La norma, aprobada por el Congreso el 11 de diciembre pasado y vigente por cinco años, permite a las empresas contratar jóvenes de entre 18 y 24 años sin que reciban CTS, gratificaciones, o seguros por riesgo. Mientras que el gobierno defiende que estos recortes -y otros beneficios brindados por capacitar a estos empleados- incentivarán el empleo formal, un amplio grupo de la población (72%, según Ipsos) desaprueba la ley.

“Las encuestas muestran que la pelea pública se perdió y es muy difícil que esta ley, por más que se explique o se modifique, gane legitimidad”, señala Dargent, quien considera que más allá del debate técnico, es prácticamente imposible que cambie la impresión negativa que se ha formado la opinión pública. “No es solo un grupo de desinformados, como se decía, y el descontento es muy alto y muy fuerte”, añade.

Las cuatro marchas organizadas en contra del régimen laboral, a pesar de no tener una cabeza o líder visible, han convocado a gran cantidad de personas. “Debemos tener en cuenta, además, que la protesta ha sido amplia en los sectores que han respondido –no como en el caso de la ‘Repartija’, que fue más circunscrito- y han roto las formas normales de protestar al ir por San Isidro y Miraflores, o por ir a la Confiep”, considera el politólogo.

Justamente se ha convocado a una quinta marcha contra la llamada «Ley Pulpín» para el miércoles 28, cuando la Comisión Permanente del Congreso debatirá modificaciones o su eventual derogación.
Según explica Dargent, a diferencia de la protesta de la ‘Repartija’, en que distintas bancadas eran acusadas de designar a personajes con un marcado sesgo político en puestos del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, esta vez el Gobierno Central es el blanco de las críticas. “Esto ha puesto al gobierno al frente de las protestas y no puede zafarse fácilmente de la norma. El gobierno viene siendo cuestionado y tiene un impacto especial porque además se le ha vinculado simbólicamente al empresariado con la idea de que da ciertas normas cercanas a este”, señala.

“Pero lo más interesante es que muy difícilmente algún político podrá capitalizar este descontento porque mucha de la gente que está protestando no cree en la política, ni siquiera en la organización política más básica”, añade. A pesar de que algunos congresistas de izquierda se opusieron claramente a la norma desde un inicio, y de que ahora diversos partidos proponen ciertas modificaciones, Dargent considera que ninguno de ellos podría lograr que la mayoría de quienes protestan se identifiquen con ellos. “Hay algunos nombres y rostros conocidos, pero muchos de quienes protestan le tienen alergia a la organización. Eso es un límite a la propia marcha y sus demandas, que de alguna manera debería buscar organizarse más”.

“Hay que recordar que hay todavía una parte de implementación que necesita de apoyo político para llevarse a cabo. Así como está la norma, va muerta, y muy probablemente se derogue”, advierte.