El alcalde electo de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, asumirá el cargo desde el 1 de enero de 2023. La primera tarea que realizará -y que señala que ya ha empezado a hacer- es convocar a todos los alcaldes distritales limeños para aprobar un plan de seguridad ciudadana para Lima. El pilar de este plan es adquirir 10 mil motos con GPS en modalidad renting, es decir, en alquiler. «Con esto solucionaremos la necesidad de cada distrito, sobre todo los más pobres, y que tengamos maquinaria operativa en todo momento», ha señalado el político.

En PuntoEdu, conversamos con Noam López Villanes, investigador principal del Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica (Pulso) de la PUCP y profesor de la Sección Ciencia Política, para analizar los planteamientos en seguridad ciudadana de la nueva gestión municipal y cuáles deberían ser los temas que priorice en su gestión.

«Muchas de las cosas propuestas por la nueva gestión que iniciará en el 2023, como identificar sospechosos, va a tener que hacerse con apoyo de la Policía, idealmente a través de un centro de comunicación que tenga a todos los distritos interconectados. Además, tendrá que incluir al Ministerio Público. El municipio tendrá que coordinar estas acciones».

Mag. Noam López
Profesor de la Sección Ciencia Política

Seguridad en las calles, inseguridad en los datos

Entre abril y mayo de este año, se registraron 40,837 denuncias por delitos cometidos en Lima Metropolitana. Esto representó el 32.4% del total de denuncias a nivel nacional, señala el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Son más de 20 mil denuncias al mes en nuestra capital, una tendencia que continúa en aumento considerando que, en los primeros tres meses de este año, la cifra total llegó a 57,999 denuncias. Para contrarrestar la creciente delincuencia, el electo alcalde ha señalado que debe haber más presencia policial en las calles. Y el renting de las mencionadas 10 mil motos será la acción más importante para lograrlo.

«Hay varios países que han tenido esta experiencia durante un buen tiempo y han decidido dejarla», dice Noam López. El especialista hace referencia especial a España, donde ha podido conversar con asesores del Ministerio del Interior de ese país y le han señalado que el principal riesgo es que la información de la ubicación de los vehículos sea de dominio de una empresa. «Conocer dónde se encuentran en tiempo real estas motos es un dato sensible que debería ser administrado por el mismo Estado. De lo contrario, nada garantiza que las organizaciones criminales no obtengan esta información», precisa.

Entre abril y mayo de este año, se registraron 40,837 denuncias por delitos cometidos en Lima Metropolitana.

19 mil

celulares robados fueron incautados entre enero y septiembre solo en Lima, según la Policía Nacional. Osiptel señala que, en promedio, se roban diariamente 4,500 de estos equipos en todo el Perú.

Aunque el virtual burgomaestre ha señalado que la adquisición no demorará más de 100 días, el docente comenta que, dependiendo de la complejidad y la transparencia del proceso, no se va a obtener tan rápido. Noam López se remite a la experiencia que ya tiene el Ministerio de Interior con el alquiler de 900 patrullas desde 2019. «A largo plazo, los costos son exacerbados. Hay que evaluar con ellos estos costos y si nos conviene que tanto el Ministerio del Interior como la Municipalidad de Lima cuenten con un sistema propio que garantice una operación continua de las unidades y que no se vulnere la seguridad de las motos», agrega.

Considerando que la delincuencia siempre muta a formas más fáciles de operar, López Villanes comenta que es posible que los delincuentes solo dejen de usar motos, pero no dejarán de robar. «Por eso, es sumamente importante la Policía Nacional y otros sistemas de inteligencia para identificar organizaciones criminales y hacerles seguimiento. Pero la municipalidad no lo podrá hacer sola», dice.

La principal propuesta del alcalde electo Rafael López Aliaga es adquirir 10 mil motos con GPS en modalidad renting.

