¿Soberanía o retroceso? El debate sobre la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El reciente anuncio del Ejecutivo sobre la creación de un grupo de trabajo para elaborar un proyecto de “Ley de Soberanía Nacional”, con el fin de evaluar un eventual retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se da en medio del debate por la Ley de amnistía y las críticas internacionales a la política de derechos humanos en el Perú. 

El discurso oficial se sostiene en la idea de “defender la soberanía” frente a lo que el gobierno califica como supuestas “injerencias” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la jurisdicción interna. Esta controversia se agudizó tras la supervisión de la Corte respecto a la reciente Ley de amnistía (Nº 32419), aprobada en julio por el Congreso. Pese a que la Corte IDH había ordenado suspender su trámite, la presidenta Dina Boluarte no observó la norma y terminó promulgándola.  

Para sus críticos, esta decisión es un abierto desacato y un retroceso en la lucha contra la impunidad. Para sus defensores, en cambio, reafirma la primacía de la soberanía nacional frente a las instancias internacionales. Así, de aprobarse, sería la primera vez que el Perú se retire formalmente del sistema. 

La tensión ha seguido escalando ante el nuevo pronunciamiento de la Corte IDH –emitido el 3 de septiembre–. En la resolución se ratificó la orden de medidas urgentes en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Además, dispuso que las autoridades peruanas deben abstenerse de aplicar la controvertida ley hasta que el tribunal emita un pronunciamiento definitivo. Asimismo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó, desde Ginebra, que la aprobación de la Ley de amnistía “constituye un retroceso para la justicia y la verdad”.

Cabe destacar que este debate no es nuevo. En diferentes momentos, las tensiones entre el Estado peruano y el SIDH se han agudizado tras fallos incómodos para los gobiernos de turno. Hoy, el riesgo de un retiro vuelve a poner sobre la mesa el dilema: ¿se trata de una defensa legítima de la soberanía o de un paso hacia la impunidad?  

Al respecto, tres expertos PUCP: Julissa Mantilla, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Pedro Cateriano, exministro de Defensa y expresidente del Consejo de Ministros; y el Dr. Vladimir Padilla, penalista y docente de Derecho, analizan las consecuencias de un eventual retiro.

El Perú en la Corte IDH: la soberanía absoluta no existe

Pero vayamos al inicio del debate: el argumento de que el Perú debe retirarse de la Corte IDH para “recuperar soberanía”. Como lo explica Julissa Mantilla, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y docente PUCP, esta idea no resiste un análisis jurídico riguroso. Recuerda, además, que la noción de soberanía absoluta ha sido superada en el derecho internacional contemporáneo. “La teoría de la soberanía absoluta está ya totalmente abandonada porque cuando un Estado ratifica un tratado, cede parcialmente su soberanía”, sostiene.

En el caso peruano, esa cesión fue un acto libre y consciente. El país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en 1978 y reconoció la competencia de la Corte IDH en 1981. Esto significa que el propio Estado autorizó al tribunal a pronunciarse en casos de violaciones graves. “No es que la Corte esté haciendo injerencia en el Perú. Nuestro país firmó el tratado y autorizó a la Corte a pronunciarse cuando llegaran casos tramitados por la Comisión Interamericana”, aclara Mantilla.

La noción de soberanía absoluta ha sido superada en el derecho internacional contemporáneo. (…) No es que la Corte esté haciendo injerencia en el Perú, sino que nuestro país firmó el tratado y autorizó a la Corte a pronunciarse cuando llegaran casos tramitados por la Comisión Interamericana”.

El discurso de la soberanía como “ataque externo” no es nuevo. En 1999, el régimen de Fujimori intentó desconocer a la Corte en el caso Ivcher Bronstein, alegando defensa nacional. En 2017, tras el indulto a Alberto Fujimori, sectores fujimoristas acusaron a la Corte de entrometerse cuando el tribunal cuestionó el indulto por contravenir estándares internacionales de justicia en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Luego, en 2022 y 2023, con la restitución del indulto por el Tribunal Constitucional, la narrativa volvió a repetirse.

Hoy, el mismo argumento se reactiva frente a la Ley de amnistía , promulgada en agosto de 2025 pese a que la Corte ordenó suspenderla. Para Mantilla, presentar al SIDH como un enemigo externo es “una falacia y un argumento populista que busca generar aceptación de la sociedad cuando en realidad es falso”.

El Perú, un mal litigante ante la Corte IDH

Una de las críticas frecuentes contra la Corte IDH es que “defiende terroristas”. Esta acusación ha sido utilizada por diversos sectores, especialmente durante episodios de tensiones políticas relacionadas con fallos que afectan a militares. Esta narrativa fue empleada en los años noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori para desacreditar al sistema interamericano. 

