Mónica Maureira: “La violencia sexual en Condorcanqui va mucho más allá del ámbito educativo”

En Condorcanqui, para una adolescente que ha sido víctima de violencia sexual, denunciar puede ser apenas el comienzo de otro calvario: viajar durante horas por río para poder realizar la denuncia, volver a contar lo ocurrido ante autoridades y buscar respuestas entre quienes deben atenderla pero no siempre lo hacen. La distancia, la lengua y la limitada presencia del Estado pueden convertirse en nuevas barreras para aquellas adolescentes que intenta acceder a la justicia.

La magnitud de esto irrumpió con fuerza en 2024, cuando Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, denunció que, desde 2010, 524 docentes habían sido denunciados por violencia sexual contra escolares y solo 111 habían sido destituidos.

Para marzo de 2026, el problema estaba lejos de resolverse, La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso advirtió que existían más de 800 denuncias por delitos contra la libertad sexual en agravio de niños y adolescentes en Condorcanqui, Río Santiago y El Cenepa.

Frente a esta situación, una misión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) llegó al Perú invitada por el Poder Judicial para realizar un diagnóstico, y evaluar la aplicación de la debida diligencia en el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes indígenas víctimas de violencia sexual.

Luego de recorrer Condorcanqui, la misión planteó fortalecer el sistema especializado de justicia y avanzar hacia respuestas coordinadas que involucren justicia, salud y educación. El Mesecvi elaborará posteriormente un informe con recomendaciones en prevención, protección, atención, investigación, sanción, reparación y garantías de no repetición.

Tras la misión, Mónica Maureira, vicepresidenta del Comité de Expertas del Mesecvi, visitó la PUCP junto a Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del Mesecvi. En nuestra Universidad, realizaron actividades sobre violencia digital basada en género y hostigamiento sexual digital.

Conversamos con Maureira sobre lo que encontraron en Condorcanqui, las brechas que todavía dejan a muchas víctimas esperando una respuesta y cómo las recomendaciones de la misión podrían traducirse en cambios concretos.

La violencia estructural en Condorcanqui

Ustedes llegaron a Condorcanqui a partir de las denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes, especialmente vinculadas al sistema educativo. ¿Qué encontraron al llegar al territorio?

Nosotras llegamos a propósito de una invitación del Poder Judicial y de una situación conocida en el Perú: la violencia sexual hacia niñas y adolescentes, particularmente en el sistema educativo y las residencias educativas.

Sin embargo, cuando comenzamos a entrevistarnos con los distintos actores, la violencia no aparecía solamente allí. También surgía en los espacios familiares y comunitarios. El problema que empezamos a observar era mucho más extendido. El nivel de normalización o tolerancia hacia la violencia sexual contra mujeres, adolescentes y niñas iba bastante más allá del ámbito educativo.

¿El problema era más amplio de lo que esperaban?

Sí. Nos encontramos con un patrón continuo de violencia muy agresivo, muy tolerado y muy normalizado en Condorcanqui. Eso obliga a mirar el problema más allá de determinados casos o instituciones. Estamos hablando de una violencia que aparece en distintos espacios de la vida de las niñas y adolescentes.

Nos encontramos con un patrón continuo de violencia muy agresivo, muy tolerado y muy normalizado en Condorcanqui. Eso obliga a mirar el problema más allá de determinados casos o instituciones. Estamos hablando de una violencia que aparece en distintos espacios de la vida de las niñas y adolescentes».

Desde el Mesecvi han hablado que lo de Condorcanqui es “un problema estructural y persistente”. ¿Qué significa eso concretamente en la práctica?

Que el problema no puede responder solo a una sola institución. Salud, justicia y educación tienen que trabajar coordinadamente y de manera multisectorial. También hay que garantizar que la ruta de la denuncia funcione en todos esos ámbitos. No puede ocurrir, por ejemplo, que una denuncia llegue a educación y después no esté claro hacia dónde se deriva, o que el proceso administrativo quede allí y no sepamos qué pasó con el caso o con la persona denunciada.

¿Aún faltaría más información para dimensionar el problema?

Las instituciones tienen información. Cuando conversamos con las UGEL, con salud y con otras entidades, tenían datos. Puede haber diferencias entre las cifras, pero todas son muy muy altas. No podemos decir que no haya información. El problema es qué nos dicen esas cifras y qué sucede después con esas denuncias. Nuevamente, aparece un nivel muy alto de violencia y de tolerancia hacia ella.

Cuando la denuncia choca con el Estado

¿Qué tendría que cambiar para que la respuesta del Estado funcione mejor en Condorcanqui?

Una primera recomendación es garantizar personal estable en la región y en la provincia, con presupuesto estable y formación en derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad.

Además, debe existir coordinación efectiva. El Poder Judicial puede tener determinados recursos, pero el Ministerio Público, la Policía, salud y educación también necesitan capacidades para responder. Esto no puede funcionar si cada institución trabaja de manera separada.

Hay que garantizar que la ruta de la denuncia funcione en todos esos ámbitos. No puede ocurrir, por ejemplo, que una denuncia llegue a educación y después no esté claro hacia dónde se deriva, o que el proceso administrativo quede allí y no sepamos qué pasó con el caso o con la persona denunciada».

Durante la visita ustedes mismas experimentaron las dificultades para desplazarse por Condorcanqui. ¿Cuánto pesan esas condiciones en el acceso a la justicia?

Muchísimo. Nosotras hicimos traslados de cuatro horas, pero teníamos esos traslados financiados. Entonces, la pregunta es qué ocurre con una niña, una adolescente o una mujer que necesita hacer ese recorrido.

¿Qué pasa si la Fiscalía no tiene cómo acceder a una lancha o la Policía tampoco dispone de recursos para trasladarse? Se corta la electricidad, hay dificultades de conectividad. Puede ocurrir que estén tomando una declaración y se corte la luz. Hay dificultades operativas muy complejas, pero no podemos permitir que eso implique que una mujer, una adolescente o una niña no acceda a su derecho a la justicia.

¿Es allí donde una denuncia puede terminar quedándose a medio camino?

Claro. Hay que garantizar que el registro de la denuncia y el testimonio permitan iniciar el proceso. Las distancias y el desarraigo también forman parte de esa ruta crítica. Estamos hablando de niñas que se trasladan desde sus comunidades y se separan de sus familias. Todas esas barreras pueden hacer que una víctima directamente no acceda a la justicia o desista de hacerlo.

La importancia del enfoque preventivo en Condorcanqui

La respuesta del Estado no puede quedarse solamente en acelerar los casos pendientes. Usted ha insistido también en la prevención.

La coordinación entre salud, educación y justicia es clave, sobre todo para prevenir. Se necesitan procesos de transformación social en la zona, y para eso hay que incorporar la interculturalidad y dialogar con las comunidades. También es fundamental dar valor a los liderazgos de las mujeres indígenas. Ellas están haciendo un trabajo sustantivo: reciben denuncias, y acompañan a adolescentes y mujeres.

Una primera recomendación es garantizar personal estable en la región y en la provincia, con presupuesto estable y formación en derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad».

Además de las barreras para acceder a la justicia, ¿qué otras consecuencias o problemáticas encontraron asociadas a la violencia sexual contra niñas y adolescentes en Condorcanqui?

Estamos hablando de niñas y adolescentes que pueden enfrentar embarazos, infecciones de transmisión sexual, VIH y consecuencias muy graves para su salud mental. Además, nos llamó mucho la atención la situación de los suicidios. Hay que indagar por qué las adolescentes y las niñas están tomando ese tipo de decisión, si es por una situación de violencia de género, por ejemplo, o del desarraigo también.

¿Qué papel juega la pobreza en la persistencia de la violencia contra niñas y adolescentes en Condorcanqui?

Uno tiene que mirar cuáles son las responsabilidades que tienen las autoridades en esa pobreza, en ese abandono, porque obviamente genera condiciones estructurales para que la violencia hacia mujeres y niñas sea mayor. Todo lo que vimos en nuestro recorrido fueron condiciones de pobreza extrema. Y ese es un factor determinante.

Rosemary Pioc: “Cuando llega un visitante, siempre se limpia la casa para que vea otra realidad”

Con esa imagen, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (Comuawuy), explica por qué para ellas era importante que la misión del Mesecvi no se quedara únicamente en las reuniones oficiales durante su visita a Condorcanqui.

Pioc, quien denunció públicamente los casos de violencia sexual contra escolares en la provincia, recibió junto con otras integrantes de la organización a las expertas en la Casa de las Mujeres. Allí pudieron contarles directamente lo que ocurre en el territorio, los casos que acompañan y las barreras que encuentran las víctimas frente al Estado. “Estamos muy distantes del Estado”, sentencia.

Tras la visita, Pioc comparte sus impresiones sobre la misión y explica qué espera de la intervención de la OEA para que las denuncias y demandas de las mujeres de Condorcanqui se traduzcan finalmente en respuestas concretas.

¿Qué espera de la visita de la misión de la OEA a Condorcanqui? ¿Puede ayudar a que el Estado atienda finalmente el problema en su real magnitud?

Eso esperamos. Tenemos esperanza porque es la primera vez que esta comisión llega a la provincia de Condorcanqui. Nosotras las invitamos a la Casa de las Mujeres porque queríamos que nos escucharan directamente. Hemos salido muchas veces en los medios con casos muy dolorosos, pero no vemos resultados. Yo les dije algo: cuando llega un visitante, siempre se limpia la casa para que vea otra realidad. Por eso, queríamos que vinieran y conocieran lo que realmente está sucediendo.

