La creciente ola de extorsiones y cobro de cupos en el país ha alcanzado niveles alarmantes. Esto ha despertado las alertas en las autoridades y la preocupación de la ciudadanía, que es la más afectada por la criminalidad. Entre los grupos más impactados se encuentran transportistas y pequeños emprendedores, como bodegueros. En el 2023, de acuerdo con la Asociación de Bodegueros, más de 13 mil microempresarios han denunciado actos delincuenciales. Como consecuencia, 2,600 bodegas se han visto obligadas a cerrar solo en Lima Metropolitana.

Asimismo, hoy son casi 10 empresas de transporte metropolitano las que se encuentran bajo amenaza y ataques constantes por parte de bandas extorsionadoras. Tan solo durante la última semana de agosto, se registraron cuatro asesinatos de conductores, víctimas de esta modalidad. Si bien el gobierno ha planteado la creación de un grupo especial dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y endurecer las penas, el gremio de transportistas ha organizado un paro en Lima y una marcha con el fin de exigir medidas concretas para frenar la situación de inseguridad que viven los conductores.

Pero las extorsiones no solo afectan a la capital. Es un fenómeno nacional que viene en aumento cada año. En el primer trimestre del 2023, se registraron 4,397 denuncias por este delito. En el mismo periodo de este año, se ha dado un aumento del 14% de estos hechos delictivos, según el Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol) de la PNP.

Lima encabeza la lista con 1,817 denuncias por extorsión registradas de enero a marzo del 2024. Causa preocupación el aumento de casos en Cajamarca, que registra casi el doble de denuncias por el mencionado delito.

El Mag. Noam López, politólogo PUCP con experiencia en investigación de fenómenos criminales, nos comenta sobre las implicancias políticas del fenómeno y cómo se podría combatir.

El Ministerio del Interior ha planteado la creación de la Fiscalía en delitos de extorsión y de un grupo especial de la PNP para combatir este delito.

¿Qué consecuencias podrían generar las extorsiones?

Tal como lo señala Noam López, la proliferación de los delitos extorsivos, o de otra índole, ha generado desconfianza en los ciudadanos. “Cuando la ciudadanía ve una criminalidad exacerbada, hace que perciba inacción por parte de las instituciones públicas”, resaltó el politólogo. Esta información se ve respaldada por la última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta recopila información sobre los niveles de confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones públicas, la gobernabilidad y democracia durante el periodo octubre 2023 – marzo 2024. Según las estadísticas, más del 70% de peruanos encuestados desconfían de la PNP (77.5%), el Poder Judicial (79.3%) y el Ministerio Público (74.8%).

El sector de microemprendedores ha sido golpeado duramente por esta oleada de extorsiones. Entre el 2023 y el 2024, casi 3 mil bodegas cerraron ante la presión de las bandas criminales.

Esta constante sensación de inseguridad y la falta de confianza en las autoridades puede convertirse en un escenario idóneo para el surgimiento de actores políticos radicales que proponen medidas populistas que, supuestamente, traerán solución inmediata a esta ola delincuencial. “La desesperación y el miedo de las personas hacen que estos personajes sean catapultados a la arena electoral y terminen ganando elecciones. Lamentablemente, para que materialicen sus propuestas, tienen que socavar instituciones democráticas y el Estado de derecho”, añadió Noam López. Un ejemplo de ello en la región latinoamericana, donde la inseguridad ha estado en ascenso, sería El Salvador. Su presidente, Nayib Bukele, ha tomado medidas severas para tratar de disminuir la delincuencia; sin embargo, no existen fuentes independientes que verifiquen el supuesto descenso.

La ciudadanía ya no denuncia pues ha perdido la confianza en las instituciones policiales y entra a un espacio en el que busca solucionar por su propia cuenta el problema (extorsión). Por ejemplo, huye, cambia de teléfono o busca un intermediario que lo ayude a solucionar su situación”.

¿Por qué los extorsionadores atacan, principalmente, a los pequeños negocios?

El sector empresarial, especialmente la micro y pequeña empresa (MYPE), ha sido de el más afectado por la creciente ola extorsiva que se vive en el Perú. El Mag. Noam López indica que esto es porque los emprendedores tienen menos acceso a mecanismos de defensa, como la seguridad privada, a diferencia de los grandes empresarios.

«Los pequeños negocios, como bodegueros, ambulantes, mototaxistas, entre otros, se encuentran en la cobertura de bandas criminales en Lima. Para estas, extorsionar a los emprendedores representa un ingreso pequeño, pero constante», comentó Noam López.

Extorsiones: un problema transversal

A través del Sidpol, la PNP publicó la cantidad de denuncias de diferentes delitos recibidas desde el 2018 hasta marzo del presente año. Con respecto a delitos patrimoniales, entre los que se encuentra la extorsión, se puede observar un aumento progresivo en la cantidad de denuncias, que disminuye en el 2020, año de la pandemia, y continúa en ascenso hasta el 2023. En la actualidad, se registran 118,018 denuncias por delitos patrimoniales.

Cabe destacar que, si comparamos con el primer trimestre del 2023, Lima Metropolitana presenta un descenso en la cantidad de denuncias por extorsión. De enero a marzo del año pasado, se denunciaron 2,203 casos de extorsión; mientras que en el mismo periodo del 2024 hay 1,817 denuncias por este delito. Esto no indica, necesariamente, una disminución en la criminalidad, sino una menor cantidad de casos denunciados.

¿El paro de transportistas tendrá alguna consecuencia?

Hoy, jueves 26, cerca de 50 empresas de transporte en Lima Metropolitana han decidido suspender sus actividades y organizar un paro debido a la inacción de las autoridades ante las amenazas extorsivas de las que son víctimas. Tan solo esta semana, tres choferes han sido asesinados por extorsionadores por no pagar cupo.

La suspensión del transporte público, que afecta a un gran porcentaje de ciudadanos que necesitan movilizarse a sus centros de trabajo u otros, refleja el malestar de los trabajadores de este sector. «Este paro debería generar una especie de reflexión (en las autoridades). Creo que el Gobierno y el Ministerio del Interior no han tomado buenas medidas frente al problema de la extorsión», sentenció el Mag. Noam López.

Medidas contra la inseguridad

López resaltó la importancia del trabajo preventivo, estratégico y sostenible a largo plazo que deberían realizar las autoridades para combatir la tasa de criminalidad. “La ciudadanía ya no denuncia, pues ha perdido la confianza en las instituciones policiales y entra a un espacio en el que busca solucionar por su propia cuenta el problema (extorsión). Por ejemplo, huye, cambia de teléfono o busca un intermediario que lo ayude a solucionar su situación”, sentenció el especialista.

Es importante resaltar que nosotros como ciudadanos también podemos colaborar en la disminución de la delincuencia. El politólogo indicó que la labor que realizan las juntas vecinales y otras iniciativas ciudadanas es fundamental para evitar que niños y adolescentes ingresen a carreras delictivas. “También es necesario que el Estado llegue a la ciudadanía y brinde servicios públicos de calidad”, finalizó el politólogo.