Agentes policiales especializados iniciaron el desalojo forzado de las comunidades amazónicas que ocupaban las vías principales de tránsito en protesta por la desatención del gobierno central de su pedido de derogatoria de decretos legislativos inconstitucionales. Desesperados, los ciudadanos de Bagua llamaron a los medios de prensa para informar que la situación se tornaba incierta. La población urbana de la ciudad y las comunidades vecinas se estaban movilizando para apoyar a las comunidades amazónicas que estaban siendo desalojadas.

Este contexto muestra el fracaso del derecho oficial y de las autoridades del gobierno central (el Presidente de la República, los congresistas, los ministros). Estos insistieron o impusieron decretos legislativos promulgados en aras del libre comercio sin analizar su contenido constitucional o cumplir con los procedimientos que nuestra propia Constitución Política prevé.

¿Qué corresponde hacer? ¿Qué puede pasar?
Debe suspenderse la acción violenta de los agentes policiales o desde las Fuerzas Armadas. Se debe suspender la validez de los decretos legislativos cuestionados con medios institucionales para luego iniciar un serio diálogo. El Presidente de la República y los ministros correspondientes son los responsables de estas medidas. El contexto geográfico y la identidad de las comunidades en conflicto genera que el uso de la fuerza produzca mayor violencia.

El principal efecto de lo sucedido es que los pueblos reprimidos por la Policía o las Fuerzas Armadas, acrecienten su odio al Estado y a sus gobernantes. Se comprueba una vez más el histórico etnocentrismo de nuestra sociedad y particularmente de nuestros gobernantes. Otra posible consecuencia es que las protestas de las comunidades amazónicas pueden ser replicadas por los pueblos andinos y los gremios sindicales del país que han esperado una respuesta democrática del gobierno central.

El número de muertes a las 3 p.m. de hoy (5 de junio) según información de la prensa, supera las 30, entre civiles y agentes policiales. Estas muertes y los cientos de heridos, producen responsabilidad política que debe ser asumida por las autoridades del gobierno central. La Constitución Política prevé la renuncia o vacancia de las autoridades.

La alternativa de solución que viene adoptando el gobierno central frente a los reclamos de las comunidades amazónicas muestra, una vez más, qué alejados nos encontramos para comprender nuestra diversidad cultural, ecológica y humana. Qué difícil es comunicarnos con los dirigentes o representantes de comunidades o pueblos históricos diferentes. Qué difícil es que nuestras autoridades oficiales se sientan como ellos y entiendan cómo se vive y de qué se vive en sus contextos culturales y ecológicos. ¿Qué hubiera pasado si la Amazonía fuere Lima y la minoría de limeños originarios protestaran como las comunidades amazónicas? ¿Se autorizaría el uso de la Policía y las Fuerzas Armadas para desalojarlos?

Lo descrito nos conduce a una nueva experiencia de desastre político en nuestro país.