El Perú es un país pluricultural. En el territorio nacional convive una diversidad de culturas, entre las que destacan los pueblos indígenas. Sin embargo, procesos históricos los han mantenido ausentes en la actuación del Estado, situación que debe cambiar. Para ello, es importante deliberar acerca de los desafíos en materia de pueblos indígenas que se deben asumir desde el Estado. El objetivo es generar acciones que establezcan un real puente entre el gobierno y las diversas culturas del Perú, que garanticen los derechos humanos, y sobre todo, los derechos de estos pueblos.

Un primer eje es instaurar un cada más efectivo trabajo del Estado en este tema ¿Cómo? Es importante pensar en una Política Nacional en materia de Pueblos Indígenas, así como en un Plan Nacional. El objetivo de ambos instrumentos de gestión es señalar el camino que el Estado debe seguir para superar las brechas en el ejercicio de derechos colectivos, alejada de la simple visualización de lo indígena como manifestación folclórica. Ello deberá ser elaborado de manera participativa, tarea que no solo visualice el rol que han tenido estos pueblos en la construcción de la identidad nacional, sino que, además, permita contar con pautas y lineamientos de gestión intercultural para mejorar sus condiciones de vida en un contexto respetuoso de la diversidad.

Todo esto requiere de herramientas que faciliten el trabajo de la administración estatal. Para esto es necesario primero contar con información sobre la realidad de los pueblos indígenas en el Perú. La realización de un diagnóstico es indispensable. Contar con información de base sobre temas como el uso del idioma, acceso a servicios básicos, así como la elaboración de indicadores estadísticos basados en la realidad indígena, en temas como salud, educación, condiciones de riesgos a la vida y cultura de los pueblos, ayudarían a esclarecer escenarios en los que el Estado tiene que empezar a decidir. Es momento de empezar a tomar decisiones de gobierno en materia de pueblos indígenas con un fundamento técnico.

Lo anterior pasa necesariamente por un adecuado fortalecimiento de la institucionalidad indígena estatal. Comprende la generación de espacios públicos que refuercen el trabajo de decisión política y el diseño de propuestas para el desarrollo con y para los pueblos indígenas. Sin ir muy lejos, hay que empezar a hablar en el debate público de la temática indígena y de la riqueza de la diversidad cultural como ejes del desarrollo, y no solo como parte de noticias relacionadas a conflictividad. De igual manera, exigir la formación de cuadros técnicos especializados en gestión pública intercultural e indígena. Todo lo anterior, a su vez, plantea un trabajo descentralizado, por lo que es necesario afianzar acciones con los gobiernos regionales y locales en esta materia.

Una política para pueblos indígenas no debe confundirse con el asistencialismo. La acción del Estado no debe sólo enfocarse en actividades sin impacto a largo plazo. Si bien es cierto que se debe de visualizar la riqueza cultural del país, existen tareas urgentes que apuntan a conciliarnos como sociedad y a atacar problemas estructurales, como la discriminación y el olvido.

Para empezar, lo más recomendable es generar acciones concretas que restablezcan la confianza entre los pueblos indígenas y el Estado. Por ejemplo, una acción decisiva debería ser impulsar un adecuado cumplimiento de los acuerdos de las mesas de diálogo luego de los sucesos del 5 de junio del 2009. Es vital recordar que en este espacio se alcanzaron una serie de acuerdos con líderes indígenas que establecen pautas sobre los cuales trabajar acciones a largo plazo para su beneficio.

Adicionalmente, existen una serie de tareas urgentes que el Estado debe abordar con responsabilidad. Por ejemplo, seguir trabajando por una adecuada educación intercultural bilingüe; impulsar que el Poder Judicial genere más y mejores canales comunicantes entre la justicia comunal y la justicia estatal. De igual modo, llevar a cabo las primeras consultas en un clima de confianza, entendida no sólo como un procedimiento administrativo, sino como un factor determinante para la cohesión social, la promoción del diálogo intercultural y la prevención de conflictos sociales. Otros temas son el respeto de los pueblos en aislamiento y la creación de reservas indígenas. Por último, culminar con los procesos de titulación de propiedades comunales, lo que daría una efectiva seguridad jurídica a sus propiedades frente a terceros.

El escenario no es sencillo, las tareas son muchas, pero el futuro de un país reconciliado y sostenido en la confianza depende de las condiciones en las que se cumplan las tareas mencionadas, incluyendo a las poblaciones indígenas en los procesos de diálogo y construcción de los mecanismos descritos.