Los retos urgentes: especialistas PUCP advierten sobre los desafíos pendientes en seguridad ciudadana

En el Perú, la inseguridad se ha convertido en una experiencia cotidiana. Extorsiones, asesinatos por encargo, robo de celulares y economías ilegales configuran un escenario donde el Estado parece llegar siempre tarde. A ello se suma una violencia criminal que se desplaza por corredores regionales, muta rápidamente y encuentra nuevas formas de operar gracias a la precariedad institucional, la corrupción y el avance tecnológico. Mientras tanto, el debate político suele reducir el problema de la seguridad ciudadana a promesas de “mano dura”, más cárceles o estados de emergencia que han demostrado ser insuficientes.

Para el Mag. Noam López, docente de la Sección Ciencia Política de la PUCP, el país enfrenta además un problema estructural: la falta de continuidad en las políticas de seguridad. “Tenemos una alta volatilidad en el sector Interior. Cada tres meses hemos tenido cambios de ministros y eso hace que los proyectos duren muy poco a nivel sectorial”, sostiene.

A ello se suma una lógica reactiva que prioriza el impacto mediático antes que las soluciones sostenibles. “Cuando ocurre un hecho delictivo muy grave recién se investiga, recién se moviliza el ministerio y recién aparece una respuesta política. Las medidas suelen venir desde un enfoque muy punitivo y militarizante”, advierte.

La investigadora del IDEHPUCP Erika Solis coincide en que el país ha retrocedido en prevención y diagnóstico técnico. “Seguimos haciendo lo mismo desde hace más de quince años: una mirada populista sobre seguridad, basada en percepciones y reacciones, pero no en evidencia”, afirma.

En plena campaña electoral, varios planes de gobierno insistieron en propuestas de megapenales al estilo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreño, endurecimiento de penas y mayor presencia militar. Para Solis, estas medidas apelan al miedo ciudadano, pero no solucionan el problema de fondo. “El castigo llena un espacio emocional de rabia y miedo, pero eso no significa que reduzca realmente la criminalidad”, sostiene.

Frente a ello, ambos especialistas plantean una ruta distinta: menos espectáculo político y más capacidad estatal. Una agenda que combine prevención, inteligencia, uso estratégico de datos y reformas profundas que permitan entender el crimen como un fenómeno social complejo y no solo como un asunto policial.

Reforma policial: una institución atrapada en la precariedad

Para el especialista PUCP Noam López, la transformación de la Policía Nacional se debe dar en tres niveles: formación, gestión de recursos e integridad institucional.

Hablar de seguridad en el Perú implica, inevitablemente, hablar de la Policía Nacional. Pero para Noam López, la discusión pública suele quedarse en consignas vacías. “Todos hablan de reforma policial, pero nadie dice cómo”, señala.

El especialista propone una transformación en tres niveles: formación, gestión de recursos e integridad institucional.

En el primero, cuestiona las condiciones en las que se forman miles de efectivos. “Las escuelas policiales tienen carencias en infraestructura, equipamiento y formación práctica. Los policías pasan mucho tiempo sentados en aulas y muy poco entrenando intervenciones reales”, explica.

El segundo problema es la administración de recursos. López describe comisarías sin patrulleros, sin radios y policías utilizando sus recursos propios. “No es posible que haya comisarías en el Perú donde los policías usan sus propios celulares, compran su propia munición o se comunican por WhatsApp porque no tienen radios. Ahí uno se pregunta dónde termina realmente el presupuesto. Hay presupuesto, pero existe una pésima gestión”, cuestiona.

Esta situación conecta con uno de los hallazgos de su reciente artículo académico “Informal Institutions in Policing: Unwritten Rules in the National Police of Peru”, publicado en la revista Police Practice and Research. Allí, López identifica la existencia de reglas informales dentro de la Policía Nacional, entre ellas “vivir en precariedad”, una lógica cotidiana en la que la escasez de recursos y la improvisación terminan normalizándose dentro de la institución.

La precariedad alcanza incluso a las áreas preventivas. Según explica, las unidades de Policía comunitaria sobreviven gracias a rifas y donaciones vecinales para financiar actividades con jóvenes y barrios vulnerables. “Es el servicio más descuidado de toda la Policía Nacional”, sostiene.

El tercer eje es la corrupción y la cultura institucional. Para López, una Policía cerrada y opaca dificulta cualquier posibilidad de control ciudadano. “Hay que abrir la data policial, transparentar compras públicas y procesos de ascenso. Cuando una institución se cierra más, ocurre todo lo contrario a lo que debería pasar”, afirma.

La seguridad también debe descentralizarse

Otro de los grandes problemas, advierte López, es que el país sigue pensando la seguridad desde Lima. Aunque la criminalidad avanza en regiones amazónicas, ciudades intermedias y corredores ilegales vinculados a minería, narcotráfico o contrabando, las decisiones continúan excesivamente centralizadas.

“Hoy no existe una verdadera descentralización de la toma de decisiones en seguridad y eso impide responder a las realidades de cada territorio”, sostiene.

Actualmente, los gobiernos regionales ni siquiera tienen competencias claras en seguridad ciudadana dentro de su ley orgánica. En muchos casos, el tema termina absorbido por oficinas de gestión de riesgos y desastres, áreas diseñadas para emergencias naturales y no para enfrentar fenómenos criminales complejos.