Al respecto, Pedro Cateriano reconoce que este argumento ha calado en la opinión pública, pero advierte que distorsiona la naturaleza del sistema. En su experiencia, la Corte no absuelve ni condena por simpatías políticas, sino que examina violaciones de derechos procesales. “Acá se trata de vender la idea de que todos los magistrados son caviares. Eso es falso. Lo que distingue un proceso judicial es que se basa en pruebas, no en demagogia ideológica”, afirma. 

La Corte no es perfecta, claro que hay que corregir. Pero el problema de fondo no es ese, sino cómo el Estado ha asumido su defensa. Hemos tenido muy malas defensas”.

El expremier y exministro de Defensa recuerda el caso Chavín de Huántar, llevado ante la Corte bajo la acusación de haber sido un operativo de ejecuciones extrajudiciales. “Con pruebas forenses y peritajes, se demostró que fue una operación de rescate, no de aniquilación”, sostiene.  

Además, Cateriano insiste en que el verdadero déficit no está en la Corte, sino en cómo el Perú ha asumido su defensa. Y esto ha debilitado su posición frente a los procesos internacionales. «No es perfecta, claro que hay que corregir. Pero el problema de fondo no es la Corte, sino cómo el Estado ha asumido su defensa. Hemos tenido muy malas defensas. Muchas veces, los abogados que van no cuentan con apoyo económico o se enfrentan a la alta rotación de ministros, lo que impide tener una política jurídica continua. Además, en las Fuerzas Armadas, no había especialistas en derechos humanos capaces de litigar ante la Corte”, advierte. 

Países que se retiraron y/o anunciaron su retiro del SIDH (y por tanto de la Corte IDH)

Salir de la Corte no elimina responsabilidad del Estado

Cabe destacar que ser parte del SIDH es un compromiso soberano asumido por el propio Perú cuando se adhirió libremente al Pacto de San José. Por lo tanto, está obligado a acatar sus disposiciones. “Todos los países democráticamente han aceptado la competencia de la Corte Interamericana y han firmado la Convención Americana”, señala el Dr. Vladimir Padilla, abogado penalista de la PUCP.

Además, etirarse no eximiría al país de las obligaciones ya adquiridas: “La única vía es denunciar íntegramente a la Convención Americana. Eso lo dice la Convención de Viena de 1969. No se puede salir parcialmente de un tratado, salvo que este lo prevea, y la CADH solo contempla la denuncia total”.

Para el jurista, presentar la salida del sistema interamericano como una supuesta “defensa de la soberanía” es un discurso vacío y engañoso. “Decir que vamos a patear el tablero es un alarde político”, sostiene. En la práctica, el Perú sigue participando activamente en el propio funcionamiento del sistema. “Hacia afuera, el Estado peruano sigue votando y participando en la elección de jueces y comisionados”, recuerda, lo que revela una contradicción entre el discurso interno y la actuación en el plano internacional.

Abandonar el SIDH significaría más abusos y menos controles frente a gobiernos autoritarios. Lo que hace la Convención Americana es recordarle a cada gobierno que está obligado a no violar derechos humanos y, si lo hace, deberá responder por ello».

Además, un eventual retiro no traería mayor autonomía, sino todo lo contrario. De acuerdo con Padilla, abriría la puerta a que los abusos de poder se multipliquen sin un control externo. “Abandonar el SIDH significaría más abusos y menos controles frente a gobiernos autoritarios”, advierte. En su opinión, la supervisión de la Corte y de la Comisión Interamericana actúa como un contrapeso indispensable. Especialmente en contextos donde las instituciones nacionales pueden verse capturadas por intereses políticos.

Por ello, insiste en que el sistema no es un obstáculo a la soberanía, sino un marco de garantías que el propio Perú decidió asumir en 1978, incluso bajo el régimen militar de Francisco Morales Bermúdez. “Lo que hace la Convención Americana es recordarle a cada gobierno que está obligado a no violar derechos humanos y, si lo hace, deberá responder por ello”, explica.

La necesidad de asumir con coherencia los pactos internacionales

El debate sobre la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no solo refleja tensiones jurídicas, sino también profundas disputas políticas sobre memoria, justicia y democracia. Mientras el Ejecutivo insiste en presentarlo como una defensa de la soberanía, los especialistas advierten que se trata de un discurso engañoso que busca justificar retrocesos frente a obligaciones ya asumidas por el propio Estado. 

La experiencia histórica demuestra que, cuando la justicia nacional ha fallado o ha sido capturada por intereses políticos, la Corte IDH ha actuado como último recurso para las víctimas. Casos emblemáticos como Barrios Altos, La Cantuta o las esterilizaciones forzadas son un recordatorio de que sin ese contrapeso internacional muchas graves violaciones habrían quedado en la impunidad. 

Como señalan Mantilla, Cateriano y Padilla, el verdadero desafío no está en abandonar el sistema, sino en fortalecer la cultura democrática, robustecer la defensa del Estado ante la Corte y asumir con coherencia los compromisos internacionales. Romper con ese marco no solo aislaría al Perú de la región, sino que dejaría a la ciudadanía más expuesta a abusos sin posibilidad de apelación.