Lima en estado de emergencia

Esta necesidad de hacer las tareas de seguridad ciudadana en conjunto es urgente, resalta Noam López. «Muchas de las cosas propuestas por la nueva gestión que iniciará en el 2023, como identificar sospechosos, va a tener que hacerse con apoyo de la Policía, idealmente a través de un centro de comunicación que tenga a todos los distritos interconectados. Además tendrá que incluir al Ministerio Público. El municipio tendrá que coordinar estas acciones», comenta. Dentro de las propuestas de López Aliaga sí existe una que alude a esa coordinación y que él denomina como comisaría mayores, donde la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen juntos.

Sin embargo, aún hay muchas cosas que regularizar y que escapan a las facultades de la municipalidad metropolitana. Noam López indica que uno de los indicadores más importantes en seguridad ciudadana, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, no se ha homologado entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público desde 2018. «Esto es básico para poder realizar políticas públicas», añade.

Mientras tanto, la capital como el Callao han sido declarados en estado de emergencia desde febrero. Esto implica el apoyo en las calles de las Fuerzas Armadas. «Creo que es contraproducente tener Fuerzas Armadas en la calle porque generan más violencia. Tenerlas implica que nos encontramos en una situación beligerante y hay una vulneración de protocolos», dice el especialista. No obstante, sí cree que debe haber una mejor aplicación de las medidas de seguridad para todos los distritos. «La seguridad ciudadana en Lima Metropolitana es un privilegio, no es un derecho garantizado para todos. Crece en zonas con mayor pobreza y, por eso, es desigual», añade.

72.8%

de habitantes de Lima Metropolitana y el Callao considera la inseguridad ciudadana como el principal problema que afecta su calidad de vida, según Lima Cómo Vamos.

Prevención para mejorar la seguridad ciudadana

Este equilibrio en las acciones a favor de la seguridad ciudadana es necesario: según una encuesta reciente de la organización Lima Cómo Vamos, el 72.8% de los entrevistados señalaba que la inseguridad ciudadana era el principal problema que afectaba su calidad de vida. Además, Ipsos Perú encontró que 87% de los limeños pedía al nuevo alcalde de Lima que solucione con prioridad la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

«La municipalidad puede hacer mucho para mejorar esta percepción de la seguridad», comenta el profesor de la Sección Ciencia Política. Estas tareas están vinculadas al diseño de la ciudad. «Con una buena iluminación de calles, la mejora del medio ambiente, el orden, la presencia institucional del Serenazgo, se va sumando a una mejora», detalla López Villanes.

El especialista añade que no hay que dejar de lado la importancia de la prevención en zonas con concentración de delincuencia. «Pero no solo basta dar chalecos, gorras o poner cámaras», dice. Para Noam López, hay que centrarse en tres puntos en este camino: la activación de deportes y actividades culturales con jóvenes, la inversión en territorios abandonados, y la intervención en mercados de bienes robados.

La activación de deportes y actividades culturales con jóvenes es una acción de prevención importante en zonas con concentración de delincuencia.

Con respecto al primero, él comenta que se puede trabajar tanto con menores como con sus padres para que se desarrollen habilidades y capacidades. «Es un trabajo de largo plazo, pero garantiza que el joven ya no cruce esa línea a la delincuencia o al menos tenga una alternativa», dice. En el segundo punto, la idea es que las municipalidades puedan trabajar mejoras en obras, transporte y servicios básicos en las zonas con mayor índice de delincuencia. «Se podría dar incentivos a los vecinos para que cuiden bien su barrio, y que haya un cambio duradero y que volvamos a tener soberanía sobre esos espacios», añade.

Por último, la intervención en galerías y mercados que venden bienes robados es básica para cortar el círculo de impunidad, comenta el investigador. «Necesitamos que el delito deje de expandirse y, para eso, es necesario que la municipalidad coordine con las autoridades policiales y fiscales para entrar y cerrar poco a poco y para siempre esos negocios», precisa López Villanes. «Ahora que el alcalde está ingresando con fuerza, esperemos que pueda lograr algo de esto», finaliza.