Instituto de Democracia y Derechos Humanos – IDEHPUCP 
La investigación del Dr. Percy Bobadilla, Gestión de conflictos socioambientales en el Perú. El punto de vista del sector público y privado, 1990-2021, traza tres décadas de aprendizajes en la relación entre Estado, empresas mineras y comunidades. A partir de entrevistas con funcionarios y ejecutivos —no solo con críticos—, su estudio reconstruye cómo las prácticas empresariales y la capacidad estatal evolucionaron desde los años 90 hasta hoy, y por qué aún persisten fragilidades que generan conflictos.
Entre las medidas que propone la investigación figuran: realizar estudios de capacidad territorial antes de concesionar, implementar la consulta previa antes de la inversión, crear oficinas multisectoriales permanentes en zonas mineras y centrar lo social en los planes de negocio (contratación local, transparencia y proyectos regionales).
El libro, editado en una colaboración conjunta entre Clacso y la PUCP, compara experiencias disímiles —Antamina y Cerro Verde frente a Yanacocha y Las Bambas— y concluye que la minería puede impulsar desarrollo cuando se sincronizan inversión productiva, uso adecuado de impuestos en infraestructura de calidad y programas sociales que empoderen a la población. Pero la discontinuidad política, la debilidad institucional y la minería informal siguen siendo amenazas importantes.
Entre las medidas que propone la investigación figuran realizar estudios de capacidad territorial antes de concesionar, implementar la consulta previa antes de la inversión, crear oficinas multisectoriales permanentes en zonas mineras y centrar la responsabilidad social corporativa en los planes de negocio sostenidos (contratación local, transparencia y proyectos regionales).
Gestión de conflictos socioambientales en el Perú. El punto de vista del sector público y privado, 1990-2021
Clacso coediciones, 2025
Disponible para descarga gratuita
Se presentará el jueves 4 de setiembre a las 6:30 p.m. en la sala de reuniones 1, piso 9 del Complejo de Ciencias Sociales
Trayectorias institucionales y la urgencia de la consulta previa
¿Cómo han cambiado las condiciones sociales y territoriales en las últimas décadas?
Yo observé que, en los años 90, la minería llegó a territorios sin preparación —sin servicios básicos ni capacidad local— y eso generó rupturas sociales profundas. Con el tiempo, emergió una burocracia ambiental, mesas de diálogo y mecanismos de gobernanza territorial; fue un aprendizaje traumático pero real: se han desarrollado herramientas para prevenir y monitorear, aunque no siempre se apliquen con continuidad.
¿Qué aprendizajes se han logrado alcanzar desde el Estado?
He visto que el Estado aprendió que no puede concesionar sin antes evaluar capacidades territoriales (propiedades saneadas, agua, electricidad, servicios). Aprendió también que debe dejar de reaccionar solo cuando el conflicto explota: hacen falta oficinas multisectoriales permanentes en los territorios, protocolos articulados y personal con continuidad que no dependa del vaivén político. Sin eso, las políticas quedan en papel.
El Estado aprendió que no puede concesionar sin antes evaluar capacidades territoriales (propiedades saneadas, agua, electricidad, servicios). Aprendió también que debe dejar de reaccionar solo cuando el conflicto explota».
¿Cuál es el papel de la consulta previa?
El Estado debe implementar la consulta previa antes de la inversión minera, no después. Lo sostengo porque la consulta tardía llega cuando ya hay expectativas, inversiones y promesas rotas: entonces el diálogo se convierte en arena de conflicto en lugar de herramienta preventiva. La consulta temprana permite diseñar obras, mitigaciones y acuerdos con mirada territorial.
¿Qué papel juegan las universidades y las ONG en la gobernanza territorial?
Las universidades y las ONG son catalizadoras: generan evidencia técnica, vigilan monitoreos y convocan a actores. En casos exitosos, actúan como puentes entre comunidad, empresa y Estado, facilitando mesas de diálogo con resultados técnicos y políticos. Sin ese tejido, la desconfianza crece y los reclamos se politizan.
