En tiempos electorales, surge más que nunca la necesidad de tender puentes entre los actores políticos que buscan alzarse con un cargo público y otros agentes de la sociedad que se dedican permanentemente al análisis y el estudio de las dinámicas funcionales de un país como el Perú. Ello debido a la capacidad técnica y el conocimiento que tienen los últimos para fortalecer la labor de los primeros en el diseño de sus planes de gobierno. Este compartir de saberes, además, eleva el nivel de debate electoral y sirve para apoyar el trabajo de quienes integrarán el nuevo Poder Ejecutivo y el Congreso.
En ese contexto, destaca la importancia de un proyecto como Perú Debate 2026, impulsado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), junto con otras instituciones aliadas, entre ellas la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (EGPP-PUCP). Conversamos con el economista PUCP Javier Portocarrero, director ejecutivo del CIES y líder de la iniciativa, sobre los objetivos, enfoques y desafíos de esta edición.
¿Puede explicarnos en qué consiste Perú Debate 2026 y cuáles son sus objetivos?
Perú Debate es un proyecto que tiene como punto de partida un diagnóstico de amplio consenso hoy: la débil capacidad y, en muchos casos, el poco interés de los partidos políticos en dotar a sus cuadros y candidatos de orientaciones programáticas consistentes, es decir de planes de acción que definan cómo enfrentar los principales problemas del país. Por ello, esta iniciativa busca cerrar esa brecha articulando a instituciones académicas y especialistas, que producen conocimiento aplicado, con actores políticos.
Para ello, se elaboran documentos de política (policy briefs) que ofrecen un diagnóstico y, sobre todo, recomendaciones concretas frente a diversos problemas públicos. Estos insumos se comparten con las organizaciones políticas a través de talleres directos, y en espacios organizados en alianza con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Acuerdo Nacional. Además, considerando que la democracia también necesita de una ciudadanía informada, el proyecto incluye acciones de capacitación a periodistas y difusión dirigida al público en general, con el objetivo de contribuir a un debate electoral más informado y de mayor calidad.
Conoce más:
Si deseas revisar los documentos de política del proyecto Perú Debate, entra aquí.
Ediciones anteriores de Perú Debate desarrollaron propuestas en múltiples campos, incluyendo lo institucional, lo social, lo económico y lo ambiental. ¿Qué ejes y temas trae Perú Debate 2026?
Los cuatro ejes se mantienen en tanto son complementarios y necesarios para un desarrollo integral. No podemos pensar en políticas de crecimiento económico sin considerar, al mismo tiempo, la política social, la calidad institucional y la sustentabilidad ambiental. Sin embargo, en esta edición, hemos priorizado un número más acotado de agendas organizadas en 15 documentos de política. Esto responde a la necesidad de concentrar recursos y esfuerzos en temas donde podemos generar mayor impacto, sin perder de vista los principales desafíos del país.
También hemos realizado algunos ajustes en la delimitación temática que responden a demandas actuales. Por ejemplo, se ha incorporado el documento sobre la MAPE (minería artesanal y de pequeña escala), y se ha dado mayor énfasis a la transición energética, que hoy se vuelve visiblemente relevante tras la interrupción del suministro de gas de Camisea, que evidenció la vulnerabilidad del sistema energético peruano.
Lograr articular entre centros académicos y con el sector privado, público y sociedad civil envía una señal clara a los actores políticos: que diversas instituciones están alineadas en torno a ciertas prioridades y enfoques, lo que contribuye a generar mayor confianza y legitimidad en las propuestas».
Además del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), el comité impulsor está conformado por cuatro centros de investigación, incluyendo a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. Y cuentan también con muchos aliados estratégicos, del sector público, privado y de la sociedad civil. ¿Por qué esto es importante para el proyecto?
Es importante porque, en un contexto de debilitamiento del tejido social, no es común encontrar espacios de articulación, por ejemplo, entre partidos políticos y centros de pensamiento, como sí ocurre en otros países, incluso, de la región. En ese sentido, lograr articular entre centros académicos y con el sector privado, público y sociedad civil envía una señal clara a los actores políticos: que diversas instituciones están alineadas en torno a ciertas prioridades y enfoques, lo que contribuye a generar mayor confianza y legitimidad en las propuestas. Además, y no menos importante, estas alianzas permiten aprovechar de manera conjunta recursos, conocimientos y capacidades.
Tender puentes entre la academia y las autoridades gubernamentales ha sido siempre un desafío. ¿Cómo el proyecto Perú Debate 2026 aborda dicho reto, qué lecciones aprendidas se tienen de ediciones anteriores?
Una de las principales lecciones en las que se apoya Perú Debate 2026 es que el momento electoral constituye una ventana de oportunidad, ya que estos temas ingresan con mayor fuerza en la agenda pública y se abre un espacio para discutir cómo enfrentarlos. Además, se reconoce que el trabajo no termina con las elecciones, sino que continúa con la instalación del nuevo Ejecutivo y Legislativo, que requieren estos insumos, especialmente considerando que muchas de las organizaciones políticas con las que llegan tienden a debilitarse.
Por otro lado, otro aprendizaje importante es que las formas de producir y consumir información están cambiando, por lo que es necesario hacer la evidencia más accesible. Así, el proyecto no solo genera contenido riguroso, sino que también lo traduce en formatos que facilitan su uso y posible incidencia como infografías, videopódcast, dossier de prensa, entre otros.
Recientemente, se han presentado los documentos de política del proyecto. ¿Qué pasos siguen?
Tras la presentación, el proyecto pasa, con mayor énfasis, a la etapa de diseminación orientada a la incidencia. Esto implica una estrategia de difusión focalizada que incluye el trabajo con periodistas, la difusión en medios y la organización de espacios de diálogo con autoridades, como congresistas, ministerios y equipos técnicos. No es sencillo, pero tampoco se parte de un optimismo ingenuo, sino que, reconociendo las limitaciones del contexto político, el proyecto, al igual que otros esfuerzos, busca contribuir a enfrentar el debilitamiento de la democracia y los problemas de gobernabilidad.



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