El 16 de agosto se publicó el Decreto Supremo N° 040-2010-MTC que habilita la imposición de multas a peatones por cometer infracciones de tránsito. Si bien la aplicación de multas a los actores del sistema de transporte es absolutamente válida, este tipo de medidas resulta paradójica, pues los afectados por la sanción no cuentan con las condiciones mínimas para desplazarse por las calles de la ciudad de forma segura. La aplicación de multas no es la estrategia más adecuada para mejorar la conducta de los peatones, pues no ataca la raíz del problema, que es el diseño de la ciudad y del sistema de transporte. Los peatones y los demás actores del sistema (conductores, transportistas públicos, etc.) se ven obligados a resolver, de manera particular, los problemas y obstáculos que se les presentan en sus intentos por desplazarse por la ciudad.

Eso es lo que ocurre con los peatones y ciclistas, los usuarios más vulnerables del sistema y los que cuentan con menores recursos en la calle: aceras muy delgadas y con obstáculos (huecos y mobiliario urbano mal ubicado), pocos cruceros peatonales, mala o nula señalización, inexistencia de refugios peatonales -en el cruce de las avenidas- y de semáforos peatonales, y, sobre todo, la imposición de puentes peatonales y rejas a lo largo de las avenidas, que lo único que logran es segregar a la población.

La ciudad obliga a sus peatones a caminar más de lo necesario, a exponerse al riesgo de ser atropellado y a ver afectada su integridad física cada vez que necesitan trasladarse. Lima es una ciudad que prioriza al automóvil (generalmente el privado) por encima de la persona. Un ejemplo de esto son los puentes peatonales ubicados en zonas urbanas consolidadas. El objetivo principal de estos no es facilitar el cruce al peatón, sino evitar que el automóvil se vea obligado a detener su curso: el peatón es un obstáculo para el vehículo. Es lo que sucede con el puente peatonal ubicado en la puerta de Ciencias de la PUCP. Lo más natural y favorable para los peatones habría sido la colocación de un crucero a nivel debidamente señalizado, sobre todo porque los usuarios del puente no son sólo jóvenes estudiantes, sino personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas y ancianos, a quienes se les obliga a realizar más esfuerzo del necesario para cruzar una calle. Si queremos que Lima sea una ciudad para las personas y no para los vehículos, los puentes peatonales deberían retirarse y ser reemplazados por pasos a nivel.

El riesgo actual que viven las personas que caminan en Lima es muy alto, y no se reconoce la responsabilidad del diseño de la ciudad (y, por ende, de las autoridades) en esta situación. Somos uno de los países con mayor índice de atropellos y muertes producto de accidentes de tránsito y, sin embargo, nuestro índice de motorización no es tan elevado.

A Lima le faltan políticas públicas en favor de la movilidad y de la protección de los peatones y ciclistas en todos los niveles gubernamentales (central, provincial y local). La estrategia para lograr una ciudad para las personas debería involucrar los siguientes elementos:

• Planificación integral adecuada.
• Mejora del diseño técnico de la ciudad: inversión en señalización, mallas peatonales, liberar de obstáculos los caminos, semaforización peatonal, refugios peatonales, etc. Esto, lógicamente, debe ir integrado a inversión en señalización vehicular.
• Mejora del sistema normativo asociado al sistema de transporte y supervisión e inspección adecuadas (Policía de Tránsito), además de medidas sancionatorias coherentes para asegurar el cumplimiento.
• Campaña de comunicaciones de largo plazo y continuas para interiorizar en los ciudadanos las reglas de tránsito y el respeto que se debe tener con el peatón.

Por sí solas, las multas y sanciones a los peatones (breves cursos de educación vial o trabajos comunitarios) no resolverán el problema del tránsito en Lima, especialmente si lo que se busca es tener ciudadanos conscientes y comprometidos con su ciudad. Y es que resulta ilógico exigir el cumplimiento de deberes y obligaciones, cuando ni siquiera se garantizan las condiciones mínimas para los peatones (sus derechos). Por ello, tanto los ciudadanos como las autoridades deben comprender que todos somos peatones. No solo los que usan el transporte público, sino también aquellos que tienen vehículos privados o se movilizan en taxi. Lo correcto es tomar medidas en favor de la «mayoría» de las personas usuarias de las calles.

* Por movilidad urbana se entiende a la forma de desplazarse de manera eficiente por la ciudad con respeto por los usuarios de las calles y el medio ambiente. Además, se busca reducir el costo de energía, la contaminación y las fatalidades humanas producidas por accidentes de tránsito pues se promueve el uso de medios no motorizados y medios de transporte «verdes».