciones más excluidas y vulnerables tengan la posibilidad de acceder a estos procesos. Esta acción no solo beneficia a estos grupos sino a toda la sociedad en términos de cohesión social.