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"Los alumnos viven inmersos en un mundo digital y los recibimos con separatas y fotocopias"

El 2 de junio del 2011, semanas antes del término del gobierno del presidente García, el Congreso promulgó la Ley 29694, Ley que Protege a los Consumidores de las Prácticas Abusivas en la Selección y Adquisición de Textos Escolares, con el propósito de salvaguardar a los padres de familia de posibles malos manejos por parte de las editoriales y los centros educativos. Sin embargo, ante recientes investigaciones periodísticas que dieron cuenta de que la sobrevaluación de los textos escolares sigue siendo una práctica corriente, la Comisión Permanente del Congreso aprobó una modificación a la norma que prohíbe que los centros educativos exijan la compra de textos escolares nuevos o de un solo uso.

  • Texto:
    Luis Yáñez
  • Fotografía:
    Mario Lack

Los ex ministros de Educación tienen posiciones encontradas sobre esta norma: algunos la alaban y otros la consideran letra muerta porque no se podría aplicar en este año escolar. ¿Qué opinión le merece la modificación aprobada a la Ley 29694?
Me parece que el Congreso, especialmente Jaime Delgado, está haciendo un esfuerzo titánico y se está estableciendo un mínimo de control. Lo que lamento muchísimo es que el Ministerio de Educación (MINEDU) haya sido un convidado de piedra, no ha cumplido su papel. Debió salir a los medios para alertar a los padres de familia, pero al parecer se encuentra muy al margen de este proceso.

La ley está orientada a controlar –al menos en alguna medida- las malas prácticas relacionadas con la venta de libros por parte de las editoriales, a los directores de los colegios, a las instituciones educativas e incluso a los propios docentes. Es imposible imaginar la cantidad de mecanismos que usan las editoriales para colocar sus libros.

Una salida más elegante –incluso “pedagógica”- es incluir en el libro una “prueba de entrada”, que permita verificar qué aprendizajes tiene el niño al inicio del año. Se desglosan las hojas, se aplica la prueba, se califica y luego el profesor las reúne en un sobre y las entrega a la editorial. A mayor cantidad de pruebas, mayor será su comisión. Ese tipo de prácticas corruptas –porque no se les puede llamar de otra forma- existen en los centros educativos; yo las he visto.

Pero a partir de este decreto legislativo, abiertamente se admite que la educación puede tener fines de lucro. El D.L. 882 propicia la inversión privada en este sector, da exoneraciones tributarias para la adquisición de equipos, da créditos, etc. Señala que las instituciones educativas pueden adoptar cualquier forma de organización, inclusive la de sociedades anónimas. Es decir, el proceso formativo de las personas pasa legalmente a ser un negocio. Eso es lo que está en el fondo de este panorama y hay que revisarlo.

Algunos pretenden desprestigiar la calidad de los textos que imprime y distribuye el MINEDU, dicen que son obsoletos, que no sirven. Ante estas críticas, al momento de realizar los concursos de textos escolares se pueden aplicar dos procedimientos: o bien se convoca a un concurso de autores (profesores universitarios con experiencia en pedagogía), que presentan sus textos ante un jurado imparcial, y luego se decide dónde imprimirlos; o bien se hace un concurso entre editoriales (que ya cuentan con autores y material adelantado). Cualquiera de las dos opciones es buena, siempre y cuando el concurso se haga con transparencia.

También hay que considerar que, por razones pedagógicas, el mismo texto escolar no podría aplicarse en todo el país. Hay que dotar a los gobiernos regionales de las capacidades suficientes para que se produzca material educativo de acuerdo con las características culturales de cada región.

Algunos han criticado el papel de los padres de familia. Ellos no van a decidir cuál es el libro pedagógicamente más apropiado –para eso están los profesores y los especialistas-, pero me parece bien que participen en el proceso de compras. Su presencia será fiscalizadora, y como tienen que velar por sus intereses, buscarán que el proceso sea lo más transparente y lo menos gravoso para ellos.

Creo que –sobre todo para el nivel secundario- el alumno debe tener su texto escolar y además, un cuaderno de trabajo, donde realice las actividades prescritas en el libro. No tiene que ser full color (con una impresión a dos colores se hacen maravillas) y es infinitamente más barato que el texto. De esta manera, el texto va formando parte de una biblioteca del aula y podrá ser empleado por otros alumnos en los años siguientes, siempre y cuando no hubiera cambios enormes en la vigencia del currículo ni en el conocimiento.

Los alumnos ya no dependen de un solo texto; consiguen información confiable en otras fuentes, en los CD, en internet, etc. Incluso el alumno puede estar más preparado y cuestionar la información del profesor. ¡Los alumnos viven inmersos en un mundo digital y los recibimos con separatas y fotocopias! Poco a poco, los maestros están aprendiendo a usar las TIC en la educación básica. Hay que estar a tono.

El Perfil

Nombre: Alberto Patiño

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