Usted conoce bien la zona en conflicto, ¿no es así?

Si, la PUCP fue designada conductora de la Defensoría del Proyecto Camisea desde el 2003 hasta el 2009. Primero estuvo a cargo del Dr. Carlos Fosca y luego se me fue asignada esta responsabilidad. A lo largo de estos años pudimos conocer en profundidad las realidades de los pueblos que serían afectados por este megaproyecto. Los resultados de esta experiencia se encuentran en el texto «Lecciones aprendidas sobre la defensoría del proyecto Camisea» publicado en nuestra web.

La agenda que se ha trabajado se basa en tres puntos: 1) asegurar que el gas de Camisea sirva para el desarrollo del país, 2) garantizar la evaluación técnica para la construcción de una planta de procesamiento de gas en la zona y 3) respetar la intangibilidad del Santuario Nacional de Megantoni.

Después de la reunión del 9 de Agosto, han llegado a varios acuerdos, entre ellos el más importante es que el gobierno se ha comprometido a construir una planta de fraccionamiento de gas en Kepashiato. Sin embargo, hay que mencionar que esto se ha venido conversando desde hace 3 años. Durante el proceso de negociación -el cual conocemos de cerca- se conversó sobre las posibilidades de construir una planta de fraccionamiento de gas y no se llegó a ningún acuerdo. Estamos seguros que si se hubiese llegado a algo en aquella oportunidad no estaríamos actualmente con estos problemas, pues la idea era que la zona tuviera los beneficios más directos de la explotación de este recurso, sin embargo, no se prevé sino que se espera para actuar a que se produzcan conflictos de esta naturaleza.

Llama la atención este acuerdo pues el argumento del Gobierno había sido que no tenía sentido construir una planta de fraccionamiento así, pues el mercado era pequeño.

En realidad, toda planta de procesamiento de gas requiere un estudio de factibilidad económica que no solamente haga viable el proyecto en cuanto al costo de inversión original sino a su mantenimiento y, aparentemente, esta planta no sería sostenible en el tiempo. Sin embargo, hay que tener un punto de vista de la factibilidad social y no solo económica. Al parecer el gobierno finalmente ha entendido esta idea y se ha comprometido a construir esta planta. Esperemos que se cumpla con lo acordado y no se utilice el argumento de que no hay una factibilidad económica y finalmente no se construya. Esto traería consecuencias terribles.

¿Qué derrotero va a seguir el conflicto en Quillabamba?

Lo más importante es que el gobierno asegure y garantice con acciones concretas que la planta de tratamiento sea una realidad en el corto plazo teniendo en cuenta que ya hay planos aprobados y cosas avanzadas. En segundo lugar, es importante que se asegure que los beneficios del canon gasífero que administra el gobierno local de Echarate sean también beneficios reales y tangibles para las comunidades. Es necesario asegurar que la inversión traiga desarrollo por lo que deben dejarse planes de desarrollo que efectivamente se materialicen. En la medida que las comunidades campesinas y nativas se den cuenta que los beneficios llegan a ellas no como una dádiva sino como un derecho, las cosas van a ir mejor.

¿Cuál podría ser la mejor solución para que se cumpla con lo prometido y se asegure los beneficios para todos?

Proponemos la creación de un ente parecido al que se denominó la Defensoría del Proyecto Camisea. En el texto Lecciones aprendidas proponemos que es necesario tener un tercero independiente, legitimado, permanente en el tiempo, que trascienda a los vaivenes de los gobiernos de turno, financiado por cooperación técnica y que no dependa de ninguno de los actores. De modo que, tanto las empresas como las comunidades, puedan acudir a esta institución en caso exista algún atisbo de problema.

¿La Defensoría del Pueblo no cumple con esa función?

La Defensoría tiene entre sus atributos constitucionales la atención de los intereses de los ciudadanos frente al Estado y, muchas veces, en los casos de conflictos socio-ambientales se trata de problemas de carácter privado entre las comunidades y las empresas. Por ello, sí creo en la institucionalización de un sistema de esta naturaleza en nuestro país. Algo así como un centro o instituto de gestión de conflictos socio ambientales que pueda llevar una política de prevención.

¿Qué lecciones que se podrían obtener de esta experiencia en Quillabamba?

Todo conflicto tiene una causa o un origen muy anterior a la manifestación o visualización del mismo. Cuando se va a desarrollar un proyecto en el que de todas maneras se van a confrontar dos culturas distintas, como en los casos en los proyectos desarrollados en la sierra y en la selva, es necesario hacer una evaluación temprana. Saber cuáles son los actores más importantes, sus posiciones o intereses, cuáles son los puntos de coincidencia y desacuerdo, establecer el grado de conflictividad y diseñar una estrategia de intervención.

El siguiente paso es el monitoreo del proyecto, este debe ser participativo de modo que todos los actores puedan validarlo, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental deberían ser revisados y aceptados por las comunidades. En paralelo, debería darse un fortalecimiento de capacidades a cada grupo de actores para que se puedan comunicar los alcances del proyecto y a los representantes para que realicen una negociación activa y asertiva. Finalmente, debería añadirse como paso adicional, la institucionalización de estos procesos, de modo que las comunidades que mañana puedan sentirse preocupadas por la presencia de un probable proyecto tengan dónde acudir a esta institución para poder obtener información y para poder llevar adelante negociaciones.

En el caso del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos Sociales de la PUCP, la experiencia con la Defensoría del Proyecto de Camisea ha sido plasmada en un texto. ¿Esta debería ser una práctica común en el proceso?

Claro que sí, el último paso -y no el menos importante- debería ser la publicación de los resultados, las lecciones aprendidas de los procesos por los que se ha pasado. Hay que asumir esta tarea de manera organizada, integral y sobre todo, participativa y con una mirada de desarrollo humano.

Lee: «Lecciones aprendidas sobre la defensoría del proyecto Camisea»