¿Qué problemas en la respuesta del Estado quisieron mostrarle directamente a la misión?

Escuchamos a fiscales, jueces y representantes del Ministerio de la Mujer explicar la problemática, pero como organización hicimos hincapié en la débil articulación que existe entre el Estado y el territorio. Estamos muy distantes del Estado. Eso se ve, por ejemplo, en las rutas para atender la violencia sexual o prevenir el VIH.

¿Qué respuestas encontraron cuando la misión preguntó qué está haciendo el Estado frente al incremento de los casos de violencia?

También fue muy notorio que no había respuestas adecuadas sobre qué están haciendo la Fiscalía, el Poder Judicial o la Policía frente al incremento de los casos. Muchas veces, la respuesta es que falta presupuesto. Yo les dije que nosotras no esperamos viáticos para salir a las comunidades y atender casos de violencia. Vamos a seguir atentas a que la comisión exija respuestas al Estado.

¿Considera necesaria una comisión específica que atienda la situación de Condorcanqui desde el Senado?

Sí, porque los problemas de Condorcanqui tienen que tener nombre y apellido. Son casos graves y crónicos. El Estado no puede tratar esto solamente de manera general. Tiene que existir una intervención específica para Condorcanqui, con presupuesto dirigido y, además, monitoreado para saber si realmente llega a los pueblos originarios. Muchas veces, los recursos se quedan en Chachapoyas, como si el problema estuviera allí. Por eso, exigimos un proyecto dirigido específicamente a Condorcanqui que permita cerrar esta brecha tan dolorosa que vivimos.

Los próximos pasos

¿Qué sigue ahora después de esta visita? ¿Cuándo estarán listas las recomendaciones y el informe final?

La ruta de trabajo es que nosotros les indicamos a las distintas autoridades públicas que tienen alrededor de 15 días, o sea dos semanas, para hacernos llegar esta data y poder ir comparándola o cualquier otra información que crean que pueda robustecer nuestro informe. Puede ocurrir también que, a propósito del proceso de conversación, entrevista y diálogo que tuvimos en conjunto, quede la sensación de que faltó algo o de que alguna información tiene que recabarse con más cuidado y detalle.

En ese periodo, nosotros estamos construyendo un informe más robusto que vamos a entregar en la semana del 19 de octubre, cuando la reunión del Comité de Expertas se realice acá en el Perú. Ahí vamos no solamente a dar a conocer los hallazgos que ya hemos señalado, como que esta violencia es estructural y que hay situaciones que van más allá del ámbito educativo, sino también nuestras recomendaciones.

Finalmente, ¿cómo se hará el seguimiento?

Vamos a establecer una serie de recomendaciones que, obviamente, van a tener distintas temporalidades: de corto, mediano y largo plazo. Se va a conversar y se va a hacer una devolución de esas responsabilidades a las distintas áreas públicas que tienen que hacerse cargo de ellas: sistema de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, el servicio médico legal o la entidad forense que corresponda, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo.

El rol de las universidades frente a la violencia digital

Durante su visita a la PUCP, Mónica Maureira y Luz Patricia Mejía participaron en diversas actividades sobre violencia digital basada en género y hostigamiento sexual digital. Entre ellas, formó parte del evento público Violencia Digital Basada en Género: políticas públicas, plataformas digitales y universidades, dirigido a la comunidad universitaria y al público externo.

Además, participaron en un espacio interno de fortalecimiento de capacidades con integrantes de la Comisión Disciplinaria, el Tribunal Disciplinario y otras instancias involucradas en la prevención, atención e investigación de casos de hostigamiento sexual digital. La agenda incluyó también un diálogo con representantes estudiantiles para compartir experiencias, fortalecer los mecanismos institucionales de atención, y contribuir a la construcción de redes de apoyo y espacios seguros e inclusivos.

Durante los diferentes eventos, abordaron los estándares que se vienen desarrollando en la región a partir de la Convención de Belém do Pará. Maureira puso el acento en que las instituciones no tienen por qué esperar a que exista una ley específica para empezar a actuar.

“No es solo una ley. Hay otras instancias y autoridades que pueden hacerse cargo de esta violencia sin que necesariamente haya una gran ley”, explica Maureira.

Explicó, además, que en el caso de las universidades estas deben asumir un papel activo en la prevención y atención de estos casos. “Una oficina de género podría hacerse cargo de la violencia digital hacia las mujeres por razón de género, sin que necesariamente tengamos una ley”, señala.

El desafío, sostuvo, es que cada institución «pueda traducir estos estándares a su propia realidad y construir respuestas concretas, ya sea en una universidad, un colegio, un hospital o una empresa».