La última semana hemos observado un complicado contexto político en nuestro país; por ello, es importante que desde las universidades se promueva el diálogo y debate plural. De esta manera, es posible realizar diagnósticos y plantear soluciones que ayuden a impulsar el desarrollo. Por ese motivo, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas llevó a cabo el XIV Seminario de reforma del Estado “Crisis política y agenda de transición”.

La primera jornada contó con la presencia de la Mag. Paola Bustamante —a quien la coyuntura la presentó como exministra de Desarrollo e Inclusión Social—; el Dr. Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; y Ricardo Giesecke, especialista ambiental. La moderación corrió a cargo de la Dra. Roxana Barrantes, presidenta del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. El segundo día estuvieron el Mag. Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; la Mag. María Isabel León, presidenta de la Confiep; y Allan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia; y el Dr. Martín Tanaka, director de nuestra Escuela de Gobierno y Políticas Públicas.

Factores de crisis

El diplomático Allan Wagner atribuye el delicado momento que vivimos a cuatro factores: disfuncionalidad del sistema político y sus instituciones para responder a las necesidades de la ciudanía; una crisis de representación, donde la democracia es más electoral que representativa; la pérdida de modales democráticos –cuyo principal elemento es el diálogo, recalcó–; y la corrupción. Para el historiador Jorge Bracamonte, la crisis que vivimos no es una situación excepcional en la región, más bien se ubica en este contexto, y va de la mano del caso Odebrecht y la corrupción. “Las democracias en América Latina están sometidas a un conjunto de presiones de fuerzas ilícitas que han ido minando la confianza que hay de los ciudadanos y ciudadanas hacia las democracias y entre ellos mismos”, enfatizó.

En su intervención, la presidenta de la Confiep, María Isabel León, comentó que desde el gremio empresarial se pregona que toda autoridad debe respetar las reglas del juego y sus mandatos. “Creemos que ha habido una infracción constitucional pues entendemos que no hubo una negación a la cuestión de confianza”, enfatizó. También resaltó que la crisis es política. “Perú es un país que macroeconómicamente está en una posición envidiable”, dijo.

Posibles escenarios

Después de la disolución del Congreso, ¿qué sucederá con el país? “Los partidos, gobiernos regionales y autoridades diversas tendrán que empezar a trabajar en una agenda de transición democrática”, comentó Bracamonte, añadió que es fundamental que las reformas institucionales frustradas, finalmente, logren concretarse.

María Isabel León afirmó que el gremio empresarial, al que representa, debe estar vigilante y atento a fiscalizar. Asimismo, promueve que los planes de competitividad y desarrollo de infraestructura del gobierno continúen. “Nuestro país no puede detenerse, desde el lado privado no vamos a parar”, señaló.

Finalmente, Wagner se refirió al pronunciamiento emitido por la Asociación Civil Transparencia, que dirige, y propuso rescatar el espíritu original del Acuerdo Nacional. “Es una crisis básicamente política. Hay que resolverla a través de mecanismos políticos y eso se inicia con el diálogo”, sostuvo.

Desarrollo humano

El primer día del evento, el debate giró en torno al desarrollo, inclusión y los conflictos sociales. Pablo de la Flor se refirió al tema de la minería, y señaló que aporta el 60% de nuestras exportaciones, y genera aproximadamente un millón y medio de puestos de trabajo. Pero, ¿ha ocasionado mejoras significativas en las condiciones de vida de las poblaciones donde se realiza esta actividad? “El canon no ha cumplido con el objetivo para el cual fue creado: los recursos no se están transformando en bienestar para las comunidades”, señaló.

En esa línea, Paola Bustamante reafirmó que es necesario saber comunicarse con estas poblaciones. “Antes de que se abra el tajo, hay que hacer, por lo menos, que lleguen los servicios básicos a estos distritos y comunidades”, resaltó.

Por otro lado, el especialista ambiental Ricardo Giesecke tocó el tema de las concesiones. “Soy dueño de un terreno, ¿pero de lo que está más abajo también? Es necesario hacer algo al respecto. De repente, es necesario que las personas adquieran conocimiento de qué se encuentra en su zona”, refirió.

Justa redistribución

En este crucial aspecto, Paola Bustamante señaló que desde su cartera se realizó un diagnóstico para ver cómo están las diversas zonas donde se desarrollan actividades extractivas, como el corredor minero. “Se llama REDinforma y se encuentra en la web del Midis. Hay un enlace que dice ‘mi distrito’, ‘mi región’ y ahora hemos puesto también ‘mi ámbito’”, comentó.

De la Flor dijo que es importante revisar el mecanismo del canon minero. “Uno de sus problemas es que tiene un enorme sesgo urbano. La fórmula está diseñada para transferir recursos a los alcaldes distritales, provinciales y gobiernos regionales, mientras que las comunidades y centros poblados no están en la ecuación”, expresó.

A su turno, Giesecke señaló que uno de los aspectos por lo que la redistribución es difícil de realizar se debe a la decisión estatal de no nombrar gente. “¿Quién compone la institución, por ejemplo, de una municipalidad distrital? Es casi imposible trabajar en el Perú los temas de redistribución vía canon o lo que fuera. ¿Quién lo manejaría?”, remarcó.

Conoce más…

Lee aquí una entrevista sobre el tema al Dr. Martín Tanaka, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP.