Seis días antes de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Congreso decidió que se deje de usar el enfoque de género en la legislación, políticas públicas y el sistema judicial al aprobar la “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”. Esta norma también reemplaza la “Educación Sexual Integral” del currículo nacional en los colegios por una “Educación Sexual con base científica, biológica y ética”.

La directora de nuestra Maestría en Estudios de Género, Mag. Marisol Fernández, señala que adoptar un enfoque de igualdad de oportunidades, excluyendo al de género, es un «grave retroceso»: “El enfoque de género es una herramienta fundamental que permite abordar y analizar la dinámica social, así como entender las causas estructurales de los diversos problemas del país, como la pobreza, violencia, inseguridad ciudadana, crisis política, entre otros. En cambio, el enfoque de igualdad de oportunidades se queda en un nivel muy superficial y formal, omitiendo que existen relaciones históricas de poder y subordinación basadas en el sexo, género y la orientación sexual”.

El enfoque de género es una herramienta fundamental que permite abordar y analizar la dinámica social (…). En cambio, el enfoque de igualdad de oportunidades se queda en un nivel muy superficial y formal, omitiendo que existen relaciones históricas de poder y subordinación basadas en el sexo, género y la orientación sexual”.

Por su parte, la Mag. Marcela Huaita, jefa de la Oficina para la Igualdad de Género y la Diversidad (OIGD), enfatiza que el nuevo enfoque de igualdad de oportunidades es insuficiente: “Necesitamos saber la raíz de las desigualdades que se convierten en discriminación, los estereotipos que aprendemos -a través de los juegos, los medios de comunicación y la socialización-, así como los roles diferenciados que aún cumplimos los hombres y las mujeres en la sociedad. Todo esto lo comprendemos a través de la categoría ‘género’. Y a partir de ahí podemos generar acciones que nos lleven a la igualdad de oportunidades”.

Necesitamos saber la raíz de las desigualdades que se convierten en discriminación, los estereotipos que aprendemos y los roles diferenciados que aún cumplimos los hombres y las mujeres en la sociedad. Todo esto lo comprendemos a través de la categoría ‘género’. Y a partir de ahí podemos generar acciones que nos lleven a la igualdad de oportunidades”.

Educación sexual integral: una herramienta esencial para el autoconocimiento y cuidado de niños y adolescentes 

En nuestro país, el 2024 hubo 2,067 infantes nacidos vivos en niñas entre 10 a 14 años. Asimismo, entre enero y octubre de este año, el Minsa atendió más de 9,800 casos de abuso sexual de niños y adolescentes. Para combatir las problemáticas de embarazo adolescente y violencia sexual en menores, nuestra docente del Departamento de Derecho, Marisol Fernández, resalta que es necesario que “las niñas, niños y adolescentes tengan una educación sexual integral que les dé herramientas e información para conocer su cuerpo, cuidarlo con responsabilidad y enfrentar situaciones que les afecten en el campo de la sexualidad”.

+9,800 casos de abuso sexual

de niños y adolescentes atendió el Ministerio de Salud entre enero y octubre de este año. La educación sexual integral cumple un rol clave en combatir las problemáticas de embarazo adolescente y violencia sexual en menores.

En el artículo 8, la ley aprobada por el Congreso asegura que se brindará una “educación sexual con base científica, biológica y ética”. Huaita sostiene que no nos podemos quedar en esos 3 aspectos: “Es esencial que la educación sexual tenga un componente social porque son relaciones entre personas. Por ejemplo, que una joven le pida a su pareja que use condón no es un aspecto biológico sino de empoderamiento de la mujer”.

La ley aprobada por el Congreso asegura que se brindará una “educación sexual con base científica, biológica y ética”. Huaita sostiene que no nos podemos quedar en esos tres aspectos y considera esencial abordar el componente social que sí incluye la educaicón sexual integral.

Asimismo, la norma propone que esta educación sexual se hará “respetando el derecho de los padres o tutores a participar en el proceso educativo de sus hijos, cautelando que reciban la educación de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas”. “Las convicciones morales y religiosas de los padres no pueden limitar el derecho de sus hijas e hijos a recibir una educación sexual integral de calidad. Este es un derecho humano reconocido en la Convención de los Derechos del Niño” , dice Fernández, quien nos recuerda que, lamentablemente, en muchos casos el abuso sexual contra niñas y adolescentes se produce dentro del núcleo familiar y que para detectar esas situaciones los espacios de educación sexual en los colegios son claves.

La autógrafa de la Ley N° 8731/2024-CR – es decir, que se ha aprobado en el Congreso y enviada al Ejecutivo para su promulgación- busca “garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, proscribiendo toda forma de discriminación basada en el sexo”. Para Fernández, esto significa que la norma solo atiende a una clasificación binaria de las personas, omitiendo a las identidades trans y no binarias cuyas experiencias y realidades pueden ser entendidas, precisamente, a partir de la categoría género: “La ley excluye a las personas de la comunidad LGTBIQ+, quienes prácticamente no serán beneficiarias de ninguna política pública”.

Para Fernández, la norma solo atiende a una clasificación binaria de las personas [mujeres y hombres], omitiendo a las identidades trans y no binarias cuyas experiencias y realidades pueden ser entendidas, precisamente, a partir de la categoría género.

