El libro es, o debería ser, un objeto de libre circulación y fácil acceso para las mayorías. La ley del libro, promulgada en 2003, hizo mucho por facilitar este aspecto, ya que, entre otras cosas, eliminó el pago del IGV para la venta de libros, así como los aranceles para las importaciones.
A través de un reportaje periodístico quedó al descubierto las malas prácticas de algunas editoriales que "inflan" los precios de los textos escolares perjudicando la economía de los padres de familia. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es una práctica ilegal o inmoral? Para absolver esas dudas entrevistamos a la directora general del Fondo Editorial de la PUCP, Patricia Arévalo.
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