En las investigaciones que ha realizado sobre la justicia transicional, siempre resalta la importancia de incluir a las empresas en ella. ¿Por qué es necesario tomar en cuenta este aspecto?

En Essex, en el 2009, establecimos una red dedicada a investigar la justicia transicional: “Essex Justice Transitional Network”. Ahí surge mi interés por conocer las dimensiones sociales y económicas que giran en torno a esta justicia y que están vinculadas con la participación de las empresas en los conflictos armados. Normalmente la justicia transicional se enfoca mucho en violaciones de derechos políticos y civiles y no tanto en el aspecto económico, así que decidimos centrarnos en eso porque los intereses económicos también fomentan conflictos y son causa de represión.

El conflicto armado entre las FARC y el gobierno colombiano está en un proceso de paz. ¿Por qué decide abocarse a este caso?

Yo empecé a trabajar el caso de Colombia en Argentina. Inicialmente, cuando empecé con las investigaciones, no se había desarrollado tanto esto del vínculo de la justicia transicional y las empresas. Hicimos un proyecto con Essex y una universidad en Argentina y en Colombia, y ahí fue donde empezamos a relacionarnos con el caso colombiano. Además, la fundadora de la red es colombiana y siempre nos hablaba del tema. Para mí, ahora, es un proyecto muy interesante.

La Ley de Justicia y Paz de Colombia se aprobó con la finalidad de resolver el conflicto, y aún a pesar de haber tenido ciertas modificaciones a lo largo de los años, las empresas siguen sin ser parte de ella. ¿Qué se debería hacer para incluirlas?

Eso es lo que se está pensando actualmente en Colombia. Es un proceso difícil, porque todavía nadie sabe muy bien cómo interpretar los procesos jurídicos. Cuando se empezó a aplicar la ley, se excluyó a las empresas en su totalidad. Fue una justicia transicional bastante fragmentada, pero actualmente es uno de los problemas que están tratando de resolver. Ahora, en el nuevo contexto de la justicia transicional, si hay un caso en el que un paramilitar confiesa que mató a alguien, puede ir a la cárcel por 8 años máximo, como dice la ley. Pero si señala que hubo asistencia por empresarios, a ellos también se les puede aplicar una pena, pero esta no es igual a la que la ley promueve, porque no están incluidos. Entonces, a pesar de los intentos, seguimos teniendo una justicia desproporcionada.

En caso se logre incluir a las empresas dentro de la ley, ¿cree que las penas deberían ser las mismas que se aplican a los paramilitares?

Es una muy buena pregunta y la verdad es que es muy difícil de responder. Generalmente las mismas penas se aplican a todos. Yo creo que sería absolutamente imposible pensarlo de otra manera; entonces por una cuestión de realismo tendría que hacerse así. Personalmente, no estoy del todo segura y no tengo una posición muy clara sobre eso.

¿Existe algún modelo que incluya la responsabilidad de las corporaciones en la violación de derechos humanos?

Realmente no hay modelos internacionales. En Sudáfrica tenían audiencias temáticas a cargo de la Comisión de la Verdad sobre el rol de las empresas, pero luego quedaron en nada, a pesar de ser muy importante para tener información sobre lo que pasó. En las comisiones a veces se habla un poco de eso, pero sinceramente es una parte muy chica. Ahora en Argentina hay juicios a empresarios, pero son tendencias y nada más.

¿PARA QUÉ NOS VISITÓ?
Evento: Estancia de Investigación con el Grupo GIDCDF. Evento Principal:  Conferencia magistral “Justicia Transicional: el caso colombiano” Organizadores: Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales y Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ).