El oscuro mundo del crimen organizado, con sus códigos de honor, estructuras jerárquicasy muertes por encargo, siempre ha capturado la perversa fascinación del imaginario social. Pero ese cuadro, lejano y con ribetes cinematográficos para muchos, en nuestra región tiene una realidad trágica y que, usualmente, esconde una escalofriante relación con el poder.

“El crimen organizado es la nueva amenaza de seguridad del siglo XXI”, asegura la Mg. Sofía Vizcarra, investigadora del Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia de la PUCP. La guerra entre los cárteles de la droga en México, que hasta el momento ha dejado cerca 100 mil muertos durante los últimos 10 años, es el caso paradigmático.

NADA NUEVO. Por lo pronto,  en nuestro país, existe la percepción de que el crimen organizado en zonas urbanas se viene asomando con mayor frecuencia a través de incursiones de sicarios, como en el caso de Gerald Oropeza. Pero más allá de la extravagancia de este personaje, llamó la atención su militancia aprista y su cercanía con Facundo Chinguel, exjefe de la Comisión de Gracias Presidenciales, quien presuntamente liberó a presos por narcotráfico a cambio de dinero durante el segundo gobierno de Alan García.

Sin embargo, la cercanía entre la política y el narcotráfico en el Perú no es nueva. Ocurrió con “Vaticano” y Vladimiro Montesinos o el estrecho trato que tuvo el partido del gobierno actual con algunas dirigentes cocaleras que alcanzaron una curul y que son investigadas por presuntos negocios ilícitos. “La Comisión de Narcopolítica tiene una lista de narcocongresistas y se debate si esta tendría que ser más amplia”, apunta el Dr. Francisco Durand, docente del Departamentode Ciencias Sociales.

Ante estos casos, aparece la duda: ¿realmente somos un narcoestado? o ¿estamos en camino a serlo? “Existen algunas relaciones pero dudaría sobre qué tan institucionalizadas están. Finalmente, en nuestro país, tenemos pocos   criminales ‘profesionales‘ que solo se dediquen a ser narcos. Es un tejido social más amplio y complejo. Aquí las relaciones entre la política y el crimen vienen más por lazos de compadrazgo, por familiares o por conocidos”, comenta Vizcarra. Ella señala que son lazos difusos que no llegan a un estado de cooptación. Para la investigadora, Oropeza no estaba ligado al APRA por sus negocios como narcotraficante sino por su padre, Américo Oropeza, asesinado el 2011. “El hijo ha capitalizado esa red de relaciones políticas y familiares para poder operar”, dice. Sin embargo, sostiene que este caso es sintomático de la debilidad de nuestro aparato estatal. “Si al partido más fuerte de nuestro sistema político le pueda pasar esto, imagínate con los movimientos que se arman y desarman”, agrega.

LÍNEAS BORROSAS. Sin embargo, la especialista plantea que en algunas regiones de Ayacucho o Madre de Dios se puede percibir cierta penetración del crimen organizado a través de discursos o en lo que se plantea políticamente. “Existe una relación un poco más evidente con aquellos fenómenos que tienen alguna posibilidad de ser defendidos, como el cultivo de la hoja de coca, que no es ilegal, o la minería, que está en proceso de formalización. Allí existe esta línea que se empieza a difuminar muy rápidamente”, comenta. Por su parte, Durand afirma que es prematuro señalar una suerte de simbiosis entre el narcotráfico y las instituciones políticas en el Perú debido a la falta de pruebas claras. “Es difícil identificar a quiénes han financiado los narcos o quiénes se acomodan con estos negocios. Si se pudiera demostrar que hay presidentes o partidos de gobierno que han tenido cercanía con estos intereses, estaríamos hablando de un narcoestado. Pero sobre eso se habla mucho y las autoridades investigan poco”, comenta.

Para el Mg. Nicolás Zevallos, docente del Departamento de Ciencias Sociales e investigador principal del Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia de la PUCP, muchas veces la necesidad del narcotráfico de penetrar en la política es vital para su desarrollo. “Las actividades ilegales de corte comercial siempre requieren de medios para poder debilitar los controles, así pueden mantener el negocio. En esa línea, el acceso al Estado a través de partidos políticos o candidatos es un medio que permite llegar a este fin”, declara. En su opinión, por la configuración limitada de las redes criminales peruanas, términos como “narcoestado” o “narcopolítica” son de corte puramente mediático.

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