¿Qué dice la legislación con respecto a que el agua es un derecho humano?

En el Perú tenemos desde el año 2009 la nueva Ley de Recursos Hídricos y aunque no es la normatividad, se está gestando una especie de principio internacional que reconoce que el acceso al agua potable es un derecho humano. En función de eso se puede interpretar que efectivamente en el Perú también se debe consagrar ese principio. Esto dependerá del tipo de consumo que se vaya a hacer del agua y se le aplican diferentes estándares de calidad. Por ejemplo, no es lo mismo usar el agua para explotación minera o petrolera que usar el agua para fines piscícolas o de consumo humano directo. De acuerdo a eso la legislación establece no solo estándares de calidad sino también los límites permisibles de contaminación de agua. Hay una doctrina clásica que define al agua como un bien común y como patrimonio de la nación de dominio público.

¿Cree que es necesario aumentar el precio del agua para que haya una mayor preocupación de su consumo?

El agua en el Perú es barata y estoy convencido que tenemos que pensar en un replanteamiento del sistema de tarifas porque, es cierto que ni las ciudades, ciudadanos, empresas o agricultores están pagando lo que se debe pagar por el agua. Por ejemplo, el costo del manejo y protección de las cuencas, el mantenimiento, la infraestructura hidráulica, no solo agraria sino también la que se utiliza para traer el agua a la ciudad, son gastos que necesitarían ser costeados con una tarifa más alta. Sin embargo, esa es una decisión política y ningún gobierno lo va a querer hacer. Pero existe un problema más grave: los no conectados al sistema que tiene Sedapal, que son más o menos 1,5 millones, solo en Lima, están pagando, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hasta 10 veces más de lo que pagan las clases medias o los que están en la red de agua potable. Entonces se presenta una situación de mucha injusticia, los más pobres están pagando más. Para solventar una infraestructura, una cobertura más amplia tendríamos que pensar en un manejo más adecuado del costo y del precio del agua.

¿Con el tema del cambio climático, cree que una legislación más dura sea lo que se necesita?

Como dicen los expertos hemos perdido 1/4 de la masa de nevados y glaciales que teníamos, eso es terrible. Considerando que el problema del calentamiento y la crisis ambiental global escapa a cualquier marco normativo, y se hace difícil atacar este problema solo desde el Estado y la sociedad. En nuestro caso nos queda dos cosas: la mitigación y la adaptación y para eso necesitamos marcos normativos e institucionales mucho más sólidos y estables que permitan trazar políticas que se puedan cumplir y, además, que estas cuenten con la participación de las comunidades locales y de la sociedad en su conjunto. Tenemos magníficas normas pero el problema es cómo las desarrollamos, cómo las arraigamos socialmente.

De acuerdo a la OCDE para el 2050 el 40% de la población puede estar en condiciones de escasez de agua. Cómo se puede tratar de brindar este bien a más personas, cuando lo más probable es que en un futuro escasee.

Para eso se deben aplicar políticas adecuadas de gestión que se concentren no solo la eficiencia o en la sostenibilidad de los sistemas hidráulicos sino también en la equidad, es decir, en la distribución más o menos justa del recurso, se trata de manejar esas tres dimensiones. El papel del derecho o del sistema legal es proveer la infraestructura normativa e institucional para que las políticas de gestión integrada del recurso hídrico puedan tener vigencia. Sin esa infraestructura normativa, cualquier enunciado político o cualquier política pública va carecer de efectividad. Ese es un aporte neto que puede hacer el derecho para evitar que esos escenarios tan lúgubres se hagan realidad y transitar de este escenario terrible del agua para pocos al  agua para todos, como se plantea en la estrategia nacional que tenemos.

Entonces estamos hablando de un problema de mala gestión del recurso

Se trata de reflexionar sobre la Gestión Integral de los Recursos Hídricos que desde el 2009 es un mandato legal en el Perú. Cuando se analiza, se descubre que la normatividad y la institucionalidad sectorial como minería, agricultura y salud, todavía son muy importantes e impiden que esa gestión integrada sea una realidad, entonces tenemos que ver cómo las desmontamos y vamos más bien a una gestión que realmente integre las políticas públicas y las ordene. Estamos en un escenario de cambio climático y estamos perdiendo reservas hídricas, pero al final del día, el problema es de gestión como sociedad y en cómo nos organizarnos para administrar adecuadamente el recurso. Se debe atender la sostenibilidad de la cuencas, así como atender los problemas de equidad y ver también cómo generamos suficiente eficiencia en su uso para hacerlo económicamente sostenible y así generar un círculo virtuoso.

El evento Primeras Jornadas de Derecho de Aguas se realizará el 15 y 16 de agosto en el Auditorio de Derecho de la PUCP. Para más información pueden ingresar aquí.

El Perfil

Nombre: Armando Guevara