No se puede patrullar la Amazonía con la misma lógica que Lima: los equipos, estrategias y capacidades tienen que adaptarse a las necesidades específicas de cada zona”.

“No es posible que en 2026 los gobiernos regionales no tengan una gerencia especializada en seguridad ciudadana”, afirma López.

El resultado es un aparato estatal desarticulado y sin capacidad técnica territorial. Mientras regiones como La Libertad, Madre de Dios o Loreto enfrentan economías ilegales cada vez más sofisticadas, muchos equipos regionales apenas cuentan con uno o dos funcionarios dedicados al tema.

Para López, descentralizar implica crear observatorios regionales, producir diagnósticos propios y desarrollar inversión pública estratégica según las necesidades de cada territorio. “No se puede patrullar la Amazonía con la misma lógica que Lima: los equipos, estrategias y capacidades tienen que adaptarse a las necesidades específicas de cada zona”, explica.

Sin data no hay prevención en seguridad ciudadana

Uno de los consensos entre ambos especialistas es que el Perú enfrenta la criminalidad con información insuficiente y diagnósticos fragmentados. “La seguridad se sigue manejando por percepciones más que por evidencia”, resume Erika Solis. Además, cuestiona que el país no cuente con mecanismos para conocer cuántas personas son víctimas de delitos ni tenga sistemas integrados de análisis que permitan comprender cómo operan los delitos, dónde se concentran y quiénes son sus principales víctimas.

“Seguimos construyendo políticas de seguridad sobre datos incompletos. Muchas veces, las cifras oficiales solo muestran cuántas personas denunciaron, pero no necesariamente cuánto delito existe realmente. En delitos como la extorsión, la trata o la violencia, hay enormes niveles de subregistro porque la gente tiene miedo o desconfía de las instituciones”, explica Solis.

En esa línea, advierte que interpretar una reducción de denuncias como una mejora automática puede llevar a diagnósticos equivocados y decisiones ineficaces.

Frente a ello, ambos especialistas coinciden en que la inteligencia policial y el análisis de datos deben convertirse en pilares de la prevención. López sostiene que la Policía necesita abandonar la lógica reactiva y avanzar hacia una estrategia prospectiva.

“Hacer inteligencia es transformar datos en conocimiento para anticiparse a los delitos. Y hacer inteligencia, finalmente, es hacer prevención. Los cuerpos policiales más avanzados del mundo trabajan prospectivamente, usando tecnología y análisis para evitar que el delito ocurra”, explica.

Para ello, plantea integrar información policial, fiscal, financiera y tecnológica que permita identificar patrones criminales y responder con rapidez. La extorsión, afirma, evidencia las limitaciones actuales: una denuncia puede tardar semanas en circular entre comisarías, fiscalías y operadores telefónicos, tiempo suficiente para que las redes criminales cambien números, cuentas o modalidades de operación.

Por eso, propone crear equipos especializados permanentes que trabajen coordinadamente con operadoras telefónicas y entidades financieras para compartir información en tiempo real y actuar antes de que el delito escale.

"En delitos como la extorsión, la trata o la violencia, hay enormes niveles de subregistro porque la gente tiene miedo o desconfía de las instituciones”, señala la especialista Erika Solis.

El problema de las leyes y el populismo penal

Otro punto crítico es el exceso de normas improvisadas. En los últimos años, el Congreso aprobó múltiples leyes que endurecen penas, amplían figuras penales o restringen derechos bajo la promesa de combatir la inseguridad.

Sin embargo, para Solis, muchas de estas medidas no tienen evidencia que respalde su efectividad. “Tenemos un problema enorme de implementación y seguimiento de normas. Se legisla mucho, pero no se mide el impacto real de esas leyes”, sostiene.

Tenemos un problema enorme de implementación y seguimiento de normas. Se legisla mucho, pero no se mide el impacto real de esas leyes”.

La criminóloga advierte que varias disposiciones han terminado agravando otros problemas, como el hacinamiento penitenciario o la criminalización de jóvenes. Actualmente, las cárceles peruanas superan ampliamente su capacidad y funcionan, en muchos casos, solo como espacios de contención.

“No hay resocialización. Solo contención”, afirma.

Además, alerta sobre el riesgo de copiar modelos como el salvadoreño sin considerar las diferencias contextuales ni sus consecuencias futuras. “El Cecot es una bomba de tiempo. No existe presupuesto sostenible para mantener indefinidamente un sistema basado únicamente en encarcelamiento masivo”, sostiene.

Más prevención, menos espectáculo

Para ambos especialistas, el desafío central del próximo gobierno será romper con la lógica del espectáculo político y construir políticas sostenidas en evidencia.

Eso supone entender que la seguridad no se resolverá únicamente con más cárceles, más militares o más operativos televisados. También requiere inversión social, prevención temprana, fortalecimiento institucional y una mirada integral sobre los mercados ilegales y las violencias que atraviesan el país.

“El delito es un fenómeno social, no una enfermedad que se elimina de un día para otro”, resume Erika Solis.

Noam López coincide en que la respuesta no puede seguir dependiendo de medidas improvisadas cada vez que ocurre una crisis mediática. “Necesitamos decisiones estratégicas sostenibles y basadas en conocimiento”, sostiene.

En un país donde el miedo se ha convertido en un actor permanente, la gran pregunta ya no es solo cómo castigar el crimen, sino cómo reconstruir la capacidad del Estado para prevenirlo antes de que siga expandiéndose.