Desde 2003, cuando el Estado peruano redujo las regalías que pagaban las empresas petroleras, se ha producido un incremento constante de la actividad petrolera en la Amazonía peruana, que pasó de ocupar una superficie equivalente al 13% en 2004 a cubrir casi el 70% de la región en el 2010. A nivel internacional, el boom de crecimiento de China e India (2005 en adelante) y el incremento del precio del petróleo, que llegó a cifras récord en 2008, influyeron en la expansión de la actividad petrolera en nuestro territorio.

Cada año, el gobierno del Perú suscribe más contratos petroleros y otorga lotes sobre grandes extensiones de bosques. Muchos de estos se superponen sobre todo tipo de derechos preexistentes; desde la posesión y propiedad de pueblos indígenas, en la forma de las reservas para indígenas en aislamiento o contacto inicial, o de comunidades nativas; así como sobre concesiones forestales, concesiones para conservación, entre otros.

Lamentablemente, esta expansión se caracteriza por una pobre gestión ambiental por parte del Estado, acompañada de insuficientes recursos para funcionar a un nivel adecuado y un sistema de control ambiental flexible. Además, la gestión social es voluntaria, es decir el Estado no tiene un estándar mínimo, no se exigen estudios de impacto social, tampoco el monitoreo del cumplimiento de los acuerdos con las comunidades y además no se aplican sanciones por incumplimiento.

Estos temas desafían las estructuras sociales presentes en estas áreas y demandan adaptación al cambio por parte de la población. Asimismo, afectan la calidad de vida y las posibilidades de los pobladores de participar en el desarrollo de sus comunidades y espacios geográficos. Si bien, desde el enfoque de los derechos humanos, todos somos protegidos por la ley; en la práctica, no todos somos protegidos de igual manera ante los impactos ambientales. Incluso las poblaciones indígenas, muchas veces, no reciben fondos públicos más allá de los programas de asistencia. Es así que, generalmente, no se atiende el cumplimiento y respeto de derechos humanos básicos, como salud y educación, ni los derechos más especializados, como el caso de los derechos de los pueblos indígenas o los derechos ambientales. Esta situación es más crítica si tenemos en cuenta que, en los entornos de la ‘frontera amazónica’, el discurso político de los derechos humanos aún no es moneda corriente y tiene que enfrentar los embates de una visión decimonónica de los derechos humanos. En estas condiciones, los impactos de la inseguridad jurídica, la pobre gestión ambiental y la mínima gobernanza se ven potenciados, y los niveles de abuso y vulneración de derechos llegan a mostrar casos de esclavitud, explotación, prostitución, entre otros delitos, por ejemplo, en la minería y tala ilegal.

Esta situación se agudiza más aún cuando los aspectos sociales claves para la consulta no son analizados adecuadamente, pues tenemos un todavía defectuoso proceso de evaluación ambiental cuyos reglamentos no exigen un estándar mínimo para los temas sociales, los que son someramente abordados en el estudio de impacto ambiental. Es así que esta serie de ‘ausencias de información relevante’ sobre el entorno social termina siendo un factor adicional que, en un contexto de superposición de derechos, nos ayudan a entender la elevada conflictividad social que existe en el sector hidrocarburos. Del universo de 51 contratos vigentes al 2013, 30 contratos en exploración se encontraban suspendidos por razones de fuerza mayor; 18, por la obtención de permisos; 7, por razones sociales; y 5, por otras causas. Asimismo hay 3 lotes en explotación con algunas actividades suspendidas por razones de fuerza mayor; 2, por razones sociales; y 1, por obtención de permisos, precisamente el lote 88.

Estos datos confirman la necesidad de reestructurar la gestión social y ambiental de los hidrocarburos desde el proceso de promoción de lotes, así como de establecer un adecuado desarrollo del marco legal ambiental a través de OEFA y Senace. Estos deben garantizar la existencia de indicadores de desempeño que ayuden a prevenir la deslegitimación de la gestión pública de los hidrocarburos por su ineficacia para prevenir, gestionar y transformar los conflictos que afectan al 50% de los lotes otorgados por el sector.