Legitimidad empresarial, RSC y Perumin
¿Por qué Antamina y Cerro Verde tuvieron mayor legitimidad que Yanacocha o Las Bambas?
Antamina y Cerro Verde corrigieron errores iniciales y adoptaron una visión regional: empujaron al Estado a ejecutar obras, priorizaron inversiones visibles en salud y educación, y trabajaron la transparencia. En contraste, Yanacocha y Las Bambas enfrentaron polarización política, incumplimientos y cambios de propiedad que erosionaron acuerdos; la pérdida de confianza fue acumulativa.
¿Qué hace que la responsabilidad social corporativa (RSC) deje de ser ‘decorativa’?
La RSC funciona cuando se integra al plan de negocios: monitoreo permanente, contratación local, prevención técnica y resultados tangibles. Si la RSC es solo una etiqueta, no genera confianza; si produce obras útiles y empleo local, reduce riesgos y costos sociales.
Perumin sintetiza el aprendizaje institucional de la minería formal: muestra prácticas, tecnología y voluntad empresarial para ser vecino y generar desarrollo».
¿Puede la autoprotección empresarial reemplazar al Estado?
A veces, las empresas llenan vacíos que el Estado deja —servicios y obras—, y eso crea dependencia y desigualdades entre territorios. Si la empresa suplanta al Estado sin control, los acuerdos pueden esconder impactos o inequidades. Por eso la transparencia y la vigilancia estatal son indispensables: la empresa no puede ser árbitro y jugador a la vez.
¿Cómo conecta sus hallazgos con lo que se debate en Perumin este año?
Para mí, Perumin sintetiza el aprendizaje institucional de la minería formal: muestra prácticas, tecnología y voluntad empresarial para ser vecino y generar desarrollo. Lo que veo en Perumin es evidencia de que la minería ya no es la misma de los 90: hay tecnología para mitigar relaves, prácticas de seguridad y una mayor profesionalización. Pero también es un lugar donde se discute la tensión entre rentabilidad y responsabilidad; la tecnología y el fair play empresarial no sustituyen la presencia del Estado ni la necesidad de supervisión pública.
Estado, planes y riesgos pendientes
¿Cuáles son los desafíos más urgentes del Estado?
No basta con normas: hace falta ejecución sostenida. El Estado sufre discontinuidad política, escasez de personal y falta de oficinas multisectoriales en territorio. Cuando el Estado actúa temprano y con autoridad, media y reduce tensiones; cuando abandona el espacio, la minería termina suplantándolo y aparecen problemas de gobernabilidad.
El Estado sufre discontinuidad política, escasez de personal y falta de oficinas multisectoriales en territorio. Cuando abandona el espacio, la minería termina suplantándolo y aparecen problemas de gobernabilidad».
El Gobierno ha anunciado que, en alianza con el Banco Mundial, ejecutará un plan minero de US$ 250 millones para impulsar la competitibilidad y sostenibilidad de nuestra minería. ¿Resolverá estos problemas de gobernabilidad?
El plan y el dinero ayudan, pero no bastan. Tenemos recursos históricos, pero el problema ha sido la administración y la ejecución: sin voluntad política, sin controles contra la corrupción y sin capacidad técnica en territorio, los planes quedan en papel. Lo decisivo es transformar la disponibilidad de fondos en proyectos efectivos y sostenibles.
¿Qué impacto esperas que tenga esta publicación?
Quiero que se lea este libro con apertura: no se trata de negar la minería sino de gestionarla de manera que la riqueza se distribuya. Me impresionó la autocrítica de funcionarios y empresarios: reconocer errores es el primer paso. Además, debemos abordar la informalidad para que el país aproveche sus recursos sin sacrificar servicios ni equidad.
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