“El género nos ha permitido identificar otras orientaciones y expresiones sexuales aparte de la heterosexualidad. Al eliminarlo, la norma pretender derogar las identidades de las personas LGTBIQ+, lo cual es una vulneración al respeto de su dignidad como personas”, resalta por su parte la profesora del Departamento de Derecho PUCP, Marcela Huaita.

Retroceso de los avances en género en el Estado

La norma especifica que se brindarán capacitaciones al personal de administración de justicia en el enfoque de igualdad de oportunidades pero que estas no pueden ser brindadas por “organizaciones no gubernamentales cuyos integrantes participen en demandas o denuncias contra el Perú, tanto en fueros nacionales como internacionales”. “Se busca proscribir a abogadas y abogados especialistas en derechos humanos”, dice Huaita, quien resalta que se está siguiendo la línea de la ley APCI N° 32301, la cual califica como una falta muy grave que las ONG utilicen recursos de la cooperación técnica internacional para asistir, asesorar o financiar acciones judiciales contra el Estado.

Fernández resalta que en las últimas dos décadas se brindaron capacitaciones a jueces y magistrados para incorporar el enfoque de género en la administración de justicia, las cuales fueron impartidas por especialistas de la academia y las ONG, y que dieron importantes frutos. Asimismo, en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del 2012, se señala la promoción y fortalecimiento de la transversalización del enfoque de género en las instituciones públicas y privadas, así como en programas del Estado. Nuestras profesoras enfatizan que todos estos avances se perderían con la nueva ley si se promulga. 

Ambas especialistas resaltan que la norma entra en contradicción con la promoción del enfoque de derechos humanos que empezó a consolidarse en 1995 en la Conferencia mundial sobre la mujer de las Naciones Unidas de Beijing, así como resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y la Convención de los Derechos del Niño.

Ambas especialistas resaltan que la norma entra en contradicción con la promoción del enfoque de derechos humanos que empezó a consolidarse en 1995 en la Conferencia mundial sobre la mujer de las Naciones Unidas de Beijing, así como resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y la Convención de los Derechos del Niño. “Se está queriendo ir en contra de estándares internacionales, lo cual es muy grave”, dice Fernández.

Insistir y resistir desde la academia 

En nuestra Universidad, los estudios de género se abordan desde hace 35 años con la finalidad de entender y aportar a la solución de las problemáticas del país. Ante el panorama actual, Fernández resalta que desde la academia se debe seguir resistiendo en la promoción del enfoque de género: “A través de nuestros estudios e investigaciones hay que demostrar que este enfoque es fundamental para conocer la realidad y así promover políticas de cambio”. 

Por su parte, desde la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad, la Mag. Huaita lidera la implementación transversal del enfoque de género en nuestra casa de estudios, y subraya: “Como Universidad, apostamos por el futuro del país y en él no debemos dejar a nadie atrás. Por ello, debemos velar por garantizar los derechos de cada persona”.

¿Promulgación u observación?

Ya aprobada por el pleno del Congreso, la autógrafa de la ley pasará al Ejecutivo, el cual puede promulgarla u observarla y devolverla. Huaita señala que hay casos anteriores en los que el poder Legislativo, aun con observaciones, ha promulgado una ley: “El Congreso está asumiendo un rol que no le corresponde, porque ordena que el enfoque de género se cambie y desmonte en todas las políticas públicas. Y eso es competencia del Ejecutivo”.

De promulgarse, la norma también podría ser observada en el Tribunal Constitucional. En este contexto, Fernández resalta la importancia de las próximas elecciones generales: “Si elegimos bien, quizás podamos nuevamente regresar a las políticas públicas con el género como enfoque transversal”.

Derechos sexuales y diversidad: un desmontaje de lo avanzado

Acerca de cuál consideran es la motivación detrás de esta ley, Huaita sostiene, en primer lugar, que es una postura retrógrada: “Hay una posición tendenciosa, por no decir ignorante, que piensa que al estudiar o evidenciar la existencia de identidades u orientaciones, a través del enfoque de género, se va a terminar homosexualizando a todas las personas”. Por su parte, Fernández resalta: “Estamos viviendo una arremetida ultraconservadora en el país, que tiene un plan de desmontaje de lo avanzado sobre todo en el campo de los derechos sexuales, reproductivos y de la diversidad sexual”.

La aprobación del Legislativo de adoptar el enfoque de igualdad de oportunidades es un síntoma del rumbo que nuestro país viene tomando. Próximamente, sabremos si esta ley llega a promulgarse e implementarse. Por último, nuestra directora de la Maestría en Estudios de Género PUCP señala: “El enfoque de género no beneficia solo a las mujeres, sino que apunta al bien común en la medida que analiza las relaciones sociales y el poder, y los problemas que a partir de ellos se generan. ¿Cómo vamos a lograr mejorar como sociedad con una norma que pretende eliminar este enfoque esencial?”.

Alzar la voz desde la academia

Te invitamos a leer el pronunciamiento conjunto sobre esta Ley de nuestra Maestría en Estudios de Género junto al de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el pronunciamiento de las docentes especialistas PUCP de diversas facultades:

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