¿Cuál es la principal dificultad para promover leyes anti cárteles?

Uno de los grandes retos respecto a los cárteles en la jurisdicción peruana –y en la mayoría de países hace 20 años- era que no había leyes de competencia, y si había, no eran suficientemente fuertes.  En estos países probablemente había muchos cárteles, sobre todo en industrias donde los productos tienden a ser homogéneos, tales como gas líquido, papel, vidrio y demás. La competencia era tan intensa que las empresas tendían a coludirse.

¿Cómo se empieza a combatir los cárteles?

El gran reto es, en primer lugar, identificar a los cárteles. ¿Cómo? Una forma es introducir programas de cooperación. Si un miembro de un cártel es el primero en acercarse a las autoridades y cooperar completamente con ellas, se hace acreedor a eliminar su condena, o al menos disminuirla. Eso ha funcionado en algunas jurisdicciones.

Sin embargo, lo que es fundamental es tener suficientes penas estrictas, con el fin de que las compañías se preocupen de ser condenadas y pagar penalidades. La realidad es que en muchos países en los que se han introducido recientemente este tipo de legislaciones, las penalidades no tienden a ser severas.

Entonces retornamos al punto de cómo descubrir estos cárteles. No hay una sola forma de hacerlo. Pienso que atender las quejas de los clientes es un camino importante. Esto también implica educar a los consumidores, quienes mayoritariamente son compradores industriales, por lo tanto compradores sofisticados.

¿Cuál es el rol de las autoridades en este proceso?

Una autoridad de competencia puede jugar un rol en términos de obtener material y educar a compradores industriales sobre qué buscar. Por ejemplo, buscar precios uniformes y estables, además de un reparto de los clientes. Esto significa que si yo soy un comprador industrial que trata de comprar productos de la empresa A, y luego pido una proforma a la empresa B, la empresa B me dice: “Disculpa, en realidad no tengo la capacidad ni tengo ningún producto en mi inventario para venderte”, o simplemente me ofrece un precio absurdamente alto.

¿Qué entiende usted por penalidades más severas?

En la legislación de Estados Unidos hay tres tipos de penalidades. Dos referentes a las penalidades corporativas: multas estatales, en un alto nivel, y daños al cliente, con el fin de que los clientes puedan demandar a las compañías que han coludido o están involucradas en dichas actividades. Pienso que estas son herramientas muy pobres.

Obviamente queremos acabar con los cárteles activos, pero la principal misión aquí es crear una política que prevenga su formación. Entonces, debemos centrarnos en tener fuertes multas y daños contra las empresas, para que cuando estas piensen en formar un cártel digan: “Hay una alta probabilidad de ser atrapados y condenados, además de las multas que deberíamos de pagar. Debido a eso, vamos a elegir no formar cárteles”. Eso es lo que debemos lograr.

La tercera penalidad es auténtica de Estados Unidos, aunque otras jurisdicciones están comenzando a aplicarla. Hablamos de las penalidades individuales y los encarcelamientos particulares. En EE.UU. el promedio de sentencias es de dos años y medio por fijar precios, y la pena máxima es de diez años. Las penas corporativas son ciertamente muy útiles, pero tenemos que atacar a los gerentes involucrados en cárteles donde les duele y meterlos a la cárcel.

¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre este tipo de legislaciones en Latinoamérica y en E.E.U.U?

Hay una brecha cultural en Latinoamérica que solía suceder hace 20 años en Estados Unidos. Por un largo período, la colusión era vista como una suerte de práctica aceptable. Límite, poco ética, pero aceptable. Eso es cierto actualmente en Latinoamérica, en muchos países europeos y en Japón.

Se tiene que empezar a cambiar las actitudes de los gerentes, que piensen “esta es una actividad poco ética y fuera de la ley”, lo cual va a tomar tiempo. Se necesita además cambiar la percepción del público que mira estas actividades. Pienso que ese es un gran obstáculo que debe ser superado. Para justificar meter a gente a la cárcel el público, los políticos, los legisladores, todos tienen que ver esto como una actividad dañina. Eso no pasa de la noche a la mañana.

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El Perfil

Nombre: Joseph Harrington