Es importante y vital que las autoridades y la sociedad reconozcan la contribución esencial que las mujeres y hombres de estas edades pueden seguir dando en diferentes sectores, para lo cual es necesario que se establezcan garantías adecuadas para la protección, promoción y restitución de derechos.

Según Naciones Unidas, la población mundial de personas de 60 años o más será de alrededor de 1,200 millones para el año 2025. Además, ha estimado que entre el 4% y el 6% de las personas adultas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato en su vida [1].

En el Perú, según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones, el 82% de las denuncias por violencia fueron realizadas por mujeres adultas mayores y el 44% de la violencia psicológica fue ejercida por los hijos o las hijas hacia adultos mayores. El 71% de casos está referido a violencia psicológica (gritos, insultos, indiferencia, humillación, burlas, amenazas y rechazo). Este año se ha colocado como problema central a nivel mundial, por Naciones Unidas, la importancia de prevenir la explotación financiera y material de las personas adultas mayores, lo cual constituye violencia económica. Se desconocen las cifras, pero este tipo de maltrato está aumentando, y se hace visible cuando es registrado y difundido por los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando una persona adulta mayor es despojada de sus inmuebles, es arrinconada en la última habitación de la que fue su casa o es expulsada a la calle por sus familiares. También cuando le roban su pensión o está en las calles utilizada para la mendicidad o la venta ambulante.

Este tipo de maltrato y violencia que sufren las personas adultas mayores es un problema social y de salud pública, que tiene consecuencias físicas, psicológicas y de supervivencia que impactan en el bienestar y calidad de vida de este grupo poblacional. Es un problema de derechos humanos, pues vulnera la dignidad, integridad y autoestima de quienes son víctimas, además se asocia con un deterioro de su autonomía, independencia y valencia, que genera costos no solo para las personas que sufren violencia sino también para la economía del país.

Es importante y vital que las autoridades y la sociedad reconozcan la contribución esencial que las mujeres y hombres de estas edades pueden seguir dando en diferentes sectores, para lo cual es necesario que se establezcan garantías adecuadas para la protección, promoción y restitución de derechos. Es necesario que se concreten los compromisos y acciones contempladas en los Planes Internacionales y Nacional, que hagan posible un abordaje del envejecimiento como trayectoria de vida de todas las personas y que se fomente la solidaridad intergeneracional. También es urgente que se atienda, oportunamente, la salud de las personas adultas mayores; se dé prioridad a la atención en casos de abandono, maltrato y violencia, a través de servicios oportunos, especializados, cercanos y accesibles; así como actualizar y mejorar las leyes y políticas. Por ello, es un imperativo que el gobierno haga posible que nuestro país se adhiera a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, así como aprobar el Reglamento de la Ley N° 30490 “Ley de la Persona Adulta Mayor”, con una asignación presupuestal real que impacte en la vida de las más de 3 millones de personas adultas mayores que residen en nuestro país.

Desde la academia seguiremos aportando en la formación de profesionales especializados en la atención de personas adultas mayores, y en la conducción de programas y servicios sociales dirigidos a este grupo. Además queremos sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que persiste este problema y, por ello, expresamos nuestra oposición a todo tipo de violencia, abuso y sufrimientos dirigidos a las personas adultas mayores. Es aún tarea pendiente que debe ser atendida por todas y todos, de manera individual, familiar, comunitaria y nacional. Es momento de pasar de una ciudadanía pasiva a una activa, que toma conciencia y exige la erradicación de todo tipo de violencia en nuestro país.