Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 
“Nunca imaginé que luego de tantos años de trabajo, una mujer asháninka de la Amazonía peruana, madre de cinco niños, podría recibir un premio tan importante”. Con estas palabras, Ruth Buendía comenzaba su discurso de agradecimiento en la ceremonia de entrega de los Premios Medioambientales Goldman, realizada el 28 de abril en San Francisco (EE.UU.).
“Al principio me preocupé porque pensé que me estaban “comprando” con el premio. Durante tres meses no estaba segura, tenía un nudo en la garganta -recuerda entre risas Ruth en Lima. Es un honor haberlo recibido, no me lo esperaba”.
Resultaba difícil de creer que a miles de kilómetros de la comunidad de Cutivireni (Junín), su tierra natal, una fundación extranjera reconocía el coraje y la perseverancia de una joven lideresa que se enfrentó al poder de empresas transnacionales y a un gobierno ausente para defender las condiciones de vida de los asháninkas de la selva central.
Desarrollo energético
En el 2007, Ruth fue elegida presidenta de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que defiende los derechos de esta población. En ese mismo año, los gobiernos de Perú y Brasil comenzaron a mostrar interés por estudiar el potencial de integración energética entre ambos países, lo que derivó en la suscripción del Acuerdo Energético Perú-Brasil, realizada por los exmandatarios Alan García Pérez y Luiz Inácio Lula da Silva el 16 de junio del 2010.
Este tratado bilateral promueve la construcción de centrales hidroeléctricas y líneas de transmisión para suministrar electricidad al mercado interno y exportar el excedente a Brasil. El acuerdo tendría una vigencia de 50 años, luego de que sea aprobado por el Congreso y ratificado por los presidentes de ambos países, lo que aún no ha sucedido. De los 15 proyectos con potencial, las empresas brasileñas priorizaron cinco: Inambari (Madre de Dios), Pakitzapango (Junín), Tambo 40 (Junín), Tambo 60 (Junín) y Mainique 1 (Cuzco).
En el marco de este tratado, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) entregó la concesión temporal del proyecto Pakitzapango (con una potencia energética de 2336 megavatios) y del proyecto Tambo 40 (1287 MV) a empresas brasileñas para que realicen estudios de factibilidad en la cuenca de los ríos Ene y Tambo.
Derechos vulnerados
Sin embargo, estas concesiones fueron otorgadas sin haber informado ni consultado previamente a las comunidades que se verían involucradas, incumpliendo acuerdos internacionales firmados por el gobierno peruano, como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Al ver vulnerados sus derechos, CARE interpuso recursos legales e hizo pública su oposición a los proyectos. “Lo que nosotros siempre hemos pedido es que el Estado peruano dé la cara y sea transparente con las concesiones que está dando en nuestros territorios. Queremos que nos diga cómo van a mejorar la calidad de vida de mi zona y cómo garantizan la estabilidad de nuestras comunidades”, puntualiza Ruth.
Ambas concesiones temporales caducaron sin que las empresas hayan completado los estudios preliminares, debido al rechazo que encontraron en las comunidades nativas. No obstante, el MINEM todavía considera a Pakitzapango y a Tambo 40 como proyectos hidroeléctricos estratégicos y se encuentran dentro de la cartera de inversión del gobierno. La posibilidad de otorgar nuevas concesiones se mantiene.
Impacto irreversible
La instalación de una central hidroeléctrica requiere de la construcción de una represa que contenga el curso regular de las aguas y forme embalses, lo que causa serios impactos ambientales, sociales y económicos.
De haberse llevado a cabo los proyectos Pakitzapango y Tambo 40, 950 km2 de bosques hubieran quedado inundados y la descomposición de la vegetación hubiera generado CO2 y metano, gases de efecto invernadero que suben la temperatura local y del planeta. Los ciclos biológicos de la flora y la fauna acuática se habrían perturbado, lo que hubiera causado un serio daño al ecosistema. Y del otro lado de la represa, las tierras de cultivo se hubieran secado y los ríos dejarían de ser navegables.
Desprovistas de cultivos, animales terrestres y peces con los cuales satisfacer sus necesidades cotidianas, 2900 familias procedentes de 28 comunidades asháninkas se hubieran visto forzadas a desplazarse hacia nuevos territorios. Además, el cañón de Pakitzapango, área escogida para la ubicación de la represa del mismo nombre, tiene una gran importancia cultural y espiritual para el pueblo asháninka. Es un lugar sagrado.
“Nosotros no nos oponemos al desarrollo de nuestro país. Queremos que haya inversiones públicas y privadas, pero que estas actividades no atenten contra nuestra cultura ni alteren el bienestar de nuestras comunidades”, aclara Ruth Buendía. Y a aquellos que piensan que este traslado no sería para tanto, les responde: “Es igual que decirle a los limeños que viven en San Isidro que se vayan a un lugar donde no hayan servicios básicos y que dejen atrás todo lo que hayan tenido».
Héroes del medioambiente
Desde 1989, el Premio Ambiental Goldman reconoce la labor de seis activistas de todos los continentes que han tenido un desempeño extraordinario en la defensa del medioambiente de sus comunidades. Además de Ruth, en esta edición han resultado ganadores Ramesh Agrawal (India), Desmond D’Sa (Sudáfrica), Suren Gazaryan (Rusia), Rudi Putra (Indonesia) y Helen Holden Slottje (EE.UU.).
Buendía es la cuarta peruana en recibir este premio. En anteriores ediciones, fueron distinguidos Evaristo Nugkuag (1991), líder aguaruna y fundador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); María Elena Foronda Farro (2003), socióloga y cofundadora de la ONG Natura de Chimbote, promotora de prácticas medioambientales en la industria pesquera; y Julio Cusurichi Palacios (2007), líder shipibo que consiguió la creación de una reserva territorial para pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
“Nuestra lucha estaba destinada a fracasar, pero no fue así gracias a todas las comunidades indígenas, al equipo técnico y a las instituciones que me han apoyado en los momentos más difíciles y que creyeron en mí. Este premio no es solo mío, es de todos”.
- ¿Sabías que la Central Asháninka del Río Ene y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) están desarrollando un proyecto en conjunto? Entérate de más en la segunda parte de este artículo.
Deja un comentario