Dos años después, EE.UU. promulgó la Digital Millenium Copyright Act (DMCA), norma que establece un régimen de limitación de responsabilidad para los proveedores de servicios de internet (ISP). Si alguien le notifica sobre un contenido que vulnera el derecho de autor, el ISP debe eliminarlo o de lo contrario, será sancionado civil y penalmente. Esto se refleja cuando uno hace clic a un video en YouTube y le sale el mensaje: “Este video ha sido removido por posible infracción”; ya no lo puedes ver debido a la DMCA.

El año 2011 aparecieron las famosas SOPA y PIPA, iniciativas que son mucho más estrictas que la DMCA, con sanciones que van desde el cierre de páginas webs, el impedimento al acceso al nombre de dominio e incluso a páginas que están fuera de EE.UU. Estos proyectos hubieran podido cerrar varias páginas pero a la vez, hubieran generado la aparición de otras, como ha venido ocurriendo después del cierre de Napster. Yo estoy en contra de la piratería y estoy de acuerdo con una norma que permita a los usuarios reclamar por sus obras en internet. Pero esto ya es ir muy lejos.

Yo tuve la oportunidad de estar en una de las audiencias de SOPA, en diciembre del año pasado, en Washington, y era evidente que los lobbies de la industria tradicional son muy fuertes y uno puede comprobar que quieren proteger su modelo de negocio y abordar un problema como la piratería a través de leyes, como si una ley fuese a resolver este problema. Ver el tema de la propiedad intelectual solamente a través de la represión es un enfoque que ya hay que dejar de lado. Hay que combatir la piratería y conocer los beneficios de la propiedad intelectual, crear más contenidos locales y analizar las leyes para ver cuán viables son con lo que ocurre en la realidad.

Lo que sucede es que a la hora de negociar estos acuerdos, estamos apostando mucho por el crecimiento económico y las ventajas comerciales, pero en nuestra balanza del conocimiento (educación, investigación, tecnología, propiedad intelectual) estamos bajos. En estos tratados nos comprometemos a cumplir obligaciones que protegen la propiedad intelectual de la contraparte, que es un gran generador de contenido, y no protegemos nuestra industria porque sencillamente no la tenemos. Al final, terminamos intercambiando espárragos por iPads, porque seguimos importando tecnología pero no la creamos. Si queremos llegar a competir en una sociedad del conocimiento tenemos que invertir en eso y fomentar la innovación y la creatividad local.