¿Cuáles han sido las poblaciones vulnerables durante la pandemia de COVID-19? En los primeros días del aislamiento social obligatorio en nuestro país, el Dr. Ian Vázquez, docente del Departamento de Ingeniería y director de la Red Peruana Ciclo de Vida y Ecología Industrial (Pelcan), y Andrea Gandolfi, estudiante del Doctorado en Sociología de nuestra Universidad e integrante de la Asociación Grupo de Trabajo Redes, analizaron la respuesta del Estado ante la pandemia de COVID-19. Allí empezaron a idear el artículo “Peruvian efforts to contain COVID-19 fail to protect vulnerable population groups”, que finalmente se publicó el 11 de junio en la revista académica internacional Public Health in Practice.

Declarar una cuarentena estricta de manera temprana, brindar bonos económicos, y permitir retirar parte de la CTS y AFP son acciones que ambos investigadores saludan. “Por muy bien intencionado que hayas sido con ciertas iniciativas, con un Estado débil detrás, los problemas se multiplican. El insuficiente aplanamiento de la curva en mayo y junio está ligado a ello”, sostiene Vázquez.

“Al inicio de la pandemia, teníamos 276 camas UCI en todo el país. Son menos de las 400 con que cuenta Galicia, comunidad autónoma española de solo 3 millones de personas”, señala Vázquez. Esta es una de las debilidades que ha afectado a nuestro país en esta pandemia, así como la alta tasa de informalidad laboral y la inequidad social.

“Las medidas del Gobierno, que me parecen buenas en sí, no han llegado de igual manera a todos. Por eso, decidimos incluir y estudiar en el artículo a estas poblaciones específicamente vulnerables ante la pandemia”, señala Gandolfi. De esta manera, ambos identifican en su artículo las situaciones de algunas poblaciones vulnerables y proponen medidas alternativas.

Poblaciones vulnerables en pandemia

Migrantes desprotegidos

1 millón

de ciudadanos venezolanos se calcula que ingresaron a nuestro país durante los últimos 3 años.

“En primer lugar, los subsidios de la emergencia no incluyen a los migrantes y refugiados”, se señala en el artículo. Gandolfi manifiesta que, al tener que enviar remesas, los venezolanos reducen bastante su capacidad de ahorro. “A las 48 horas de declarada la inmovilización, ya se habían quedado sin recursos y tampoco tenían acceso a ningún apoyo estatal”, detalla.

Si bien ya terminó el aislamiento social obligatorio, Andrea enfatiza que los migrantes venezolanos siguen viviendo una situación muy complicada porque están, mayoritariamente, relegados al trabajo informal y la venta en las calles. Además de brindarles un bono económico, Vázquez considera que el Perú puede seguir el ejemplo de Portugal de regularizar a sus migrantes. “De esta manera, tienes identificado y censado a este grupo poblacional, además de ingresarlo al sistema de salud. En una pandemia así, cuanto más cobertura y más sepas de tus ciudadanos, mejores van a ser tus políticas de respuesta», señala el director de Pelcan y añade que esta política beneficiaría también a toda la sociedad.

Sobreexplotación latente

95%

de personas trabajadoras del hogar son mujeres y 85% no están afiliadas a ningún sistema de ahorro previsional.

En el caso de las trabajadoras del hogar, la pandemia y aislamiento social obligatorio no solo las expuso al virus sino también a la explotación laboral. Los autores mencionan que muchas de las personas que prestan este servicio se mudaron a la casa de su empleador, con lo cual era más probable que tengan una sobrecarga de trabajo.

Gandolfi resalta específicamente a las profesionales del cuidado de enfermos y del adulto mayor. Sobre estas personas, detalla, no se puede saber si han recibido adecuado material sanitario de protección. “En Italia y otros países europeos, se ha dado un bono especial destinado a aquellos empleadores que necesitaban de una cuidadora, a fin de que puedan seguir pagándoles”, menciona el estudiante del Doctorado en Sociología como una buena medida a seguir.

Desigualdades sociales y geográficas

«La falta de productos de higiene, profesionales de la salud, equipamiento de hospitales, infraestructura de transporte inadecuada, barreras de lenguaje o la dificultad de hacer cumplir el aislamiento» son algunos de los problemas que enfrentan las comunidades de la Amazonía, según el  artículo.

El número de camas UCI en nuestro país se ha incrementado notablemente desde que se inició la pandemia. Sin embargo, Vázquez se pregunta cuántas de ellas se encuentran en las regiones amazónicas. “No tengo una respuesta muy detallada de qué debería estar haciendo el Gobierno peruano en esta zona, pero sí de que esto nos tiene que llevar a una reflexión sobre las desigualdades geográficas que hay en el país”, manifiesta.

Como mencionan al final de “Peruvian efforts to contain COVID-19 fail to protect vulnerable population groups», si bien las autoridades dieron algunas buenas y rápidas medidas, esta crisis intensificó los problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. “Las autoridades deben buscar políticas que no estén sesgadas contra ningún grupo y deben proteger a todos los miembros de la población. En consecuencia, esta situación reafirma la importancia de fomentar políticas sociales en los países en desarrollo, incluidos, entre otros, los sistemas de salud sólidos e integrales”, mencionan en el artículo los dos autores.

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