En el marco del Proyecto de Ley (PL) que debate la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MTCI), se discute además el PL de fortalecimiento de la investigación a través de los posgrados en las universidades estatales y privadas bajo un nuevo ente rector.

Los promotores de ambos proyectos de ley reconocen que en el Perú son las universidades las instituciones responsables del 80% de la producción investigativa, y suponen además que esta se encuentra vinculada a los posgrados como espacios naturales para la formación de comunidades académico – científicas.

Dentro de este contexto, la oferta actual de estudios de posgrados presenta características que el PL de fortalecimiento aspira corregir. De acuerdo con el último informe bienal de la Sunedu (2022), más del 60% de la oferta de programas de posgrado son especialización profesional en campos relacionados con la educación, la administración y el derecho, y casi el 80% de la matrícula se concentra en estos. Se entiende con ello que tenemos una gran brecha por cubrir en cuanto a la oferta de programa de posgrados orientados a la formación de investigadores y científicos que impulsen el desarrollo de la investigación científica, en especial en las ciencias básicas y naturales.  

Ante ello, el PL de fortalecimiento establece, en primer lugar, que los posgrados se dividen en programas de profundización y especialización profesional (lato sensu), y en programas de formación de investigadores con alto rigor académico – científico (stricto sensu). Dada la distinción, propone que los segundos sean autorizados, reconocidos, regulados, supervisados y evaluados por el ente rector del sector.

¿Qué tan conveniente puede ser que todas las funciones antes señaladas estén bajo un solo ente rector? Y ¿qué tan conveniente resulta este nuevo ordenamiento para las universidades? Así, son dos temas los que nos deben llevar a reflexión: la necesidad de contar con instancias expertas e independientes para la autorización, supervisión y el aseguramiento de la calidad de los programas de posgrado, que garanticen los adecuados controles y balances, por un lado. Y por el otro, que las universidades contemos con los incentivos necesarios (cumpliendo estándares de calidad internacional) que faciliten el desarrollo de las funciones de formación e investigación. Ambos temas son dos caras de la misma moneda.

Al estar aún al inicio del camino del desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de investigación de las universidades estatales y privadas del país, necesitamos instancias articuladas que faciliten este trayecto. Por ejemplo, que garanticen las condiciones básicas para formar jóvenes investigadores a través de importantes programas de financiamiento de becas en el extranjero, programas de retorno de profesores investigadores con condiciones laborales competitivas, sistemas de evaluación y reconocimiento de investigadores aceptados por las comunidades académico – científicas y aplicados por las universidades. Requerimos de más fondos de investigación para proyectos de desarrollo tecnológicos y con impacto social, sí, pero también para proyectos en las ciencias básicas y demás disciplinas que aspiran a crear conocimientos más allá de la aplicación de corto plazo. 

No debemos renunciar a la aspiración de fortalecer la institución universitaria como espacio de formación e investigación, que forma profesionales de calidad, y es capaz de formar más y mejores comunidades académico – científicas con capacidades de generar conocimientos de avanzada, con visión de largo plazo en beneficio de la sociedad.