Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 
La ex fiscal general de Guatemala hace un análisis de los retrocesos de América Latina en materia de derechos humanos. Claudia Paz y Paz es una de las voces más respetadas en la defensa de los derechos humanos en la región. Fue la primera mujer en ocupar la Fiscalía General de Guatemala, y lideró procesos históricos por genocidio y corrupción. Visitó nuestro país a propósito de la Conferencia de la Asociación de Institutos de Derechos Humanos (AHRI), evento internacional organizado por el IDEHPUCP que se desarrolló en el campus PUCP, entre el 11 y el 13 de septiembre.
En esta conversación, Paz y Paz, quien es directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), reflexiona sobre la intención del Perú de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos –lo que implicaría un eventual retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)–, el riesgo de impunidad que eso conlleva, y los paralelismos con las derivas autoritarias en Centroamérica y México. “Cuando un Estado se desvincula de sus obligaciones internacionales, los ciudadanos quedan en la más profunda indefensión”, advierte.
Efectos y riesgos frente a una salida de la Corte Interamericana
¿Qué significa que un Estado como el Perú busque retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Es un retroceso en los compromisos que los Estados asumieron al integrarse al sistema interamericano. Es una forma de desentenderse de sus obligaciones internacionales. No ocurre de inmediato: si el Perú denunciara hoy la Convención, tendría que pasar un año antes de que ese retiro sea efectivo. Lo importante es entender que las violaciones a los derechos humanos cometidas mientras el país fue parte del sistema siguen siendo competencia de la Corte IDH. Es decir, el Estado no puede eludir su responsabilidad por los hechos ocurridos durante su membresía.
¿Qué implicaría para la imagen internacional del país?
Sería lamentable. El Perú fue ejemplo en la lucha contra la impunidad en la búsqueda de justicia por los crímenes del pasado. Verlo alinearse con regímenes autoritarios como Nicaragua o Venezuela es preocupante. No solo envía una señal negativa a la comunidad internacional, sino que deja a los peruanos en un estado de indefensión. Cuando un Estado no protege, surge la pregunta: “¿A dónde recurrimos?”. Esa sensación de abandono es lo más grave.
El Perú fue ejemplo en la lucha contra la impunidad en la búsqueda de justicia por los crímenes del pasado. Verlo ahora alinearse con regímenes autoritarios como Nicaragua o Venezuela es profundamente preocupante. No solo envía una señal negativa a la comunidad internacional, sino que deja a los ciudadanos peruanos en un estado de indefensión».
El Estado peruano ya se encuentra en desacato frente a algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué consecuencias tiene ese incumplimiento?
La Corte informa al Consejo Permanente de la OEA cuando un país desacata sus resoluciones. Eso deja al Estado como un miembro que no cumple sus compromisos internacionales. Y esa condición puede tener repercusiones prácticas: otros foros o fondos internacionales pueden tomar medidas. Por ejemplo, el Fondo Verde excluyó a Nicaragua por su desacato y por sus violaciones a los derechos humanos. En el caso de Guatemala, la Corte Interamericana ha sido una herramienta clave para que organismos internacionales —como la Unión Europea o Naciones Unidas— impongan sanciones a funcionarios implicados en corrupción. Es decir, el incumplimiento no queda en el vacío: debilita la posición del Estado, y puede tener efectos políticos y económicos.
El incumplimiento (de las resoluciones de la Corte Interamericana) no queda en el vacío: debilita la posición del Estado, y puede tener efectos políticos y económicos».
Derechos humanos bajo mira
¿Cómo entender esta tendencia regional de debilitamiento del sistema interamericano?
Nicaragua se salió de la OEA, aunque sigue dentro de la Convención; Venezuela hizo lo contrario: permanece en la OEA, pero denunció la Convención. Ambos casos muestran la misma voluntad de evadir la supervisión internacional. En Centroamérica, sobre todo en Nicaragua y El Salvador, observamos una consolidación del autoritarismo. Pero no es solo un fenómeno regional, también es global. Por eso, la tarea de las organizaciones y defensores de derechos humanos es redoblar esfuerzos para explicar a la ciudadanía por qué estos derechos son importantes. Que comprendan cómo su pérdida los afecta directamente: desde una detención arbitraria hasta una ejecución extrajudicial. No hay que esperar a sufrirlo para reaccionar.
¿Por qué cree que los derechos humanos están siendo tan cuestionados en estos tiempos?
En muchos países de la región, se han instalado discursos que enfrentan seguridad y derechos humanos como si fueran opuestos. En El Salvador, por ejemplo, la población ha sufrido durante años la violencia de las pandillas y la corrupción policial. Frente a esa desesperación, aceptan medidas autoritarias. Pero lo que no se ve es que la propia inacción del Estado generó esa crisis.
A eso se suma el desencanto democrático. Los acuerdos de paz en países como Guatemala, Nicaragua o El Salvador no resolvieron los problemas estructurales: racismo, exclusión, desigualdad, violencia de género. Las democracias quedaron en deuda. Y hoy, además, vivimos en un ecosistema informativo fragmentado, donde cada quien consume su propia “verdad”. Eso debilita el consenso sobre lo que está bien o mal.
Los motores del autoritarismo
Usted ha dicho que la ausencia del Estado es una decisión política. ¿Podría explicarlo?
Sí. No depende de la geografía, sino de la voluntad política. En Guatemala, si uno mira el mapa, las carreteras están concentradas en las zonas donde están las grandes fincas de caña o café. Pero en los territorios indígenas, el Estado no existe: no hay caminos, hospitales ni servicios básicos. El problema no es el tamaño del país, sino para quién se gobierna. En Guatemala, las élites económicas se beneficiaron durante décadas de la corrupción. Cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Fiscalía comenzaron a investigar, esas élites reaccionaron con fuerza para mantener sus privilegios, incluso criminalizando a jueces y fiscales.
En muchos países de la región, se han instalado discursos que enfrentan seguridad y derechos humanos como si fueran opuestos (…). A eso se suma el desencanto democrático. Los acuerdos de paz en países como Guatemala, Nicaragua o El Salvador no resolvieron los problemas estructurales: racismo, exclusión, desigualdad, violencia de género. Las democracias quedaron en deuda».
¿Qué papel juega la geopolítica en el fortalecimiento de regímenes autoritarios?
Juega un papel central. La cercanía con Estados Unidos influye mucho. En Guatemala y El Salvador, el apoyo o la presión depende del gobierno de turno en Washington. En el caso de Bukele, por ejemplo, hay una clara alianza con Estados Unidos, que le otorga legitimidad internacional pese a las violaciones a los derechos humanos. A su vez, Europa, que antes prestaba mucha atención a América Central, hoy está concentrada en sus propias crisis: Ucrania, Gaza, la migración. Esa distracción global debilita los mecanismos de presión externa sobre los gobiernos autoritarios de la región.
Cuando la violencia se normaliza
En México, la violencia se ha vuelto parte de la vida cotidiana. ¿Cómo se observa ese fenómeno desde los derechos humanos?
En México, la violencia está geográficamente focalizada. En Ciudad de México, hay una relativa sensación de seguridad, pero, en muchas regiones del país, el crimen organizado controla territorios enteros. Las Policías locales, estatales y federales han sido infiltradas: reciben pagos del narcotráfico y actúan como su brazo armado. Esa captura del Estado es lo más grave. Cuando la población percibe que las instituciones están del lado del crimen, se instala una desconfianza total en la justicia. La gente aprende a sobrevivir sola, a acostumbrarse a la violencia. Pero eso no significa que no haya salida: con voluntad política, las cosas pueden cambiar.
Cuando la población percibe que las instituciones están del lado del crimen, se instala una desconfianza total en la justicia. La gente aprende a sobrevivir sola, a acostumbrarse a la violencia. Pero eso no significa que no haya salida: con voluntad política, las cosas pueden cambiar».
¿Lo dice por experiencia propia?
Sí. Cuando asumí la Fiscalía en Guatemala, teníamos una tasa de homicidios de 46 por cada 100 mil habitantes, una cifra altísima. Pero hubo coordinación entre Fiscalía, Poder Judicial y Policía, y logramos reducirla. Eso demuestra que es posible. Lo que falta en muchos países es decisión para ir contra los actores de poder, incluidos los militares implicados en el narcotráfico.
Recuerdo el caso Ayotzinapa: cuando se judicializaron escuchas que vinculaban a militares con el crimen organizado, se desmontó el equipo investigador. Si no hay voluntad de llegar hasta el fondo, no habrá justicia. Pero eso no significa que sea imposible.
La lucha de Claudia Paz y Paz
Durante su gestión como fiscal general, ¿tuvo miedo?
El miedo es una herramienta útil para sobrevivir. Lo importante es cómo se gestiona: si te paraliza o si te impulsa a actuar con inteligencia. Ser temerario no es sabio, pero tampoco lo es dejar que el miedo te inmovilice.
¿Qué la motivó a seguir adelante pese a ese contexto tan adverso?
La convicción de hacer lo correcto, aunque no hubiera garantías de éxito. Cada día hacíamos lo máximo posible para avanzar en casos como el genocidio o el desmantelamiento de estructuras criminales. Tuve la fortuna de trabajar con fiscales valientes e íntegros dentro del Ministerio Público. Mi papel fue identificarlos, respaldarlos y darles las condiciones para que hicieran su trabajo. No todo estaba perdido: dentro de las instituciones siempre hay personas comprometidas con la justicia.
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