El pasado viernes 30 de julio, un temblor de magnitud 6.1 remeció la ciudad de Sullana (Piura), dejando un saldo de 26 heridos y al menos 165 damnificados. Además, el domingo 1 de agosto un sismo de magnitud 5.8 se sintió en la ciudad de Pucallpa, y otro de 4.7 se reportó en Tacna la madrugada del miércoles 4 de agosto. 

Estos eventos nos recuerdan la amenaza de que ocurra un terremoto tan o más devastador que el de Pisco el año 2007, cuando fallecieron 597 personas y 76 mil viviendas quedaron inhabitables. Hasta el año pasado, la reconstrucción de la ciudad aún no había culminado. 

Para el Mag. Antonio Zeballos, ingeniero civil y coordinador del Curso de Formación en Evaluación del Riesgo de Desastres Originados por Fenómenos Naturales (EVAR), la respuesta del Estado frente al terremoto de Pisco fue “el desastre tras el desastre”. Sin embargo, Zeballos rescata que esta mala experiencia dejó lecciones que luego se vieron materializadas en la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), la cual ha servido para gestionar la reconstrucción tras desastres como el Fenómeno de El Niño Costero del 2017 en la región Piura. 

Un país expuesto a desastres naturales

Pero los sismos no son los únicos fenómenos naturales que amenazan al país. Por sus características geográficas y meteorológicas, el Perú se encuentra expuesto a tsunamis, erupciones volcánicas, descensos de temperatura, erosión de suelos e inundaciones. Es por eso que el Curso EVAR tiene como finalidad formar Evaluadores de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales que puedan identificar y analizar factores de riesgo y zonas vulnerables para apoyar la elaboración de políticas públicas destinadas a la prevención de desastres, con el objetivo de construir sociedades más seguras. 

Zeballos explica que si bien aún “estamos un poco atrás” en lo que respecta a este campo, es saludable que el Estado peruano haya firmado tratados y emitido leyes que lo comprometen a incluir la gestión de riesgos en su agenda, lo cual obliga a que el tema esté presente en todos los niveles del gobierno.

“No tenemos todavía suficientes profesionales formados en este tema”, señala, “pero creo que el esfuerzo que se está haciendo y el marco normativo que existe nos permite ver que estamos en la ruta correcta”.

Otro factor que coloca al Perú en una situación precaria frente al riesgo de desastres es la pandemia de la COVID-19. Zeballos afirma que la mayor parte del sistema sanitario está atendiendo de manera casi exclusiva temas de pandemia. “Si llegara a ocurrir una situación de desastre pronto, es muy probable que la demanda de servicios médicos no pueda ser satisfecha”.

Un trabajo multidimensional

¿Por qué sentimos que año tras año se repite la misma historia cada vez que ocurre algún fenómeno natural, como es el caso de las heladas en el altiplano? De acuerdo con Zeballos, hace falta un trabajo multidimensional que involucre a todos los sectores en la lucha contra esta clase de situaciones. 

“No basta con tener delimitados cuáles son los escenarios de riesgo. Para mejorar las condiciones de vida de las personas se tiene que tomar en cuenta la infraestructura, el saneamiento, el sector salud y también tener buenos servicios de educación y comunicaciones”, puntualiza el ingeniero, quien considera que mejorar los servicios públicos es fundamental para estar mejor posicionados al momento de enfrentar desastres naturales. 

Para Zeballos, el curso representa una oportunidad de intercambiar perspectivas de una manera multidisciplinaria sobre políticas de prevención, con la participación conjunta de diversos profesionales como ingenieros, comunicadores, sociólogos o economistas. Con esto, se busca que todos ellos puedan conocer la metodología estándar que se maneja para la evaluación de riesgos.

“Es una necesidad creciente contar con estudios de riesgo que deban ser hechos por evaluadores de riesgo certificados”, explica el coordinador del curso, quien resalta el potencial de este tema a nivel no solo profesional sino social y académico. “No se puede concebir la gestión y evaluación de riesgos sin el apoyo y la participación de las comunidades que están afectadas o que van a ser afectadas por los riesgos que uno está analizando”, añade. “Hacen falta muchos estudios sobre el tema, por lo que es un campo académico muy fértil”, finaliza.