El libro Cultura, conflicto y negociación en minería se presenta como una guía para emprender procesos de negociación entre empresas mineras, poblaciones y el Estado. En él, el abogado Aníbal Sierralta plantea una serie de técnicas que lo facilitan y que permitirían llegar a un acuerdo respecto a la explotación minera en distintas zonas del territorio peruano.

La negociación, según detalla el egresado PUCP, “es un método destinado a solucionar conflictos, obtener objetivos comunes y llegar a una decisión”. Este proceso, afirma, se complica cuando las comunidades y las mineras tienen distintos intereses debido, entre otras cosas, a que ambos grupos ven el mundo de manera muy diferente.

Tradicionalmente, cuando un estudiante quiere aprender sobre negociación, lo debe hacer a través de la consulta de textos clásicos que casi en su totalidad fueron escritos en Estados Unidos. “La mayoría de profesores ha tomado estos libros como modelo, sin entender que nos encontramos en una realidad distinta”, lamenta Sierralta.

En ese sentido, Cultura, conflicto y negociación en minería es una propuesta distinta en donde la cultura es el primer gran tema a tratar. En el libro, Sierralta toma como base el método americano planteado en un contexto cultural distinto al peruano, pero adapta estas técnicas a nuestra realidad. “Las negociaciones planteadas se pueden realizar en espacios culturales distintos. Esa es la novedad del trabajo” precisa.

Sierralta, también autor del libro Negociaciones y Teoría de los Juegos, precisa que la negociación es una “técnica y un arte”. Arte, porque “dependen de las habilidades personales”, indica. Técnica, porque hay pasos que pueden seguirse para conseguir mejorarla, los cuales son explicados en profundidad en el libro. Para ello, usa como ejemplo los conflictos mineros desarrollados en Tía María, Conga, entre otros.

El experto recomienda aplicar estas técnicas antes que se inicie cualquier tipo de problema, a manera de prevención. “Es importante tener en cuenta que cada negociación es única e irrepetible”, precisa. Para aplicar las técnicas descritas en el texto y que estas surtan efecto dentro de una cultura determinada –afirma Sierralta–, “el empresario debe conocer con quiénes está tratando”.

El autor señala que hay tres fases para la negociación. El primer nivel de la negociación es emocional y en él se busca generar confianza. Luego del primer acercamiento y de haber conseguido que la comunidad confíe en la empresa, se puede pasar a una etapa más racional. En esta comienzan las conversaciones para saber qué es lo que cada parte quiere. “Finalmente, se pasa a la negociación”, indica el especialista. En esta última fase se decidirá qué beneficios recibirán la comunidad, la empresa y el Estado.

Con una amplia experiencia como consultor externo de organismos internacionales y como exfuncionario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sierralta indica que este método no es comúnmente empleado ya que, por lo general, se prioriza la inmediatez. Explica que el interés monetario de los inversionistas hace que el proceso de negociación se acelere, lo que puede causar presión en la comunidad y, finalmente, desencadenar inconformidad y rechazo en ella.

Además de la presencia de las poblaciones y la responsabilidad de la empresa minera, el último gran actor es el Estado. Sierralta señala que “el Estado debe ser el gran árbitro, y debe buscar el bienestar de la población y no del empresario extranjero”. Al cumplir el papel de intermediario, el Estado tiene la obligación de poner a las poblaciones y a las empresas en igualdad de condiciones. “El Estado debería suministrar a las comunidades información, técnica y profesores que enseñen a negociar”, apunta el experto.

Si bien Sierralta indica que el libro Cultura, conflicto y negociación en minería fue pensado, en primer lugar, para ser leído por los empresarios, le interesa también que, en general, la clase académica incorpore a sus cátedras las técnicas planteadas en él. Asimismo, espera que tenga buena acogida en el sector público, que llegue al Estado y que este cumpla –como asegura– con su papel de “gran árbitro”.